La iniciativa que permitiría a la policía y al ejército, además de otras instituciones armadas, defenderse de manifestantes ha sido archivada tras el rechazo que provocó.
Por Paolina Albani
Según una fuente anónima confiable, Luis Fernando de León Muñoz, abogado del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR), asesoró al diputado Boris España en la reformulación de la iniciativa 6076, “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, cuyo objetivo era dar luz verde a que las entidades pistolizadas por el Estado, pudieran utilizar la fuerza, de manera no letal y letal, para defenderse de manifestantes o en contra de quienes se les resistieran. Esto, sin sufrir las repercusiones legales de los daños o muertes ocasionados en el desarrollo de sus funciones de seguridad. Dicha asesoría habría tenido la intención de apoyar a que la propuesta de ley se aprobara, antes de que el Congreso anunciara que la archivaría.
Luis Fernando de León Muñoz es un abogado de Derecho Internacional y ha trabajado en la Organización de Estados Americanos (OEA) por seis años. Su carrera en ese organismo inició cuando formó parte del Programa Internacional de Pasantías y participó en Misiones de Observación Electoral del organismo, como los comicios electorales de Colombia, en 2018.
Posteriormente, del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto, de 2019, trabajó en la Oficina de la Secretaría General y del 1 de septiembre al 31 de diciembre, de 2019, fue consultor para el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA.
Su rol como abogado/asesor legal de la Cruz Roja Internacional para México y Centroamérica, a tiempo completo, empezó en octubre de 2021. Aunque en su perfil de LinkedIn, señala que ha asesorado a la misión en Guatemala desde el 2012.
En este cargo, que es el más reciente que ha ocupado, ha orientado a una las figuras más cuestionadas incluidas en la Lista Engel por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalado de ser uno de los actores corruptos que tienen prohibida la entrada a ese país. Se trata de Boris Roberto España Cáceres, diputado del partido Todos y presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Guatemala.
Fuentes consultadas, entre ellas, diputados de oposición y expertos en seguridad, han reaccionado negativamente a la colaboración de la CICR en este tema y han coincidido en que les extraña la asesoría del comité, por su naturaleza humanitaria.
La iniciativa de ley que la Cruz Roja asesoró, buscaba regular el actuar de la policía, encargada de la seguridad interna, del ejército, a cargo de las amenazas externas como el crimen organizado y el narcotráfico, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), encargada de la seguridad del presidente, y los policías del Sistema Penitenciario (SP), que resguardan a personas privadas de su libertad, algunas de ellas vinculadas a las pandillas.
El 23 noviembre de 2020, en una de las protestas en contra del gobierno por aprobación del presupuesto del 2021, la policía lanzó bombas lacrimógenas para disolver a una manifestación. Dos personas perdieron un ojo por el uso de la fuerza de la policía. Dos días antes, cuando iniciaban las manifestaciones, un grupo de infiltrados en la protesta prendió fuego al Congreso, que no era resguardado por la policía, para que las personas inconformes con el gobierno fueran señaladas de vandalismo.
El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) publicó un informe sobre la actuación policial de esos días, en el que documentó que los agentes “no tomaron medidas preventivas ni de contención a las acciones de manifestantes para su ingreso a las instalaciones, haciendo uso del criterio de dispersión de la concentración de personal, solo cuando el daño al edificio del Congreso había sucedido, utilizando como recurso los gases lacrimógenos”.
Casi dos años después y aún sumergidos en este contexto de efervescencia social por los actos opacos del gobierno actual, la posibilidad de aprobación de la ley ha generado desconfianza y miedo en la gente. La participación de De León Muñoz como asesor del CICR, solo se suma a los ya abultados cuestionamientos de la normativa, que es vista por la sociedad civil como un retroceso a los derechos que contiene características represivas y alarmantes.
El CICR ha guardado silencio sobre algunos aspectos de esta “colaboración”, ya que no han querido revelar las motivaciones detrás de la asesoría, el nombre de las autoridades del comité que aprobaron la misma, y otros cuestionamientos sobre la participación de De León Muñoz.
La fuente anónima ha referido a Prensa Comunitaria que la asesoría que se dio al diputado España no fue aprobada, previamente, por las autoridades de la Cruz Roja y que el comité no quiere ser asociado con una normativa que reprime las manifestaciones y condona el uso de la fuerza.
“El asesor jurídico de la misión hizo recomendaciones de manera precisa, sin consultar con los expertos, sin consultar con sus jefes… dio paso a que España mencionara a la CICR y dijera que habían avalado la ley”, indicó.
Sin embargo, hasta ahora, la Cruz Roja solo ha liberado un comunicado en el que aceptan que brindaron asesoría técnica para la iniciativa, pero omiten mencionar a su asesor. “Como parte de su labor institucional, el CICR mantiene un diálogo bilateral y confidencial con varias autoridades, incluso el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y representantes del Congreso, para brindar una retroalimentación al proceso legislativo en materia de uso de la fuerza para que fuera conforme a estándares internacionales”.
A la vez, refirió que no tienen la potestad de validar marcos normativos pues su objetivo es “contribuir a que cumplan con el derecho internacional y los estándares internacionalmente reconocidos en materia de uso de la fuerza y así fortalecer la protección de la población”.
De momento, ninguna de las dos partes, la Cruz Roja Internacional o la Comisión de Gobernación han compartido el detalle de las recomendaciones que la organización humanitaria aconsejó agregar al documento antes de que recibiera el dictamen favorable el pasado 8 de agosto.
La CICR guarda silencio, pero España no
En la segunda semana de agosto, España empezó una gira en algunos medios de comunicación en la que dio información que, hasta ahora, la Cruz Roja no ha querido confirmar ni negar.
Por ejemplo, el parlamentario ha dicho que fue el CICR quien se le acercó y sugirió las mejoras a la propuesta de ley.
“Cuando la Cruz Roja Internacional, con su expertise de guerra y de fuerzas armadas, ven que existe esta propuesta, van conmigo y me dicen: ‘mire diputado, estas son las debilidades y hay términos internacionales que hay que definir’. Me hicieron el planteamiento y lo vi muy bueno”, contó en un medio radial el pasado 11 de agosto.
En otra entrevista televisada dijo que el comité “le mostró la pirámide del uso de la fuerza, la terminología, las definiciones, el respeto a los derechos humanos”. Allí agregó que “incluso, me ofrecieron la capacitación a las fuerzas de seguridad en materia del uso de la fuerza”.
En esta gira, España ha incorporado a la narrativa la importancia de aprobar la iniciativa, el combate al crimen organizado y al narco, y algunos escenarios poco factibles como un posible atentado al presidente Alejandro Giammattei, revelando intenciones no plasmadas en la propuesta.
“Usted puede manifestar, pero jamás querer sacar un arma y dispararle al presidente de la República”. Estas palabras las dijo cuando un periodista lo cuestionó por la inclusión de la SAAS en la propuesta de ley. “Muchos ciudadanos le faltan el respeto a las autoridades y eso no se va a permitir”, añadió.
El diputado ha fallado en demostrar con cifras cuán grande es la problemática de los policías y soldados que enfrentan procesos legales por implementar el “uso la fuerza” para hacer cumplir la ley.
Es más, ni siquiera el Ministerio de Gobernación lo tiene claro, pues la información pública que compartió correspondía a casos penales por estafa. Y el Ministerio Público nunca entregó los datos de denuncias penales contra agentes por el uso de la fuerza.
Desde su introducción, la 6076 ha generado rechazó en la sociedad civil que ha observado cómo en los últimos meses se ha consolidado un esquema antiderechos que persigue y criminaliza a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y ahora a periodistas. El más reciente de los casos fue la detención y criminalización de Jose Rubén Zamora, director y fundador del medio elPeriódico, al que el Ministerio Público ha sindicado de lavado de dinero.
A decir del diputado España, la iniciativa también ha generado reacciones favorables, aunque solo del lado oficialista.
“El ministro de la Defensa, el ministro de Gobernación y autoridades de la policía me han llamado para agradecerme”, dijo. Mismos que, en el pasado, han apoyado estados de emergencia impuestos por el Ejecutivo para reprimir manifestaciones.
Lo cierto es que España ha querido descalificar la oposición a la iniciativa, diciendo que quienes se resisten es porque en unos meses se anunciaran como candidatos a cargos públicos.
Una iniciativa para normar un protocolo que ya existe
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, habló con Prensa Comunitaria y dijo que la iniciativa 6076 aborda el contenido de un protocolo que él mismo implementó durante su mandato para apoyar a la policía. Se trata del “Protocolo de actuación policial para garantizar el derecho de reunión y manifestación pública”, que aborda el uso de la fuerza y estipula cómo debe usarse y todos los aspectos técnicos. “Todo eso ya está regulado”, dijo.
Además, se creó una unidad de asesoría y defensa para acompañar a los policías que habían sido sindicados y condenados en el ejercicio de la función.
“Se contrataron abogados para la defensa y para que los acompañaran -legalmente- de forma gratuita. Fue un costo que asumió el Ministerio de Gobernación” y no era, únicamente, para los agentes que atendían manifestaciones sino a otros que formaban parte de casos aislados. Por ejemplo, activaciones accidentales de las pistolas que derivaban en heridas de otros agentes.
“Estas acciones disuasivas -que plantea la iniciativa- les corresponden a las fuerzas especiales y no a los agentes de comisarias. No lo parece, pero para lanzar las bombas de gases se requiere de personal especializado, con formación y capacidad para hacerlo. No se lanzan al pecho o a la gente sino al cielo y a cierta distancia”, explicó Rivas.
El exministro añadió que “si empiezan a recibir los comisarios presiones de todos lados, entonces, terminarán atendiendo la situación de forma equivocada y eso trae consecuencias como la pérdida de vidas, tanto de manifestantes como de policías, y su posible encarcelamiento”.
Por otro lado, aclaró que el que algunos agentes hayan enfrentado un proceso penal, no tiene que ver si sufrieron agresiones de parte de manifestantes, sino que ha sido producto de la falta de fortalecimiento a la institución policial.
“No ha adquirido capacidades en materia de inteligencia policial, investigación criminal, de prevención de acciones contra la misma policía, tampoco capacidad en diálogo y atender una crisis que lleva a la confrontación y a la sindicación de personas y agentes.
Cuando se han revisado las actuaciones, vemos que se les dio la orden a los elementos de operativos de la policía que cubrieran la manifestación sin recursos técnicos, sin información previa, sin planificación estratégica y sin respaldo de las fuerzas especiales… entonces, ante una crisis terminaron defendiéndose y fueron consignados por sus propios compañeros”.
La propuesta, que fue presentada en mayo de este año, no es nueva para Rivas. Admitió que cuando todavía era ministro, ya algunos diputados trataban de promoverla. Pero el contexto político y social en el que se presenta en la actualidad “no es el idóneo”, aseguró, pues “hay una desconfianza terrible hacia el Congreso”.
Rivas tampoco está de acuerdo con que la iniciativa involucre al ejército y a la SAAS pues, como coincidió con Helen Mack, excomisionada para la reforma policial, la naturaleza de ambas instituciones es distinta.
“La filosofía y la doctrina de un policía es cuidar a la población y luego cuando son intervenciones represivas tiene que velarse por la proporcionalidad y nunca usar armas letales en las manifestaciones. La doctrina policial es totalmente opuesta a la de los militares”, acotó Mack.
Y esa falta de comprensión ha llevado a los diputados a mezclar los temas.
Una iniciativa de miedo para proteger a un Estado autoritario
Bernardo Arévalo, diputado del partido Semilla e integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso, dijo que la iniciativa “es un lobo con piel de oveja”, pues ha tomado los principios y lenguaje internacional, pero contiene aspectos que desvirtúan el respeto a los derechos humanos por su tono represivo.
“Hay una confusión intencional entre funciones militares y policiales. Que además es contraria a la ley, pues ya existe la ley marco de seguridad”, dijo. “Quieren usar la legítima defensa para las fuerzas armadas, el uso de la fuerza no es en defensa… en el caso de las instituciones armadas”. Además, señaló que la propuesta busca diluir la responsabilidad personal en actos colectivos de personas que seguían órdenes.
“Si una persona dice que actuó de tal manera, porque recibió una orden, entonces está defendida”. Para Arévalo, la iniciativa no desarrolló entramados importantes sobre cómo dar seguimiento a las situaciones, cómo se investiga y cómo se sacan las lecciones.
“Este es un régimen autoritario, está persiguiendo jueces, periodistas, criminaliza la protesta social, lo que construye es la estructura que le permite usar la fuerza para permanecer en el autoritarismo”, dijo.
Por su lado, Edwin Lux, diputado del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) que el bloque UNE creó para separarse de la influencia de Sandra Torres en el Congreso, también reaccionó a la iniciativa 6076.
Según Lux, la propuesta garantiza ciertos privilegios para los aparatos represivos del Estado y atenta con la legitimidad de resistencia, que es constitucional. El diputado fue el primero en notar que la normativa no contaba con datos que respaldaran la problemática penal que afrontan los policías.
“El Pacto de corruptos que ha conspirado contra la nación en estos últimos años, está analizando que hay un hartazgo social y quieren protegerse, pero no se vale que pongan como arma de cañón a las fuerzas de seguridad. ¿La SAAS qué tiene que ver ahí? Ahí lo que están haciendo es ponerles un muro que, a su vez, protege al señor presidente”.
“Este es un decreto de miedo”, agregó.
Paralelamente, semanas atrás, el Congreso aprobó otra iniciativa regresiva. El decreto 39-2022, “Ley contra la Ciberdelincuencia” que pone en riesgo el acceso a la información, la libertad de expresión y el poder fiscaliza a la función pública.
De acuerdo a expertos, “la ley establecería un régimen de censura a medios de comunicación que investiguen actos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios públicos, por lo que él o la funcionaria que resulte mencionado en la publicación, podría alegar que su honor está siendo afectado, acorde a lo que establece la ley”.
“Quieren protegerse, porque tienen miedo que la gente hable y se exprese. Atentan con derechos fundamentales. Lo que quieren es mandar a la infantería a reprimir a la gente. Quieren reprimir a la población y a los periodistas”, dijo Lux sobre la ley.
En mayo de 2021, los periodistas Sonny Figueroa (Vox Populi) y Marvin del Cid (Artículo 35) publicaron la historia “La estrategia del Congreso para atacar a opositores y funcionarios”, en donde detallaron que el Congreso financió una campaña negra, hasta entonces anónima, para atacar al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quien los diputados intentaron destituir en más de una ocasión.
Joselyn Mérida, quien era jefa de comunicación del Legislativo y estaba a cargo de la estrategia de difamación, denunció que los periodistas cometían el delito de acoso y violencia psicológica y un juez les ordenó alejarse de la funcionaria.
Más tarde, en una citación admitió que fue “la Comisión Permanente la que le dio órdenes para hacer el video para difamar al diputado Samuel Pérez y al PDH”.
Para Lux, es claro que en este escenario “se está consolidando una dictadura y -el Pacto de Corruptos- necesita de un aparato represivo con todas las garantías para reprimir al enemigo, pues el enemigo de toda dictadura es la libertad de manifestación y de expresión”.
