Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, solo en mayo de este año se registró la detención de 44 mil migrantes en situación irregular, en la frontera de San Antonio, cerca del lugar donde se registró la tragedia.
Por Francisco Simón Francisco
La tarde de este lunes, la Policía de San Antonio, Texas encontró en una región boscosa al sureste de la ciudad, un tráiler abandonado, en el que había decenas de migrantes asfixiados, heridos y fallecidos. El jefe policial de ese lugar dijo en conferencia de prensa que encontraron a 46 personas fallecidas, mientras que 16 fueron trasladadas a varios centros hospitalarios para ser atendidas; de este último grupo, cuatro eran menores de edad.
Sin embargo, este martes 28 de junio, la cifra de fallecidos aumentó a 50. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que, del total de las personas fallecidas, 22 eran de nacionalidad mexicana, siete guatemaltecas, dos hondureñas; mientras la identificación de 19 más está por confirmarse, dijo en su habitual conferencia matutina.
El mandatario mexicano señaló que la causa de muerte de las 50 personas fue por asfixia y lamentó este hecho como una “tremenda desgracia”. Respecto a las causas de la migración hacia el norte, como principal destino de los migrantes, López Obrador reconoció que tiene ver “con la situación de pobreza y desesperación de los hermanos centroamericanos”. También, agregó que esta realidad está asociada al tráfico ilícito de personas, ante la falta de controles en la frontera de México con Estados Unidos.
Mientras, por el lado de Guatemala, las autoridades de migración y del gobierno se han pronunciado con pocas acciones para atender a las víctimas de la tragedia. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en un comunicado, indicó que presentará ante el Consejo de Atención y Protección de la autoridad migratoria una hoja de ruta, que brinde atención integral a las personas y familiares que resultaron afectadas.
El presidente Alejandro Giammattei se pronunció en redes sociales, y atribuyó el hecho al tráfico de migrantes: “es imperativo que se encuentren mecanismos para el endurecimiento de penas y que el coyotaje sea un delito con fines de extradición”, escribió.
El coyotaje es una forma ilícita de facilitar la entrada irregular de una persona en un Estado. Esta actividad, en Guatemala está tipificada como un delito, con una pena de 10 a 30 años de prisión inconmutables, más una multa de 100 a 200 mil quetzales. Pero cabe destacar, que no es la causa que motiva a las personas salir de sus comunidades de origen, en donde no tienen oportunidades de salud, trabajo y educación. Además de vivir en un Estado débil con precarios ingresos fiscales y la creciente corrupción.
El hecho que marcó la tragedia
De acuerdo a la cadena de noticias de Univisión, en una entrevista el jefe de la policía de San Antonio, William McManus contó que, cuando faltaban 10 minutos para las 6 de la tarde (hora de Estados Unidos) recibieron la primera llamada de auxilio.
“Vino de parte de un trabajador de un edificio en el sector que escuchó gritos, pidiendo ayuda. Se movilizó a ver qué pasaba y encontró el camión con las puertas entreabiertas”, relató McManus.
Cuando esa persona, cuya identidad quedó protegida, abrió por completo las puertas del tráiler, encontró los cuerpos de los migrantes y algunos en estado de gravedad, por lo que llamó a las autoridades, agregó.
Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó en su cuenta de Twitter la detención de tres personas, por parte de las autoridades de Estados Unidos, pero no aclaró si están vinculadas con el fallecimiento de las personas migrantes.
Otros medios internacionales aseguran que, tanto Ebrard de México, como un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, indicaron que este caso podría estar relacionado con el tráfico de personas, puesto que el tráiler contaba con placas estadounidenses, supuestamente para circular sin revisión estatal.
Fracaso de políticas y reacciones contra la gestión de Biden.
Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, solo en mayo de este año se registró la detención de 44 mil migrantes en situación irregular, en la frontera de San Antonio, cerca del lugar donde se registró la tragedia.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), describe a este grupo como aquellas personas que se desplazan o se han desplazado a través de una frontera internacional y no han sido autorizadas a ingresar o permanecer en un determinado Estado.
No obstante, las críticas por lo ocurrido se centraron en contra de la gestión del presidente Joe Biden, ante el fracaso de sus políticas para frenar la crisis de movilidad humana en sus fronteras con México.
El republicano y actual gobernador del estado de Texas, Greg Abott, responsabilizó al presidente y dijo que “al menos 42 personas halladas muertas dentro de un camión que transportaba migrantes en Texas son responsabilidad de Biden. Son el resultado de sus políticas letales de fronteras abiertas y muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”, escribió en su cuenta de Twitter.
“La fragilidad de los sistemas democráticos, son factores estructurales que condicionan de manera significativa cualquier inversión de Estados Unidos, destinada a resolver los problemas estructurales que propician la migración forzada irregular en Centroamérica”, dijo Iván Aguilar, Gerente Humanitario de Oxfam en Centroamérica.
El Gerente de Oxfam describe que la disfuncionalidad actual que existe en la institucionalidad pública de Centroamérica, son las cifras de la población centroamericana que requiere ayuda alimentaria. “En 2018, 2 millones de personas requerían asistencia alimentaria en los cuatro países, en tanto que para 2022 esta cifra supera los 8 millones de personas, es decir se ha cuadruplicado. Este incremento no solo habla de las múltiples crisis que afectan de manera frecuente y severa a Centroamérica (sequías, huracanes, etc.) sino también, de la incapacidad o interés de los gobiernos para invertir de manera adecuada para mitigar el impacto de estas”, remarcó.
En ese sentido, recomendó a las autoridades del gobierno estadounidense hacer su mayor esfuerzo significativo para apoyar, primero, a la sociedad civil centroamericana para conseguir los cambios estructurales que permitan un ambiente institucional y democrático, que facilite sanear las instituciones públicas, favorecer la separación e independencia de los poderes estatales, y con ello, crear condiciones para que las inversiones de la cooperación, pero sobre todo, los presupuestos estatales de los propios países, les permitan superar las brechas de acceso a servicios y oportunidades de desarrollo.
