Por Prensa Comunitaria
La respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei y el Ministerio Público de Consuelo Porras al trabajo periodístico que desveló en Guatemala las irregularidades de la mina de Solway-CGN-Pronico en El Estor, Izabal, ha sido perseguir y criminalizar, por segunda vez, a uno de los periodistas de Prensa Comunitaria, que reporta sobre estos hechos desde 2017.
La semana pasada, Prensa Comunitaria conoció que el nombre del periodista comunitario Maya Q’eqchi’ Carlos Ernesto Choc Chub, aparece en una nueva denuncia presentada por 13 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y por fiscales del Ministerio Publico (MP) del municipio de Morales Izabal. Esta denuncia la conoce el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, que sigue a cargo del juez Edgar Aníbal Arteaga López, sobre quien pesa una solicitud de antejuicio por acusaciones de haber recibido dinero de narcotraficantes. Arteaga López es quien firma la orden de aprensión en contra del periodista.
Los policías denunciaron a Choc y a otras 11 personas por “instigación a delinquir” tras, supuestamente, haber sufrido golpes y lesiones el 22 de octubre de 2021 en El Estor. Ese día, un contingente de varios centenares de policías y fuerzas antimotines intentó desalojar a unas pocas docenas de pobladores Maya Q’eqchi’ que protestaban contra la operación ilegal de la mina. Un día después Prensa Comunitaria reportó como cientos de antimotines y ejército escoltaban camiones cargados de carbón para la planta procesadora de Solway.
Para todos, incluyendo autoridades ancestrales, el Ministerio Público ha pedido órdenes de captura.
Esta nueva acción de criminalización contra uno de los periodistas que ha reportado sobre las irregularidades de la minera ruso-suiza de la empresa Solway ocurre luego da la publicación, en 20 medios periodísticos de todo el mundo, de una investigación coordinada por Forbidden Stories, la cual revela, entre otras cosas, que la mina canaliza dinero hacia la PNC, a la cual ha utilizado como brazo armado en desalojos de comunidades Q’eqchi’,y que la empresa minera ha perfilado a quienes se le oponen con estrategias que incluyen vigilancia ilegal de opositores y sobornos.
Esa investigación también desvela que Mayaníquel, la empresa señalada de sobornar al presidente Giammattei, tiene relaciones comerciales con Solway en El Estor y en el Puerto Santo Tomás de Castilla.
En octubre de 2021, Choc, junto a otros cuatro periodistas de Prensa Comunitaria, daban cobertura al embate violento de los policías contra los comunitarios Q’eqchi’, quienes llevaban 20 días en una protesta pacífica porque el gobierno de Giammattei no los había tomado en cuenta en una consulta que decidiría el futuro de la mina, cuyo cierre fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad en 2019, precisamente por no cumplir con el requisito legal de realizar una consulta libre e informada con los pobladores que son afectados por la actividad minera.
Durante la cobertura, Choc documentó con video, fotografías y enlaces en vivo la violencia de la PNC del 22 de octubre. Otros periodistas de Prensa Comunitaria atestiguaron y documentaron que fueron en realidad agentes de la PNC los que agredieron a al periodista al intentar arrebatarle el teléfono celular con el que documentaba los hechos.
Los policías hicieron la denuncia en el MP el 1º de diciembre de 2021, en medio de un estado de sitio que el gobierno de Giammattei decretó tras la violencia protagonizada por las fuerzas de seguridad públicas el 22 y 23 de octubre, para garantizar que la protesta Q’eqchi’ no entorpeciera el funcionamiento de la mina de Solway.
Durante ese estado de sitio, PNC y MP también criminalizaron a los periodistas de Prensa Comunitaria Juan Bautista Xol y Baudilio Choc, cuyas casas y la de Carlos Choc fueron allanadas.
Esta es la tercera vez que Carlos Choc es denunciado por dar cobertura a los hechos que rodean a la empresa minera en El Estor. En todas esas denuncias, el Estado de Guatemala ha insistido en relacionar a Choc con la resistencia antiminera para, así, desconocer su calidad de periodista comunitario. Solway a través de los abogados de CGN es querellante en el proceso penal abierto en contra de Choc desde 2017.
Perseguir en lugar de responder
El Estado de Guatemala, relacionado por Mining Secrets de tener relaciones antiéticas e irregulares con la minera ruso-suiza, no ha dado explicaciones de los señalamientos descubiertos por la investigación periodística. En lugar de eso ha decidido, otra vez, criminalizar a quienes han denunciado estas relaciones.
Choc ha sido periodista comunitario en el territorio Q’eqchi’ desde hace 15 años. El 27 de mayo de 2017 sacó a luz la contaminación del lago de Izabal con el derrame de una gigantesca mancha roja. Fue él quien junto a otros dos periodistas documentó el asesinato del pescador Carlos Maaz a manos de la policía durante una protesta contra la mina. Desde entonces, según reveló la investigación conocida como Mining Secrets, la mina y el Estado de Guatemala han planificado la criminalización del periodista.
En 2021, Choc participó junto al equipo local de Prensa Comunitaria en la cobertura a la manifestación pacífica de la resistencia que inició el 4 de octubre pasado. Durante los 20 días del plantón anti minero, las imágenes, notas periodísticas y transmisiones en vivo ayudaron al mundo a enterarse de lo que ocurría en el municipio.
El trabajo de Choc, Juan Bautista Xol y Baudilio Choc ha permitido establecer que la resistencia protestó de manera pacífica y no fue sino hasta que la policía lanzó bombas lacrimógenas que los comunitarios se defendieron con piedras. Mientras tanto, cientos de antimotines y militares escoltaban vehículos con personal ruso de la mina y camiones cargados de carbón para garantizar el procesamiento del níquel.
El 24 de octubre, el Ejecutivo declaró estado de sitio en El Estor y en los siguientes días la casa de Choc y de Xol, entre otros, fueron allanadas por la policía en busca de armas o cualquier evidencia que probara su pertenencia al grupo de manifestantes. Esto a pesar de que los periodistas estuvieron documentando cada visita de la PNC y los asesores de Gobernación al plantón anti minero.
Durante todo noviembre y parte de diciembre, la policía y el ejército intervinieron El Estor, realizaron capturas, allanamientos y asediaron a la resistencia anti minera. Todo para devolver la calma a la empresa y permitirle seguir operando. En ese momento, el Ministerio de Energía y Minas MEM desarrolló la consulta de vecinos que dejó fuera a más de 90 comunidades y que en enero de este año, devolvió a la compañía la autorización para operar.
El juez que conoce la denuncia en contra de Choc y los otros comunitarios es Aníbal Arteaga, un funcionario con una larga historia de favorecimiento a la mina y a la PNC y quien, además, ha sido acusado por el mismo Ministerio Público de recibir sobornos de narcotraficantes.
Con Arteaga de su lado, la mina ha logrado quitarse de encima a personajes clave que han buscado denunciar los abusos que la empresa ha cometido en el territorio, de acuerdo con las revelaciones de Mining Secrets.
Carlos Choc no es el único que aparece en la denuncia del expediente 18002-2021-00423, que fue presentada el 1 de diciembre de 2021. Debajo de su nombre están los de 11 personas integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) y de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi, ellos sí líderes comunitarios, señalados también de “instigación a delinquir”.
Ellos son: Julio Anselmo Toc Mucu, José Cac Tox, Julio Anselmo Toc, Jorge Cucul Ajcal, José Chiquin Caal, Braulio Tiul Choc, Pedro Cuc Pan, Raul Tacaj Xol, Carlos Ernesto Choc Chub, Rigoberto Caal Yat, Domingo Cuc Coc, y Cristóbal Pop Coc.
Este 22 de marzo, Julio Ancelmo Toc Mucu fue arrestado por la policía cuando se dirigía a su casa, a la hora del almuerzo. Toc Mucu es hijo del vicepresidente de la GPA, Julio Ancelmo Toc. Varios días después fue ligado a proceso por este mismo juez; Julio logro salir de la Penitenciaria de Puerto Barrios con una medida sustitutiva a la cárcel.
En un comunicado, el Consejo de Autoridades Ancestrales reiteró que Toc Mucu no participó en la jornada de manifestaciones realizadas en octubre pasado, por lo que rechazaron su captura y los señalamientos en su contra. Toc Mucu es trabajador de una empresa local.
13 policías con golpes muy similares
Los agentes que denunciaron a Carlos Choc y al resto participaron en el desalojo violento de la resistencia anti minera. Oficiales de la PNC y varios asesores del Ministerio de Gobernación, incluyendo al Gobernador Departamental Héctor Eduardo Morales Alarcón, acompañaron a personal de la mina para exigir que dejaran pasar a los camiones con carbón.
Según el expediente de la denuncia, una doctora de la Emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Puerto Barrios revisó a los 13 policías que presentaban, en su mayoría, golpes similares en las mismas áreas: la boca, la rodilla izquierda y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.
Uno de los policías tendría el pómulo izquierdo golpeado y otro tendría golpes en la mandíbula, también del lado izquierdo.
Este grupo de policías, integrado por dos subinspectores y 11 agentes, dijó que “fueron atacados con un mortero que se usa en fiestas patronales” mientras “daban cumplimiento a la seguridad de la manifestación”. La doctora determinó que no era necesaria ninguna hospitalización por lo leve de las lesiones, lo cual quedó plasmado en el documento presentado por la PNC al MP.
Estos son los nombres de los policías pertenecientes a la Comisaría 61 de Izabal que, supuestamente, fueron agredidos por los manifestantes:
- Erick Ronaldo Palma Pleites, de 35 años, subinspector de la policía
- Víctor Manuel Toj Dionicio, de 38, agente de la policía
- Mynor Fernando Cojón, de 36, agente de la policía
- Iván Orellana Juárez, de 41, agente de la policía
- Mario Tec Coc, de 35, agente de la policía
- Rosalío Gabriel Hernández López, de 30 años, agente de la policía
- Sélvin Baltazar Bautista Lázaro, de 29 años, agente de la policía
- Erwin Noé Hernández Sampango, de 34 años, agente de la policía
- Sélvin Armando Maas López, de 35 años, agente de la policía
- Erwin Orlando Coy Tul, de 31 años, agente de la policía
- Braulio Antonio Zepeda Pérez, de 40 años, agente de la policía
- Almer Leonel cruz Zuñiga, de 35 años, agente de la policía
- Jonny Estuardo Pérez Ortiz, de 30 años, subinspector.
El 22 de octubre, el equipo de Prensa Comunitaria que permaneció en el lugar del desalojo documentó como el contingente policial se retiraba. Mientras duró el operativo no se registro la presencia de ninguna ambulancia que interviniera. Los propios vecinos del municipio trasladaron en brazos a un niño en estado inconsciente que resultó intoxicado por la cantidad de gases lacrimógenos disparados por el contingente policial.
