La investigadora de la PADF, (Fundación Panamericana para el Desarrollo, por sus siglas en inglés) Carmen Tatiana Marroquín, explicó en una entrevista los hallazgos del informe “Ciudadanía y COVID-19 en los Países del Norte de Centroamérica, una relación disfuncional”, que elaboró junto a Carolina Quinteros, coordinadora del estudio.
Por Regina Pérez
Guatemala tiene un médico para atender a cada 100 mil habitantes y uno de cada cinco hogares no tiene acceso a salud; el 60 por ciento de familias pobres tiene deficientes servicios básicos de saneamiento, según cifras recopiladas por el informe regional de PADF “Ciudadanía y COVID-19 en los Países del Norte de Centroamérica, una relación disfuncional”, que analiza cómo los Estados, incluyendo Guatemala, cumplieron su obligación de garantizar los derechos de la población durante la pandemia, principalmente en lo relativo a salud y educación. En las condiciones antes descritas en salud, apareció la pandemia del COVID-19, en marzo de 2020, cuando el país registró su primer caso.
De acuerdo con uno de los hallazgos, las acciones durante la pandemia no estuvieron focalizadas en la protección de derechos de poblaciones vulnerables, como indígenas, la población LGBTQI, mujeres y otros, y se evidenció la carencia que existe en la institucionalidad para acercar la salud y la educación a estas poblaciones.
Prensa Comunitaria entrevistó a una de las expertas detrás de este informe, Carmen Tatiana Marroquín, quien señaló que durante la pandemia hubo un aumento de la pobreza, un retraso de al menos 1 año en el aprendizaje de las y los estudiantes, quienes fueron afectados por las desigualdades, ya que no todos pudieron tener acceso a internet, por ejemplo.
Además, se observó un aumento de la violencia contra mujeres y niñas, quienes durante el confinamiento convivieron con sus agresores, porque el Estado guatemalteco no cuenta con una institucionalidad para abordar esta desigualdad de género.
A la pandemia se llegó sin una institucionalidad y sin un esfuerzo para poder hacer frente a las necesidades de estas poblaciones, indicó. Por otro lado, pareciera que la emergencia en salud dio un aval a los Estados en el uso de los recursos públicos, sin que pudiera existir una auditoría por parte de otros organismos, como el Congreso o de la misma población, dijo.
En el sector salud, el sistema ya estaba colapsado antes de que iniciara la pandemia. Era poco probable que en tres meses, que fue cuando se desarrolló lo más fuerte de la respuesta estatal en Guatemala, se pudiera crear institucionalidad para acercar estos servicios a las poblaciones vulnerables, señaló Marroquín.
Ana Glenda Tager, citada en el estudio de PADF, señaló que en Guatemala el signo característico del manejo de la pandemia fue la ineficiencia, ya que muchos de los programas no lograron ser ejecutados de manera oportuna y la subejecución fue evidente. El gobierno despidió al Ministro de Salud y cuatro de sus viceministros por señalamientos de incapacidad para el cargo y a diciembre de 2020 se habían realizado 23 relevos de ministros y viceministros en los ministerios de las ramas de salud, agricultura y trabajo.
“Las acciones de todos los países de la región SICA (Sistema de Integración Centroamericana) fueron dispersas, descoordinadas o inexistentes”, según dicha autora. Pareciera que la opción favorita, con excepción de Costa Rica y Belice, fueron las medidas con enfoque policial y militar, indica la investigación de PADF.
A continuación la entrevista con Carmen Marroquín, investigadora de PADF quien contribuyó en este informe.
PC: La publicación analizó las políticas que los gobiernos de países del norte de Centro América implementaron para el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en el contexto de la pandemia de la Covid-19. ¿Qué hallazgos le llamaron más la atención?
CM: De las cosas que más nos llamaron la atención, primero que hay una carencia, justamente de lo que usted señala, y es que hubo una respuesta del Estado a enfrentar la pandemia, pero la visión de protección de derechos no se ve con claridad en la mayoría de las acciones.
¿Por qué podemos afirmar que no se ve con claridad? Por ejemplo, en cuanto a protección de derechos es elemental enfocarse en poblaciones más vulnerables: mujeres, población LGBTIQ, población indígena, etc. y la gran mayoría de los esfuerzos y la respuesta de los Estados no tuvieron ese énfasis. Fueron acciones generalizadas para enfrentar la pandemia pero no tuvieron ese refinamiento de visión, de protección de derechos frente a mayores vulnerabilidades.
Otra de las cosas que encontramos es que la mayoría de los esfuerzos financieros se dieron en torno a una respuesta y ayuda económica, como transferencias o incluso paquetes alimenticios, pero transferencias es algo que hemos encontrado en los tres países. El esfuerzo más importante no se encontró. En salud, por ejemplo, a pesar de ser una situación de pandemia, hubo refuerzos de cada uno de los ministerios, pero la mayoría de los esfuerzos fueron financieros y, como la investigación trasciende únicamente la pandemia y nosotros queríamos ver los esfuerzos financieros de 2015 al 2020, encontramos una gran carencia en cuanto al abordaje de política pública y la apuesta financiera en términos de pobreza.
Parece lógico que en un momento de crisis, como el que se dio y con las consecuencias de la cuarentena, se visualizó en aquello en lo que las sociedades estaban más desprotegidas. En salud y educación no hemos llegado a los niveles que quisiéramos, aunque constantemente se está apostando. Al final nos encontró muy vulnerables en el tema económico y por eso creemos que la respuesta más contundente fue la ayuda económica a la población.
PC: ¿Cómo analiza las acciones implementadas por Guatemala para prevenir los contagios y atender la salud de la población?
CM: En Guatemala lo que tratamos de analizar fue si usó el principio de máximos recursos, si ocuparon de manera eficiente esta cantidad de recursos de forma transparente y si había auditoría en estos ejercicios. Lo que encontramos es que, al menos en Guatemala, sí hay algunos esfuerzos en cuanto a transparencia, por ejemplo, portales especializados para dar seguimiento al gasto en la pandemia, también un esfuerzo del Congreso para crear alguna contraloría con referencia a lo que está haciendo el Ejecutivo y también un intento de descentralización del gasto público por parte de las localidades.
A nivel regional hay muchas carencias en términos de transparencia de los procesos. Esta situación dio paso a que muchos gobiernos solicitaran la agilización de trámites en compras, como en procesos de contratación y eso requiere todavía un refinamiento para encontrar mayores instrumentos para revisión y auditoría.
Incluso estos aspectos de vigilancia del Congreso hacia el Ejecutivo incluían remitir de forma constante estadísticas de contagio, etc., entonces había algún esfuerzo de que la institucionalidad democrática creara contraloría de los esfuerzos que estaba haciendo el Ejecutivo.
PC: La corrupción es un problema que afecta a los países del norte de Centroamérica, ¿cómo afectó el abordaje de la pandemia del Covid-19 por parte de las autoridades y cómo se vio reflejado en Guatemala?
CM: Los elementos que encontramos de un uso no debido o no eficiente de los fondos públicos proviene de investigaciones periodísticas. Sabemos que el gobierno no nos va a proporcionar…esa es una de las carencias que encontramos, que el mismo Estado no tuvo capacidad de contraloría para el Ejecutivo, en el caso de El Salvador la Corte de Cuentas -(en Guatemala su similar sería la Contraloría General de Cuentas)- esas instituciones tampoco hicieron auditoría en el uso de fondos públicos.
¿Por qué es tan importante la transparencia? Porque es necesario que a la par de la transparencia existan esfuerzos o un interés ciudadano por la contraloría, que es una gran carencia que encontramos. Al parecer la emergencia por COVID dio un aval al quehacer estatal de cualquier forma, era como salvarnos de lo que fuera a pasar, no importa la forma en que se hiciera. Y las formas son muy relevantes, porque primero permiten ese refinamiento al principio de garantía de derechos de poblaciones más vulnerables, pero también porque el uso de recursos siempre está limitado, sobre todo en los países del Triángulo Norte.
A la luz de una carencia de recursos, la eficiencia es importante para saber exactamente cómo se usaron esos fondos. Si se usaron con una visión de derechos y no una visión clientelista. Es elemental asegurar que una acción del Estado tenga visión de derechos y no simplemente una visión de gobierno de turno, aprovechando la coyuntura para lograr mantenerse en el poder.
Nos parece que todavía existen muchos espacios para fortalecer sobre todo la acción ciudadana, en cuanto a la Contraloría y a requerirle al Estado acciones en torno a la defensa de derechos y no simplemente de forma clientelar.
PC: ¿Cómo impactó la desigualdad en Guatemala en el acceso a la salud a los sectores más vulnerables durante la pandemia del Covid-19, a las vacunas y a otro tipo de tratamientos?
CM: También constatamos una gran carencia de apuestas financieras con refinamiento de poblaciones vulnerables, es decir, vimos apuestas financieras de 2015 al 2020 en educación y en salud que no tienen en su gran mayoría programas focalizados a estas poblaciones, como son las indígenas, las mujeres, niñas y niños, adultos mayores, etc.
¿Por qué es importante? Porque llegamos a la pandemia sin una institucionalidad y sin un esfuerzo que pudiera hacer frente a las necesidades de estas poblaciones. Entonces aparece la pandemia y se da la respuesta inmediata, es como tirar un gran telón encima de la generalidad, pero no logra poner al mismo nivel el acceso.
Si anteriormente no había un esfuerzo para acercar la salud a las comunidades, sobre todo a las indígenas que están en lo rural, muy difícilmente llegaría cualquier esfuerzo como las vacunas, o la información que se tuviera al principio cuando no había información de cómo controlar el COVID.
Al final, pensamos que la carencia más grande es que no hay institucionalidad, programas específicos o contundentes que acerquen la salud, la educación a estas poblaciones. Entonces cuando llegó la pandemia y agudizó esta necesidad de acceso a salud o educación, lo único que hizo fue poner en mayor desventaja a estas poblaciones. La pandemia vino a agudizar las desigualdades, tanto en términos de salud, educación y en términos económicos, profundos. Y en términos económicos, las estadísticas mostraron un aumento de la pobreza rural, etc.
PC: Según el estudio, el sistema de salud en Guatemala ya estaba colapsado antes del 2020, ¿De qué manera afectó la forma en cómo se atendió la pandemia, cuando la situación de la población rural e indígena ya era precaria y los servicios médicos se concentran en la ciudad capital?
CM: Dejó desnudos a los Estados y mostró que sus prioridades no estaban en esas poblaciones. Al no tener claras estas prioridades en términos de política pública y en término de presupuesto, era bien poco probable que en tres meses, que fue cuando se desarrolló lo más fuerte de la respuesta estatal en Guatemala, se pudiera crear institucionalidad para acercar estos servicios a las poblaciones vulnerables.
Creo que es necesario que hagamos incluso un mayor esfuerzo para preguntarle a estas poblaciones cómo vivieron esta situación, pero con la información que tenemos podemos decir que la gran mayoría de acciones que se dieron en torno a temas de salud o educación, la mayoría se limitó a programas en torno a la digitalización o conectarse a internet para el acceso a la educación.
Sabemos que poblaciones rurales, o poblaciones con carencias, difícilmente tendrían acceso a esa opción que le estaba dando el Estado. Me parece que lo que hemos evidenciado es que claramente hay una carencia de esfuerzos para acercar a estas poblaciones al acceso a derechos y acercarlas a los servicios, pero que también nos queda la tarea analizar qué tan profundo ha sido el retroceso que se ha dado justamente en esas poblaciones.
PC: ¿A raíz de la pandemia hubo un incremento de la pobreza o agravó las condiciones en Guatemala?
CM: En los tres países hubo un aumento. Eso evidencia la importancia de tener políticas públicas, porque aunque el esfuerzo más grande en términos financieros se dio en lo económico, no estaba enfocado en un programa de mediano plazo. Lo que se dijo fue: “aquí está este dinero para que aguanten esta encerrona”. Al final apeló a la sobrevivencia, pero eso no fue suficiente, ni será suficiente nunca para un problema tan estructural como es la pobreza. En los mercados laborales luego de la pandemia hubo ciertas transformaciones a las que las poblaciones más vulnerables o lejanas a lo urbano, van a tener acceso. Como el trabajo en línea. Esas modificaciones son difíciles desde una desigualdad estructural de acceso a la información, y a medios digitales, e internet, etc.
Según el artículo que cita a la CEPAL, en un escenario sin transferencias o apoyos monetarios, Guatemala presentaba niveles de pobreza extrema del 15.4 %, en 2019, que podría llegar a hasta un 23.5 en 2020. En un escenario con transferencias, la pobreza extrema llegaría a 18.7 por ciento.
Tanto Guatemala como Honduras y el Salvador realizaron transferencias monetarias a su población. En el caso guatemalteco, el gobierno entregó un bono familiar de Q1000 por tres meses que beneficiaba a 200 mil personas. Sin embargo, este solamente se entregó el primer mes y para el segundo bono se tuvo que esperar hasta agosto de 2020.
PC: ¿De qué manera afectó la pandemia del Covid-19 a las personas con mayor vulnerabilidad, niñas y mujeres y cuál fue el impacto en el tema de violencia contra la mujer?
CM: La carencia estructural de un esfuerzo estatal que evalúe que las personas no son iguales en la sociedad y que por tanto, si llueve, si hay una pandemia, si hay inflación, todo, se manifiesta en forma diferenciada en las poblaciones, eso es una gran carencia que vimos, a lo largo de los tres países, pero en Guatemala casi no se observan programas especializados, como el abordaje de las desigualdades de género. Entonces al momento de hacer un llamado al confinamiento, no se tenía una institucionalidad o una sensibilidad en casos de muchas mujeres encerradas con sus abusadores o victimarios.
Tampoco se dio una respuesta contundente frente a “bueno, vamos a encerrar estas mujeres, pero vamos a alertar a toda la institucionalidad en torno a la violencia de género” para que puedan ellas también llamar a la policía, etc.
La institucionalidad estaba llamada a responder a la pandemia, sin darnos cuenta que había otros problemas. Las estadísticas sobre los índices de femicidios muestran que hay días o temporadas en las que fueron mayores a las muertes por COVID.
Esta realidad nos da una alerta clara que nosotros advertíamos antes de la pandemia, pero ahora se constata en esta investigación. Estamos preocupados por la alerta de COVID-19 pero no nos damos cuenta que hay enfermedades que están en el núcleo de nuestra dinámica social como son la violencia de género, la pobreza y que no teníamos herramientas para enfrentarnos a ella y no hay esfuerzos para crear herramientas especializadas.
PC: ¿Por qué aseguran que las plataformas digitales con la que se impartieron clases a niñas y niños solo sirvieron para profundizar las desigualdades entre las y los estudiantes? ¿De qué manera abordó Guatemala el reto de enseñarles fuera de las aulas?
CM: Lo primero es que Guatemala, Honduras y El Salvador dieron la opción de asistencia virtual, pero en un contexto de grandes desigualdades en cuanto al acceso al Internet.
Muchas de las dificultades manifestadas se conocieron a través de las declaraciones de profesores, así como de niñas y niños. Las y los maestros se refirieron incluso al gasto para recargar internet. Todas esas cosas no fueron reconocidas en términos de política pública, en la respuesta que dieron los gobiernos.
Al final es como dar una opción sin tomar en cuenta que había muchas niñas y niños que no tenían la posibilidad de acceder a la opción virtual. ¿Qué pasó? Que muchas niñas y niños no estudiaron o tuvieron retraso. Hay una estadística que indica que el retraso es de 1 año en promedio en educación, luego de la pandemia, pero en Guatemala y El Salvador es de 1.1 un año, un poco más que el resto de la región.
Esa información puede ser un indicador, pero si pudiéramos refinar esas estadísticas en regiones rurales, o con mayores desigualdades materiales o económicas, observaríamos que se profundiza. Sí vemos que no hubo una respuesta contundente frente a poblaciones vulnerables y no pudieron desde sus posibilidades equiparar el acceso a la educación.
PC: ¿Fueron suficientes las acciones de países de la Secretaría de la Integración Centroamericana, incluyendo Guatemala, para atender la salud, la educación y erradicar la pobreza?
CM: No, en definitiva, no. Desde el principio muchas de las respuestas eran inmediatas, en total carencia de una institucionalidad de protección de derechos, es como haber estado ciego y que te cambiaran la calle a una más difícil de caminar, pero seguía en la misma condición de no poder ver.
El principio de hacer políticas públicas en función de derechos es una carencia agudizada en los tres países. Lo que nos parece muy relevante es ver el futuro, porque la pandemia nos enseñó en qué cosas tenemos debilidades, cómo vamos a enfrentar lo restante.
Uno de los problemas que vemos es el poco refinamiento en cuanto a la proyección de cuánto va a gastar el Estado en salud o educación en los próximos cinco años. Al final esto de acceder progresivamente a la garantía de derechos de la población no va a surgir de la noche a la mañana y lleva años. Pero para garantizar que estos años sí van a ser eficientes para la garantía de derechos, requiere que los Estados digan cuánto dinero van a gastar y de dónde van a sacar ese dinero, una planeación financiera. Guatemala tiene una planeación financiera de mediano y largo plazo pero es muy generalizada todavía como para concretar institucionalmente estos esfuerzos en el mediano plazo.
PC: Finalmente, ¿Qué lecciones aprendidas dejó la pandemia del Covid-19, cuando un Estado no está preparado para una emergencia de esa magnitud y una gran parte de la ciudadanía vive en condiciones de pobreza y desigualdad?
CM: Lo que esperamos que nos deje es una lección de que los Estados no pueden responder en tres meses a problemas que llevan décadas en nuestra sociedad. Que la mejor manera de prepararse para una pandemia o prepararse para la incertidumbre es comenzar de inmediato a restructurar el Estado de forma que progresivamente garantice derechos, sobre todo que a la luz de las carencias económicas que tienen la mayoría de la región, priorizando población.
Esto significa que con contundencia se deben observar políticas públicas de género, políticas públicas para resolver los problemas económicos, sociales, de poblaciones indígenas, de la población LGBTI, etc., porque es la única manera en que vamos a estar preparados y preparadas como sociedad para lo inesperado, para la incertidumbre. Me parece que esa es la gran lección, no estamos preparados y no estamos viendo esfuerzos contundentes para estar preparados.
Marroquín concluyó la entrevista diciendo que ninguno de estos problemas que investigaron pasa únicamente por la voluntad política de los Estados sino también un reclamo de la ciudadanía “y eso requiere también de la responsabilidad de la ciudadanía en torno a reclamar y conocer sus derechos”. La tarea no es solo para los gobiernos, sino también para la sociedad, puntualizó.
