La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves su informe anual 2021, en el que muestra un panorama de los avances y desafíos de los derechos humanos en la región. En Guatemala identificó una tendencia del Estado para debilitar la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y la situación de operadores de justicia, la de la libertad de expresión, así como la institucionalidad de derechos humanos y los procesos de verdad y justicia.
Por Prensa Comunitaria
La CIDH incluyó a Guatemala en el capítulo IV.b, junto a tres países más, en los que identificó que existen desafíos estructurales que afectan “grave y seriamente” el goce de los derechos humanos. La declaración de persona non grata del excomisionado Iván Velázquez y la expulsión, en enero de 2019, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por el expresidente Jimmy Morales, señala, marcó el inicio de un progresivo debilitamiento de la democracia, los derechos humanos y los avances alcanzados en el combate a la impunidad y la corrupción.
La CIDH constató que en 2021, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se agudizaron “acciones e injerencias sistemáticas” de irregularidades en la elección de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el periodo 2021-2026; la negativa de juramentar a Gloria Porras como magistrada electa para la CC y el retraso del Congreso de la República, para elegir las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.
También señala que este debilitamiento de la democracia se expresó en la destitución de Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía de Especial contra la Impunidad (FECI). Así como acciones de “abuso” en el procedimiento de antejuicio contra jueces y juezas de Juzgados de Mayor Riesgo, con el fin de amedrentar y eventualmente retirar a los operadores de justicia de su cargo.
El caso del exilio de la jueza Erika Aifán, quien denunció a finales de marzo de este año presiones, amenazas y hostigamientos en su contra, que le imposibilitaban continuar en el cargo y las recientes amenazas contra el juez Miguel Ángel Gálvez, por su resolución en el caso del Diario Militar, en el que envió a juicio a nueve militares en retiro y expolicías, ilustran lo señalado por el informe anual de la CIDH.
Entérese más aquí:
Miguel Ángel Gálvez: “Somos espectadores pasivos de cómo un país se viene a pique”
El documento señala que durante su visita al país, en 2017, la delegación recibió información sobre la existencia de estructuras paralelas de poder, que impedían la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
La CIDH añade que recibió información de los sectores con los que se reunió, sobre acciones sistemáticas de la fiscal general, Consuelo Porras, en la que se cuestiona su obligación de combatir la impunidad en el país.
En ese contexto, señala el informe, se incorporó al Estado de Guatemala, en el Capítulo IV.b, que también incluye a Nicaragua, Venezuela y Cuba, países que considera afectan “seria y gravemente” la garantía de los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros instrumentos de derechos humanos.
Una de las conclusiones a las que llega la CIDH, fue que por falta de voluntad manifiesta, el Estado de Guatemala ha incumplido sistemáticamente con su obligación de combatir la impunidad.
Contexto de riesgo para la labor periodística
La CIDH también agrega el análisis de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión y dice que el escenario en el que los periodistas realizan su trabajo es grave. También menciona los procesos judiciales y las amenazas de investigación en contra de periodistas.
Algunos de los casos más recientes que se han registrado en el país son los de cuatro periodistas de Prensa Comunitaria, que fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando cubrían las manifestaciones de la población Q’eqchi’, de El Estor, Izabal, que denunciaban las operaciones ilegales del proyecto minero de la empresa Solway Investment Group de capital suizo-ruso.
Se hace énfasis en el caso del periodista comunitario maya Q’eqchi’, Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, que enfrenta una nueva denuncia presentada por 13 agentes de la PNC y por fiscales del Ministerio Publico (MP) del municipio de Morales, Izabal, que denunciaron haber recibido golpes y lesiones el 22 de octubre de 2021, en El Estor.
También se hace referencia a los casos de los periodistas Juan Luis Font, director del programa radial ConCriterio; y de José Rubén Zamora, director de elPeriódico.
Entérese más aquí:
El asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez, los hostigamientos e intimidaciones, las agresiones en el contexto de movilizaciones sociales y obstrucción a la cobertura periodística de parte de funcionarios públicos, analiza la CIDH, son otros hechos a los que los periodistas se enfrentaron durante 2021.
Otra de las preocupaciones expresadas por la CIDH fue las restricciones a la libertad de expresión, a través de la imposición de estados de excepción y las reformas que se introdujeron a la Ley de Oenegés, que buscan restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Institucionalidad de derechos humanos
El documento destaca las agresiones y campañas de desprestigio en contra del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, por el desempeño de su trabajo e incluye las denuncias que se han presentado en su contra, para buscar su destitución del cargo. También se menciona el retraso del Congreso de la República en la asignación del presupuesto que le corresponde.
Bajo esas condiciones, la CIDH, llama al Estado para garantizar el cese de los actos de intimidación en contra del PDH, así como el presupuesto necesario para que cumpla con su mandato.
En este tema, algunas de las organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre el cierre de las instituciones de la paz, encargadas de trabajar en favor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y de víctimas del conflicto armado, realizada por el presidente Alejandro Giammattei.
También mencionaron las reformas propuestas por un grupo de diputados, encabezados por Antonio Arenales Forno, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso, a la Ley de Reconciliación Nacional, que buscaba amnistía para militares señalados de delitos de guerra. El 9 de febrero, de 2021, la Corte de Constitucionalidad resolvió que esa iniciativa fuera suspendida definitivamente.
Otro de los hechos, que resaltó la CIDH en su informe, fueron los ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Hasta octubre de 2021, dice el informe, se registraron 755 hechos de intimidación, amenazas. Una cifra, que según la información que las organizaciones proporcionaron, se incrementó respecto a las registradas en 2020.
No se puede comparar el caso de Guatemala
Al ser cuestionado al respecto, el analista independiente, Adrián Zapata, se refirió a lo valioso del informe, pero matizo su opinión al hacer énfasis en lo que corresponde al análisis del caso guatemalteco y no necesariamente al conjunto de países categorizados en el capítulo IV.b.
Para Zapata, no se puede equiparar el caso de Guatemala con el de los otros tres países incluidos en el documento, porque el análisis debe hacerse de “acuerdo al marco jurídico y sociopolítico que rige a cada país”.
En el caso de Cuba, dijo Zapata, “es un tema de libre autodeterminación de los pueblos y el modelo económico social y político que el pueblo cubano escogió hace muchos años” y para nuestra realidad, lo que ha venido ocurriendo es un proceso de cooptación del Estado en el que participa una “convergencia perversa entre políticos, criminales y empresarios”, añadió.
Juzgar lo que está ocurriendo en el país, a partir del propio marco jurídico y pacto social guatemalteco, no me cabe que tiene todas las características, para que la CIDH lo juzgue de la manera que lo ha hecho”, dijo el analista.
Respuesta del Estado de Guatemala
La CIDH envió al Estado guatemalteco una copia preliminar de su Informe Anual de 2021. En su respuesta, el Estado expresó su inconformidad con la decisión de la Comisión de incorporar a Guatemala en el Capítulo IV.B y al mismo tiempo, negó “la existencia de situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de derechos humanos fundamentales contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana u otros instrumentos de derechos humanos aplicables, así como las garantías contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala”.
Asimismo, el Estado propuso a la CIDH reuniones políticas y técnicas para encontrar estrategias que le permitan avanzar en los desafíos que el país tiene en el tema de derechos humanos.
El informe presentado por la CIDH concluye con una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala, de las que se destaca: la lucha contra la corrupción, la garantía de la independencia judicial y de operadoras y operadores de justicia; el fortalecimiento de mecanismos de protección a periodistas, dotar de suficientes recursos humanos y económicos a la PDH, el fortalecimiento de institucionalidad de la paz e implementar de forma urgente una política de protección de personas defensoras de derechos humanos.
Para leer el informe completo:
https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2021/capitulos/IA2021cap4B.Guatemala-es.pdf
