Por Regina Pérez
La pandemia del COVID-19, que hasta la fecha ha dejado 19 940 muertes en el país, afectó a todos los sectores de la población guatemalteca. En la niñez y adolescencia se observó un retraso educativo y deserción escolar, así como la falta de una atención priorizada en la salud por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, según organizaciones que velan por los derechos de este sector de la población.
En octubre de 2021, la Asociación Coincidir, el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI) y la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI) presentaron ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana una denuncia por la vulneración al derecho a la salud de niñas y niños hospitalizados por COVID-19.
De acuerdo con Saúl Interiano, de la Asociación Coincidir, durante la visita a los hospitales, el San Juan de Dios, Roosevelt y el Hospital en el Parque de la Industria, constataron que donde se atendían a pacientes con Covid-19, las condiciones en que la niñez y adolescencia fueron atendidas tenían serias deficiencias.
Con la denuncia buscaban que el Estado diera al personal de salud los recursos necesarios para la niñez y adolescencia. Los padres de familia tuvieron que gastar en medicina, no había equipo adecuado y el personal de salud era insuficiente para atenderlos, estaba agotadísimo, indicó.
Recientemente, el Juzgado dictó una sentencia que confirma que sí hubo vulneración al derecho a la salud de la niñez, afirmaron las organizaciones.
La salud mental de niñas y niños también fue afectada, según líderes de Chimaltenango y Jalapa, quienes observaron varios cambios en la conducta como timidez, estrés, miedo, tristeza, desestabilidad emocional, actitudes agresivas y de inseguridad.
La COVID-19 y los efectos perniciosos en la salud mental de la niñez
Sin embargo, este abandono no solo se registró en el área de la salud, también en la educación y la protección de la niñez, un incumplimiento que las organizaciones citadas mostraron en un informe presentado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que evaluará a Guatemala en 2023 sobre este y otros temas en el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo que interpela a los Estados para que expongan las acciones que han tomado para garantizar los derechos humanos.
En el tema educativo, según líderes consultados por las tres entidades, hubo un retraso en el aprendizaje de niñas y niños, en áreas como lectoescritura, ortografía y relacionamiento con sus pares. En agosto de 2022, por medio de una resolución, la Procuraduría de Derechos Humanos señaló a la actual ministra de Educación, Claudia Ruiz, de violar el derecho a la educación.
Señalan a ministra Claudia Ruiz por violar el derecho a la educación en tiempos de COVID-19
Este retraso en la educación también ha sido abordado en otros informes que dan cuenta, que el retraso escolar en promedio por la pandemia es de un año.
La migración de niñas y niños no acompañados (NNA) hacia Estados Unidos no cesó durante la pandemia, aunque las deportaciones de niñas, niños y adolescentes no son tan altas como en años anteriores a la pandemia. Por ejemplo, en 2019 hubo 2934 retornos de niñez no acompañada y en 2020 fueron 1762. En 2021 esa cifra bajó a 96 retornos.
Myrella Saadeh, de PAMI, informó que no existen cifras certeras de la niñez y adolescencia que migra, solo de las detenciones en EE.UU. y México. Sin embargo, destacó que muchos regresan nuevamente a Estados Unidos. “No sabemos cuántos se van, sabemos cuánto se quedaron en EE.UU. en la Patrulla Fronteriza y en México”, agregó.
Saadeh dijo que más que las cifras, lo importante es ponerle atención a cómo las instituciones del Estado atienden a este sector cuando los retornan al país y lograr que no se vuelvan a ir. “Muchos jóvenes se están yendo de Guatemala, hay una fuga de cerebros, desde niños a adolescentes…aquí no encuentran un presente ni un futuro”, manifestó.
Miguel López, director de CONAMCI, señaló que en el informe que enviaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, evidenciaron que la niñez nunca fue prioridad para el Estado, ni en el tema de vacunación y mucho menos en la atención en salud.
Según los datos más recientes de la vacunación del Ministerio de Salud, solo el 17.95 por ciento de niñas y niños guatemaltecos entre las edades de 6 a 11 años han recibido el esquema completo de vacunación, de dos dosis y un 40.44 % por ciento de adolescentes, entre los 12 a 17 años.
El regreso a clases aún en tiempos de pandemia, un desafío en las áreas rurales del país
A inicios de 2023, Guatemala será interpelada en el marco del 4º ciclo del Examen Periódico Universal, en diversos temas relacionados a los derechos humanos, entre los cuales está el cumplimiento de los derechos de la Niñez y Adolescencia, en el contexto del COVID-19.
