Por Francisco Simón Francisco
En Guatemala existe una Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer que busca prevenir la violencia contra las mujeres, sin embargo, actores vinculados a actos de corrupción de forma maliciosa hacen uso inadecuado de esta ley para restringir el trabajo y la libertad de expresión a periodistas independientes, que investigan a funcionarios que con abuso de poder cometen actos como los ocurridos en la gestión del presidente Alejandro Giammattei.
Sin embargo, estas denuncias tienen fines espurios y evidencian con claridad los intereses de personas particulares de limitar el trabajo de la prensa en el país. En estas circunstancias se encuentran los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa, quienes fueron denunciados penalmente por María Luisa Morales Gatica y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana del exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez por coacción y violencia contra la mujer, en su manifestación psicológica, el 21 de mayo.
A esto se sumó la denuncia de la directora de Comunicación Social del Congreso de la República, Joselyn Fernanda Mérida Solano, también por violencia psicológica, el 27 de mayo del presente año.
Las tres mujeres presentaron sus denuncias después de la publicación de una serie de investigaciones periodísticas realizadas por Del Cid y Figueroa, en las cuales fueron cuestionadas por su actuar como familiares de funcionarios públicos o bien como funcionarias.
Las primeras dos denuncias, presentadas por la familia Martínez Morales, obedecen a un artículo periodístico publicado el pasado 4 de febrero en los medios Artículo 35 y Vox Populi el cual se detalla que la madre y hermana de Miguel Martínez dejaron su casa en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla y se mudaron a vivir a un lujoso condominio en Sacatepéquez. Un inmueble valorado en US$200 mil y que fue adquirido por Demci Aroldo López Villatoro, uno de los mejores amigos de Martínez, y quien vive en España tras ser juramentado como diplomático durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Posteriormente, los periodistas publicaron otro artículo, el pasado 13 de mayo, en el que destacaban la adquisición de una nueva residencia por parte de la familia.
La denuncia penal fue presentada ante un juzgado de turno de femicidio a cargo de la jueza Michelle Dardón Aguilera, quien giró medidas de seguridad por considerar que “hay una presunta violencia en contra de la mujer”, por lo cual se dictaron prohibiciones a los periodistas de no publicar información sobre ellas y Miguel Martínez. La jueza Dardón es la misma que concedió medidas de protección en su momento a la excanciller Sandra Jovel contra un medio de comunicación escrita.
El segundo caso por el cual fueron denunciados los periodistas Marvin y Sonny, fue el de la directora de Comunicación Social del Congreso, Joselyn Mérida por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y una acusación contra Marvin del Cid, por un supuesto acoso cuando era alumna entre 2010 y 2012. Mérida asegura que está sufriendo “acoso” y “ataques periodísticos” y acusa a los comunicadores de tomarle fotografías durante una citación realizada por diputados de la bancada Semilla. Esta denuncia ocurre después de una investigación periodística en la que se develó que ella, en su calidad de directora, habría girado instrucciones a personas para dirigir una campaña de desprestigio contra el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y contra el diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez.
Por este hecho, la directora Mérida Solano, fue citada en tres ocasiones por los diputados de la bancada Semilla para aclarar esta situación. Sin embargo no se presentó a las primeras dos citaciones realizadas.
Finalmente, el miércoles 26 de mayo la directora de comunicación del Congreso Mérida Solano, llegó a la tercera citación que le habían ordenado los diputados de Semilla.
Ella fue cuestionada por los vídeos elaborados contra el procurador Jordán Rodas y el diputado Samuel Pérez, de esa bancada, por su participación en la manifestación pacífica realizada el 21 de mayo de 2020. Pero decidió evadir las respuestas a las preguntas planteadas por los diputados, argumentando que no podía revelar información de quien le dio instrucciones para editar los videos en relación con la campaña en contra de Samuel Pérez y Jordán Rodas, según ella por tratarse de un asunto diplomático, ya que “pone en riesgo la diplomacia y la seguridad nacional del país. Los videos fueron entregados a la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante la citación, el diputado Pérez le indico: “usted no es la directora de comunicación, usted es la directora de un netcenter”.
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A criterio de Marvin del Cid y Sonny Figueroa estos ataques no son nuevos pues responden a personas vinculadas a grupos de poder de la extrema derecha en Guatemala, que son los principales grupos que se ven afectados por su trabajo periodístico. Ya van más de dos años en los que se les ha difamado, calumniado, denigrando por su labor periodística y a su vez se les ha estigmatizado en redes sociales. Los comunicadores viven un asedio constante en su trabajo, son vigilados y a su criterio lo único que falta es que los ataquen físicamente o bien desaparezcan, algo que es sumamente preocupante en un país como Guatemala con una historia de terror estatal lamentable.
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Estas denuncias fueron calificadas por Del Cid y Figueroa como “burdas”, pues retuercen de manera malintencionada la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer. Y que fue organizada desde el poder del Estado y del Gobierno que organizó una argucia legal para capturarlos y llevarlos a tribunales. Ante la primera denuncia los periodistas se apersonaron ante el Ministerio Público (MP) a presentar una oposición y les programaron una audiencia hasta el 15 de julio.
Sobre la segunda denuncia, se percataron que se hizo uso de los datos del Sistema Único de Identificación, utilizado por la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC), lo cual significa que también estamos siendo perseguidos por estas instituciones estatales, algo que ya hemos denunciado con anterioridad”, concluyeron.
En el gobierno de Alejandro Giammattei se han incrementado las acciones de persecución penal selectiva, los ataques y descalificaciones a activistas políticos, diputados, jueces y magistrados independientes y finalmente ataques sistemáticos contra periodistas que ejercen su labor de fiscalización, investigación y cobertura.
Es importante recordar que la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Guatemala fue aprobada para prevenir y juzgar la violencia real contra las mujeres en un país en el que diariamente se presentan 235 denuncias de delitos en contra de la niñez y las mujeres y de las cuales solo el 21% se “solucionan en el sistema de justicia”. En lo que va del año 87 mujeres han denunciado diariamente violencia psicológica, pero solamente 92 agresores han sido condenados, el resto queda en impunidad. Por lo que resulta interesante cómo funcionarias públicas y familiares de funcionarios se amparan en esta Ley para restringir la labor periodística, y bajo las influencias con altos mandos del gobierno reciben medidas inmediatas.
