La deportación de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos se ha incrementado en 2022, alcanzando cifras que se registraban antes de la pandemia, según muestran estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
A pesar de los riesgos que implica migrar, miles de guatemaltecas y guatemaltecos intentan realizarlo cada año, gastan miles de quetzales y por lo general sacrifican su patrimonio para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, muchos no alcanzan ese sueño y son deportados.
Por Regina Pérez y Francisco Simón
Migrar hacia el norte esconde vivencias que solo los propios migrantes pueden contar. Los relatos de María y Miguel, dos huehuetecos de origen maya, describen no solo las causas que les obligaron a salir, sino los riesgos que enfrentaron durante el recorrido en México hacia Estados Unidos, además de los engaños y deudas que sumaron cuando fueron deportados a Guatemala. Emprender ese viaje implica tres caminos. El primero, se traduce en éxito cuando logran llegar al destino; el segundo, es el más dramático y hace alusión a deudas, pérdida de bienes hipotecadas o incluso regresar sin vida al lugar de origen tras ese intento. Pero se suma un tercer factor, la disyuntiva a la que se enfrentan las personas deportadas: intentarlo de nuevo frente a los riesgos ya conocidos o reintegrarse a la comunidad en las mismas condiciones precarias.
La deportación de personas migrantes guatemaltecas por Estados Unidos ha sido constante durante 2022. Según cifras de las autoridades migratorias guatemaltecas, del 1 de enero al 22 de julio, las autoridades estadounidenses deportaron a 26 mil 509 personas, superando las 21 mil 057, que se registraron en 2021, igualando las cifras previo al inicio de la pandemia de la COVID-19.
Este incremento se debe a dos razones principalmente. La primera, es la aplicación del Título 42 por parte de EE.UU., una medida que fue impuesta por la administración de Donald Trump y, que ahora continúa con la administración de Joe Biden; y, en segundo lugar, porque los vuelos en los que eran transportados y que fueron suspendidos durante la pandemia, se reanudaron.
El Título 42, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es una orden emitida en 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por la pandemia de la COVID-19, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas sin visas ya sean migrantes o solicitantes de asilo.
Bajo este título, las personas que traten de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre, son devueltas de inmediato por la frontera del país donde ingresaron, que sería México y si no es posible, a sus países de origen.
Prensa Comunitaria conversó con dos migrantes de origen maya que fueron deportados en los meses de junio y julio de este año, mientras intentaban llegar a Estados Unidos; son originarios de los municipios de San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas, del departamento de Huehuetenango, que se ubica en la frontera norte con México.
Ellos narraron las motivaciones para emprender un viaje riesgoso, tras el cual perdieron todos sus ahorros y ahora viven con la incertidumbre de qué hacer al ser retornados a Guatemala.
María Santizo Pérez* es una mujer maya Chuj, de 34 años, que este año, emprendió el viaje a Estados Unidos sin una visa. La decisión, dijo, la tomó debido a la violencia de la que fue víctima por parte de su exesposo y las condiciones de pobreza en las que vivía en Bulej, una de las aldeas de San Mateo Ixtatán.
En su idioma materno, María relató cómo fue el viaje a EE.UU. que les costó una deuda de 50 mil quetzales. Ella salió de su aldea el 10 de junio y asegura que el “coyote”, -un traficante de personas migrantes- que la llevó, le mintió, indicándole que el viaje solo duraría cuatro días.
“Yo iba con una hija de 7 años, sufrimos mucho, pasamos hambre y varios días encerrados en una bodega en San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas) sin poder salir, porque teníamos que esperar a 60 personas para ir en el autobús”, contó.
María narró que fueron encerradas durante seis días, hasta que las sacaron para continuar el viaje, el 17 de junio, con dirección a la ciudad de México y luego a la frontera de Ciudad Acuña, ubicada en el estado mexicano de Coahuila, a la que llegaron el 27 de junio. Esta ciudad fronteriza se ha convertido en un paso de personas de nacionalidad venezolana, nicaragüense y cubana, a quienes se le permite el paso hacia Estados Unidos, que han migrado de países con gobiernos señalados de autoritarios, al contrario de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes deportan casi de inmediato.
Para realizar el viaje, lo hicieron en el furgón de un camión sin aire acondicionado y con poco espacio, porque eran 65 personas. Luego las dejaron en un hotel, a ella y a su hija, donde había seis madres con sus hijos. Al día siguiente, los coyotes las despertaron e iniciaron el viaje con dirección al río Bravo en dos taxis. Al llegar, el traficante les dijo: “aquí van a cruzar”. Había frío y el agua era profunda, recordó.
Su hija y otros niños lloraban, las señoras solo rezaban. Se agarraron de las manos y se fueron en surco. Al dejarlas a la orilla del río, del lado estadounidense, según los coyotes, habían cumplido con el ofrecimiento.
El grupo de migrantes esperó que las autoridades migratorias de EE.UU. llegaran. Se asomaron dos carros y varios agentes de la Patrulla Fronteriza. Ellas tenían miedo. Una de las señoras estuvo a punto de ahogarse en el río.
Las llevaron a un puente donde las examinaron y les tomaron pruebas de COVID-19. Después fueron llevadas a una casa, sin decirles una sola palabra.
María y su hija fueron llevadas, por las autoridades migratorias, a la ciudad Del Río, en Texas, allí les dieron ropa y comida. En ese lugar fue entrevistada por una trabajadora social que le preguntó las razones que la llevaron a realizar el viaje.
“Yo dije que era de Guatemala y por la pobreza me fui a luchar por mis hijos, porque tengo otros dos más acá”, respondió. Uno de 14 y otro de 10 años, se quedaron en Guatemala.
La trabajadora social preguntaba cómo habían llegado y si tenía familiares en Estados Unidos. María respondió que tenía un hermano y un tío, pensando que las enviarían con ellos.
En la tarde, llegó otro agente migratorio, con una voz fuerte, que le pidió que firmara un papel. “Me dice: ‘firme aquí señora y mañana se va’. Pero no me dijo a dónde, yo firmé y solo se reía de mí, en ese momento pensé: ‘Tal vez me voy con mi hermano y fue todo lo contrario’, recordó.
El 30 de junio, ella y su hija fueron deportadas a Guatemala. Ambas lloraban. Ella dijo que los agentes migratorios no les permitieron realizar una llamada, para hablar con sus familiares en Estados Unidos y tampoco con su familia en Bulej.
Antes de subir al avión, recordó, llegó el cónsul guatemalteco para verificar que los migrantes eran de Guatemala. Al abordarlo, las encadenaron. “Para ellos no somos personas, somos criminales”, señaló María.
Deportaciones de EE.UU. se incrementan tras una baja en la pandemia
La mujer maya Chuj es una de las 26 mil 509 migrantes deportadas desde Estados Unidos en lo que va del año, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Esta cifra ya supera las 17 mil 806, en 2021.
Para el abogado y consultor en temas migratorios, Pedro Pablo Solares, las cifras se pueden analizar como un regreso a la normalidad. No es que el año 2022 haya incrementado extraordinariamente la tendencia que había, sino que, con la pandemia y algunas políticas, las deportaciones disminuyeron drásticamente con la tendencia que venía desde hace diez años, dijo Solares.
Con la pandemia se suspendieron los vuelos y se instaló la orden Título 42 que, en lugar de regresar a las personas a Guatemala los regresaban a México, señaló Solares. Eso causó una interrupción del flujo normal de deportaciones, que oscilaba entre 35 mil a 54 mil personas.
Según los registros de la OIM, 2018 y 2019 fueron los años con más deportaciones, con 52,376 y 54,599, respectivamente. En 2020, con la pandemia de la COVID-19, se redujeron a 21,079 retornos a Guatemala.
Sin embargo, estas deportaciones no son solo números. En el caso de María, ella tuvo que regresar a Guatemala donde sufrió violencia por parte de su exesposo, quien había ido a Estados Unidos y mientras estuvo allá le envió remesas y construyeron una casa. Ella contó que aguantó la relación por sus tres hijos, de 14, 10 y 7 años. Sin embargo, cuando él regresó, bebía mucho y le pegaba, entonces se vio obligada a regresar a vivir a la casa de sus padres.
“Mis padres me dijeron, ‘sepárate, ya no aguantas más. Ven con nosotros, aunque solo frijoles y tortillas, pero vamos a comer’”, recordó. Ella nunca denunció la violencia que sufrió, por miedo y por no hablar bien el español. Además, dijo que desconocía el proceso para hacer la denuncia. “Entonces, él se aprovechó de mí”, indicó.
En 2016 se separaron y María se fue a vivir a la casa de sus padres, pero con el tiempo comenzó a preocuparse por los gastos de sus hijos, así que habló con su papá, para contarle sobre su intención de irse a Estados Unidos. “Él dijo que sí, pero mi madre no, ella lloraba, ‘no hija, es muy peligroso, te puede pasar algo’”, le decía.
Ella insistió. El plan era salir en mayo. Sus hijos no querían que ella se fuera y eso fue muy duro, pero les dijo que era por su bien y tenía que costear sus estudios. Sin embargo, ese sueño no se cumplió.
Antes del viaje, buscó un “coyote” en San Pedro Soloma, que le cobró 50 mil quetzales, de esa cantidad pagó la mitad en Guatemala y la otra cuando llegó a Ciudad Acuña, en México. En su aldea dice que no hay trabajo ni comida. La tierra ya no da para sembrar frijoles, ayote y maíz. “Se necesita abono y es muy caro, ahora está como a 500 quetzales el quintal”, refirió.
En 2022, varios productos de la canasta básica incrementaron su precio en Guatemala, debido a la inflación registrada por efectos de la guerra de Ucrania y Rusia. Algunos de esos productos, como el maíz y fertilizante han duplicado y triplicado su precio. Huehuetenango y Quiché, dos de los departamentos con mayor migración y pobreza, son los que experimentaron mayor aumento de precios en junio pasado.
“Invertí 115 mil para lograr ese sueño a Estados Unidos”
Miguel Lucas Juan* es maya Q’anjob’al, de 32 años, originario de la aldea Xoxlaq, de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango. Él viajó a Estados Unidos este año e incluso llegó al país del norte, pero las autoridades migratorias lo detuvieron.
“Aquí estamos abandonados por el gobierno de Guatemala y nos sentimos más mexicanos”, dijo Miguel. Su aldea se ubica a pocos kilómetros de la frontera con México, pero no es una garantía para ser prósperos, al contrario, están marginados porque deben enfrentarse a la ausencia del Estado y la única opción que encuentran es migrar.
Miguel no aparenta la edad que tiene, parece tener 18 años. Sus manos, su azadón, el sombrero de petate y sus botas de hule describen su condición.
El 17 de julio fue deportado por las autoridades migratorias estadounidenses. “Lo que hice fue agarrar mi azadón y machete para labrar la tierra, ver el cultivo de café y cardamomo para olvidarme de esa desgracia”, dice Miguel con una voz entrecortada. No quiere contarle a nadie la pena que carga, los únicos que saben es su familia y un amigo.
“Invertí 115 mil quetzales para lograr el sueño de llegar a Estados Unidos, parte de ese dinero era mi ahorro del cultivo de cardamomo. Gracias a Dios, en 2020, ayudó un poco el precio que llegó a costar 12 quetzales la libra; en 2021 fue una pérdida, aunque el cultivo ayudó, pero el precio no”, contó.
La cifra de la que habla puede parecer exagerada, sin embargo, es el promedio que pagan algunos migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. Según un reciente estudio de la Asociación Pop Noj, una organización que trabaja el tema de migración en Huehuetenango, las tarifas que los coyotes suelen cobrar por el viaje se han duplicado de un promedio de 5,200 a 7,800 dólares, en 2016, a 10,400 a 15,600 dólares, en 2019.
Andrés Toribio, quien dirige la Casa del Migrante Belén, en El Ceibo, Petén, donde el año pasado fueron enviados miles de migrantes deportados de México y EE.UU., bajo el Título 42, señaló que muchas personas han tenido que vender su patrimonio para pagar a los coyotes, para que los guíen en el camino en distintas modalidades de transporte.
El costo para viajar a EE.UU., según testimonios de migrantes que hablaron con Toribio, puede alcanzar los 120 mil quetzales. Ahora ya no es como antes, que cobraban 60 o 70 mil quetzales y con eso garantizaban llegar al territorio estadounidense, pagar las cifras actuales es una estafa, porque los van a engañar, señaló.
Esa realidad, es una de las razones por las cuales los migrantes optan por pagar altas cantidades de dinero. Según Toribio, algunos les comentan que vendieron su único patrimonio y ahora que son deportados, no tienen a dónde regresar. “Entran a ese espacio de desesperación y frustración, porque saben que no se logró el objetivo y tuvieron que deshacerse de sus bienes”, indicó.
En el caso de Miguel no quería pasar por una pérdida más en el precio del cardamomo así que decidió migrar. Con apoyo de su cuñado, quien le prestó 50,000 quetzales, emprendió el viaje. Prestó papeles mexicanos y contrató el servicio de un coyote en Chiapas. En seis días llegó a la frontera de Nogales, Sonora.
Él viajó en un autobús de clase y el guía iba pagando a las autoridades migratorias por los “pollos que llevaba”. “Pollo”, dijo Miguel, para referirse a los migrantes que iban en el autobús, además de él, viajaban ocho personas más, cinco de Guatemala y tres de Honduras.
Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. “Crucé México sin problemas y, el desierto en dos noches, todo fue fácil. Logré llegar a la -Levantona- que le llaman, allí llegó un carro por nosotros, éramos ocho personas y cruzamos sin problema. Después nos llevaron a una bodega, estuvimos dos días allí. Fui el último en salir de esa bodega, porque el dinero para pagar al coyote llegó tarde”, contó.
El migrante se dirigía a Mississippi y apenas llevaba dos horas de haber salido cuando aparecieron agentes migratorios. “Pinche suerte dije yo, lo lamenté tanto, tanto, porque ya había pagado todo, ya no dije nada, sentí un tinaco de agua en mi cabeza”, indicó en Q’anjob’al.
Las autoridades lo llevaron a un centro de deportación donde lo ingresaron a un cuarto helado, ahí todo era frío y no les daban comida. Posteriormente fue trasladado a una cárcel donde pasó dos noches. Al igual que María, le hicieron firmar papeles tras lo cual esperó su turno para ser deportado. A él si le permitieron llamar a su esposa, a quien le contó lo que había ocurrido.
Ahora que retornó al país, dice que siente pena porque perdió su ahorro y además tiene una deuda. “Yo le pregunté al coyote si me daba una segunda oportunidad y me dijo que no, porque ya lo habían agarrado en Estados Unidos y no aplicaba”, explicó.
Miguel tomó la decisión de migrar porque tenía cuatro hijos que mantener y ganaba 50 quetzales la jornada. Además, no tiene estudios, porque no pudo continuar una carrera, viajar a un municipio le suponía pagar la renta, el costo de su educación, comida y otros gastos.
“Entonces, para no morir de hambre uno va al norte, pero la suerte es pérdida. Aquí estoy bien porque yo trabajo, pero el costo de los cultivos no vale nada. Y para sacarlo y venderlo en Barillas no ayuda, el camino está mal, nosotros en la comunidad hemos construido nuestro propio camino, pero en tiempos de lluvia no ayuda”, relató Miguel.
Un viaje lleno de riesgos
El viaje migratorio hacia Estados Unidos está lleno de riesgos. A finales de junio pasado, 53 migrantes, 21 de ellos de origen guatemalteco, murieron tras asfixiarse en un tráiler abandonado en San Antonio, cuando intentaban llegar a ese país. Dos de estos migrantes eran menores no acompañados, de 14 y 15 años, respectivamente.
Los adolescentes salieron de su comunidad de Tzucubal, en Nahualá, Sololá, por la falta de empleo para la juventud, según familiares.
Al igual que los menores, dos mujeres jóvenes mayas del municipio de Comitancillo, San Marcos perdieron la vida, dejaron dolor y deudas económicas a sus familiares, porque hipotecaron sus viviendas.
Entre otros hechos registrados, el pasado 24 de julio, 225 personas migrantes fueron rescatadas en una bodega en Jilotepec, en el estado de México. De este número, 194 eran guatemaltecas. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas permanecían hacinadas, a la espera de ser trasladadas por los llamados “polleros” hacia el norte del país.
Para Solares, no existe una forma de medir la migración a EE.UU. cada año, porque es una actividad clandestina, pero “las capturas en la frontera son una referencia, porque mientras más personas pasan más van a ser capturadas”.
El consultor indicó que también depende de la modalidad que eligen las personas, porque muchas veces las capturas en la frontera no son actos de sorpresa de la ley, sino que en muchos casos los migrantes se entregan a las autoridades migratorias o a la fuerza policial fronteriza.
En opinión de Solares, las capturas en la frontera y las deportaciones, pueden ser un parámetro para medir el volumen de la migración por los años, pero la pandemia vino a constituir un quiebre a esos indicadores, porque entraron factores extraordinarios, como la suspensión de los viajes y la instalación del Título 42 que vinieron a quitarnos esa forma de medición que había.
¿Regresar o no regresar?
María y Miguel son originarios de Huehuetenango. Sus municipios se encuentran entre los 40 a nivel nacional con más deportaciones, según datos de la OIM hasta mayo de este año. El caso de Santa Cruz Barillas se ubicó en la posición número 13 con 433 personas deportadas y San Mateo Ixtatán en la posición 37 con 243.
De acuerdo al estudio de la Asociación Pop Noj: “Migración de Huehuetenango en el Altiplano Occidental de Guatemala”, la falta de oportunidades para salir adelante en sus comunidades, la atracción de las remesas y la existencia de fuertes redes sociales que facilitan la migración, seguirán ejerciendo una fuerte influencia en los deseos y decisiones de migrar de la población huehueteca.
Miguel, el agricultor de Xoxlaq, todavía piensa intentar el viaje, a pesar de la mala experiencia, porque donde vive no existen opciones para tener una vida digna. “Cómo voy a pagar la deuda que adquirí si apenas conseguimos para nuestros alimentos”, se preguntó.
En tanto María, de la aldea Bulej, dice que no volvería a intentarlo, por su condición de mujer, porque sufrió acoso sexual durante el viaje.
“Ya no pienso viajar por los malos tratos, los niños lloran, sufrimos y los coyotes solo engañan. En el viaje, te acosan. Un señor, cuando ya estaba en San Cristóbal, era muy malcriado, María, me dijo, y mostraba su cosa esa. Acosaba mucho y me dio pena. Pensar en eso ahora ya no”. (Te chuk, ‘todo mal’, dijo en español).
*Los apellidos de los migrantes son ficticios para su proteger su identidad.
