Por Luis Ovalle
El diputado independiente Aldo Dávila acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, al presidente Alejandro Giammattei, y al extitular del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, así como al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y a Felipe Amado Aguilar, ministro de Cultura, de ser quienes dirigen ataque sistemáticos en su contra.
En conferencia de prensa, realizada este jueves, Dávila hizo alusión al hecho de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya dado trámite a un antejuicio en su contra, supuestamente por haber agredido a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
#AHORA | La CSJ dio trámite a un tercer antejuicio contra el diputado Aldo Dávila, que fue presentado por el Ministerio Público, por la denuncia de un agente de la PNC, debido a una supuesta agresión del legislar. La Corte resolvió por mayoría. #Urgente pic.twitter.com/3CsKbe9K4q
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 10, 2021
“Es evidente lo incómodo que soy para el pacto de corruptos y la alianza criminal”, dijo el parlamentario, al señalar que hay casos de diputados vinculados a hechos de corrupción, en los que se han declarado in limine.
A decir de Dávila, es evidente que les molesta su fiscalización, mediación y legislación, por eso pretenden sacarlo del camino. Recordó que el pasado 19 de abril fue objeto de un ataque armado y dos días después fue presentada una solicitud de retiro de su derecho de antejuicio. Posteriormente, luego de que el 12 de octubre participara junto a un grupo de ciudadanos frente al Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general, nuevamente, dos días después salen dos nuevos casos en su contra, agregó el legislador.
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De igual manera ocurrió ayer, “después de que he estado trabajando y fiscalizando las acciones de Alejandro Giammattei y denunciado lo que está ocurriendo en el país”, puntualizó Dávila.
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Wendy López, asesora jurídica, consideró preocupante que se esté criminalizando al diputado Dávila. “Consideramos que las acciones por las cuales se interponen las supuestas denuncias y querellas, provienen de un argumento muy falaz y débil, en el que realmente no existe ninguna comisión de hecho ilícito”, dijo.
No solamente consideramos que las situaciones planteadas son políticas y espurias, sino que además existe un nivel de ilegalidad, no solo en el marco constitucional sino también en el penal, pues deberían agotarse y realizarse todas las acciones de igual naturaleza, en contra de quienes sí han incurrido en actos ilegítimos, dentro de la estructura política del país, anotó.
Por su parte, José Chic, otro asesor del diputado, lamentó que el papel que está jugando la Fiscalía de Delitos Administrativos, a la que al parecer se le ha encomendado la persecución de periodistas, de medios de comunicación y funcionarios de la oposición política.
En esta fiscalía se concentran alrededor de diez solicitudes de retiro de antejuicio al diputado Aldo Dávila, de las cuales, aunque algunas han sido rechazadas in limine, la mayoría han sido trasladadas a la Corte Suprema de Justicia, que también es cuestionable, por la lentitud para dar trámite a las solicitudes de antejuicio en contra de la fiscal general y que finalmente rechazan, pero son muy ágiles para resolver en contra del diputado Dávila.
Chic hizo énfasis en que todas las solicitudes de antejuicio en contra del parlamentario, responden a denuncias espurias e ilegítimas provenientes de instituciones del organismo Ejecutivo, con lo que claramente se evidencia la intención de limitar la función fiscalizadora y de intermediación, que realiza el parlamentario.
El diputado Dávila dijo que no le teme a la muerte “es mi pan de cada día”. Hemos visto como han debilitado el esquema de seguridad que tenía y ahora obligan a los agentes a andar uniformados, con lo que no solo lo ponen en riego a él, sino también a ellos, indicó.
Dávila reiteró que se enfrenta a una persecución política. Es claro que se debe a los casos que en este momento estoy llevando y que son mediáticos, como el de El Estor y otros, a nivel nacional, concluyó.
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