Por Javier De León
El pasado 6 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió a enviar a juicio a nueve militares y expolicías, entre oficiales de alto rango y especialistas, por los delitos de desaparición forzada, delitos contra deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Una de las imágenes más emblemáticas del trabajo del juez Gálvez Aguilar, ocurrió a finales de julio de 2016, cuando resolvió enviar a juicio a más de 50 personas señaladas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, por el caso cooptación del Estado.
Durante esa audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia y detrás de torres de expedientes, con un avión a escala, el juez ilustró la participación de funcionarios del Partido Patriota en una red de corrupción que existía en los más altos niveles del poder político guatemalteco. Gálvez terminó por ligar a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
En el ambiente que se vivía en abril de 2015, tras las denuncias realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público fue palpable el malestar de una porción de la clase media capitalina, provocado por un clima de corrupción que se concentraba en el expresidente Molina, a quien las investigaciones de la CICIG y el MP identificaron como la cabeza de una estructura criminal que se dedicó a la defraudación fiscal y a saquear el Estado.
En la actualidad, asistimos a una etapa de regresión de la lucha contra la corrupción y la impunidad que inició la CICIG y el MP de Thelma Aldana, en 2015. En la que la confluyen políticos conservadores, militares vinculados a la contrainsurgencia, empresarios globalizados y grupos criminales. Que para algunos académicos, el punto de inflexión de esta regresión, con rasgos autoritarios, se ubica en el gobierno del expresidente Jimmy Morales, cuando expulsó a la CICIG, en diciembre de 2016.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, la persecución en contra de jueces, juezas y exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y extrabajadoras de la CICIG, se intensificó. El exilio y la persecución penal ha sido una de las respuestas, que desde el Ministerio Público de Consuelo Porras, se han implementado para quienes trabajaron en contra de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En su experiencia de más de 30 años como juez contralor, se le recuerda por haber llevado varios casos de alto impacto como el del asesinato del empresario Rodrigo Rosenberg, el asesinato de diputados salvadoreños del Parlacén, la Línea, Aceros de Guatemala y Cooptación del Estado, y más reciente el caso del Diario Militar.
El juez Gálvez fue aspirante a fiscal General del Ministerio Público en 2018, pero su carrera se remonta a Quiché, en 1988 cuando inició su trayectoria como juez. También cuenta con experiencia en procesos de crimen organizado.
El 6 de mayo, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, publicó en su cuenta de Twitter: “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez, la FCTG se hace cargo”. En un segundo tuit, del 8 de mayo, escribió: “Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la FCTG lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista. Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”.
Dos días después, el abogado de la Fundación contra el Terrorismo, Raúl Falla, anunció en una entrevista que presentaría una denuncia para que le sea retirada la inmunidad al juez Miguel Ángel Gálvez, porque, en su opinión: “no respetó criterios jurídicos en su resolución sobre el llamado «Diario Militar»”.
Prensa Comunitaria conversó con el juez de Mayor Riesgo B sobre algunos de los últimos acontecimientos. Acá algunas de sus respuestas.
PC: ¿Qué opina que el director de una fundación privada, la Fundación Contra el Terrorismo, tenga la capacidad de amenazar a un juez del país?
MAG: Como lo he indicado anteriormente, estoy sumamente preocupado por los niveles que ha alcanzado este problema, que se dio hace precisamente hace una semana. Lo preocupante no es que lo diga, no importa. El problema es cómo las instituciones se están prestando o se prestan al juego de él, ese es el problema. Desde hace tiempo, ellos han sacado una cuestión de una lotería en sus páginas. En esa lotería ponen la foto de Juan Francisco Sandoval, y así sucesivamente, la foto de Gloria (Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad) y coincidentemente si analizáramos esa foto, prácticamente solo van quedando dos personas.
Al último que pusieron fue a Pablo (juez Pablo Xitumul, titular del juzgado C de Mayor Riesgo), la cruz ahora se la pusieron a Erika (Aifán), ya solo quedamos de esa lotería: Yassmín (Barrios) y su servidor. Entonces, es evidente de cómo que hay una concertación, cómo que todas las instituciones se están prestando. Esto lo digo, porque es increíble: él (Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT) viene a la audiencia, posteriormente saca la primera página y a raíz de eso se desencadena una campaña de desprestigio de meterse, incluso, en la vida personal, la señora esta Bárbara (Bárbara Hernández, activista cubana y critica de la CICIG) que empieza el problema de llamar y llamar, me ha hecho cantidad de llamadas.
PC: ¿Recientemente?
MAG: Sí, entonces todo eso me da la impresión de que todo eso se da a raíz prácticamente de lo que él inicia y que ahora me corresponde a mí. Incluso me recuerdo que cuando él sale en la Lista Engels, él da una conferencia de prensa, en ella, incluso, le da las gracias al embajador por haberlo sacado en la lista y dice que es como consecuencia de su compromiso con los militares y con las violaciones con relación a los procesos de corrupción. Ahí nuevamente menciona a cuatro jueces y menciona a Juan Francisco (Juan Francisco Sandoval exjefe de la FECI), eso más o menos fue en junio, julio del año pasado. Cuando a él lo incluyen en la Lista Engels, tengo entendido que Juan Francisco ya tenía como 15 días de haberse ido, entonces, ahí es donde hace referencia precisamente a que ya cayó el otro. Prácticamente ahí estaría, ahí faltaría únicamente, él dice que ya saqué a uno, ahí faltaba Erika, Pablo, Yassmín y yo, ahora ya prácticamente ya como él dice, ya cayó Pablo, ya cayó Erika, ya solo le quedan dos, entonces es una cuestión que da la impresión de que las instituciones se están prestando a los lineamientos que él está dando.
PC: Hemos visto un patrón en las últimas semanas; la Fundación contra el Terrorismo pone una denuncia penal y el MP se activa en días, incluso generando órdenes de captura. Pasó en el caso de Leily Santizo y en el de otras abogadas. ¿Teme que pase lo mismo?
MAG: En mi caso es algo completamente diferente, porque el problema es que no lo pueden hacer así, porque gozo del derecho de antejuicio. Entonces, el sentido de presentarlo a la corte es: obligar al juez que le van a asignar la causa, para que la envíe a la corte y sea ella la que indique si amerita nombrar juez pesquisidor. Ese es el sentido de presentarla de una vez a la Corte Suprema de Justicia.
PC: En días pasados usted manifestó que Guatemala está viviendo momentos difíciles: “pero que ya se animen a amenazar después de una resolución a un juez, es más preocupante porque están atentando no solo contra la integridad de un juez sino que la independencia judicial, que es un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”. ¿Qué significa para la población que se atente contra la independencia judicial?
MAG: Esto sale porque es evidente y no se puede negar su inconformidad en la resolución y por supuesto como ciudadano, él se puede pronunciar. El único problema es que está amenazando, entonces se supone que el organismo judicial especialmente una resolución y máxime que él no es parte, pues definitivamente no puede hacer absolutamente nada. Ese es el tema, el tema yo lo analizo desde el punto de vista que lo que es la independencia judicial no es un privilegio puramente de los jueces sino que prácticamente es una garantía de la ciudadanía, que tiene que contar con jueces transparentes.
¿Qué es lo que está pasando? Miremos la contraposición: el problema que se está dando aquí es que se está instrumentalizando el derecho penal, o sea están llevando el derecho penal prácticamente a que responda a ciertos intereses de determinadas personas, y eso es precisamente lo que yo considero que se tiene que proteger, esa independencia que tiene el Organismo Judicial como una institución del Estado.
Por ejemplo, lamentablemente yo he estado un poco ocupado, pero el fin de semana voy a ponerlo de conocimiento en la corte, porque hay artículos que regula tanto el Código Procesal Penal como la ley de Organismo Judicial, que cuando un juez se sienta limitado, se sienta cohibido, que se le está restringiendo precisamente ese término de lo que es la independencia judicial, lo tiene que poner de conocimiento de los magistrados, para que ellos tomen las actitudes correspondientes, para evitar que se siga dando con esa limitación al ejercicio de la acción que corresponde a la independencia judicial.
PC: Al menos 22 operadores de justicia se han marchado al exilio, hay exfiscales presos, ellos y ellas denuncian una persecución por parte de grupos de poder que fueron investigados ¿Sigue siendo posible en Guatemala que un juez ejerza sus funciones de forma independiente en medio de presiones de este tipo?
MAG: Ese es precisamente el temor, que lamentablemente esto queda como algo que en determinado momento los otros jueces se van a sentir intimidados. Ese es el problema, el permitir que pase una situación de esas, porque ya le va a dar miedo a las otras personas y eso es lo que se tiene que garantizar con lo que es la independencia judicial.
PC: En los meses pasados se ha incrementado la presentación, por parte del MP, de denuncias contra exmandatarios de la CICIG, exfiscales de la FECI y también contra jueces y juezas. ¿Usted tiene varias denuncias, cuál es su situación?
MAG: Lo delicado es que tengo denuncias de hace años. Cómo es posible que nosotros precisamente que somos jueces, cómo es posible que tengamos denuncias: Yo tengo denuncias abiertas de hace 6, 7, 8 años. Eso es inconcebible. Solo del Diario Militar en mayo del año pasado, que fue cuando inició el proceso, no sé si tengo tres denuncias. Con la licenciada Hilda (Hilda Pineda), la que era la de la Fiscalía de Derechos Humanos.
PC: ¿Tiene el número de denuncias y quién se las ha hecho?
MAG: Méndez Ruíz. O sea al hablar del señor, prácticamente estamos hablando de la Fundación contra el Terrorismo, de Guatemala Inmortal. Todas son las mismas de militares. Todas esas él las ha presentado y la mayoría de denuncias que yo tengo precisamente son de él y por supuesto no es solo una, son bastantes. Incluso tengo una denuncia en donde estoy con Erika, tengo denuncias con Juan Francisco. Hay un montón de denuncias que están en trámite. Ahora precisamente se está tratando de depurar, ver cuáles son las que están investigando actualmente.
PC: Pese a tantas adversidades, ¿qué le hace persistir en su trabajo?
MAG: Como guatemalteco, sinceramente, amo a mi país. Y le soy sincero: yo no quisiera irme del país. ¿Cómo es posible y cómo un país se va a dar el lujo, por ejemplo, siempre lo he dicho, de sacar a su gente buena, ¿se imagina qué va a pasar con el país?, ¿en qué condiciones se va a quedar?, ¿qué legado le vamos a dar a nuestros hijos, a la juventud, en estas condiciones de país? Lamentablemente, se resalta ahorita lo más visible es el Organismo Judicial y el Ministerio Público.
Pero esto, hay una gran cantidad de gente que ha tenido que salir por las mismas condiciones, grupos de derechos humanos, que están defendiendo precisamente los derechos humanos, algunos abogados que han trabajado con nosotros en el ejercicio de la defensa, los han amenazado y se han ido y así sucesivamente hay gente en Washington, hay gente en México, hay gente en Costa Rica y hay unos que están fuera del continente Americano, para que se dé cuenta los niveles, la represión no es solo con una persona sino que ya es con todas las personas, con todos los grupos que no están de acuerdo con algún aspecto relacionado con el qué hacer de la cosa pública.
Por eso es que me recuerdo en una oportunidad que tuve a Héctor Rosada aquí, que ya falleció y que en paz descanse, él dijo en una oportunidad, que este país con dos palabras que se digan coherentes se puede constituir un enemigo interno y eso es lo que está pasando. Lo que he dicho, si el proceso del Diario Militar ahí lo que hicieron fue matar a un montón de intelectuales, ahorita lo que están haciendo es que están sacando del país a las personas que en determinado momento pueden ejercer sus funciones, ejercer su quehacer con compromiso, con rectitud, pero especialmente con probidad.
PC: La semana pasada envió a juicio a nueve militares y expolicías, por los delitos de desaparición forzada, delitos contra deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa; además encontró suficientes pruebas que indican que los acusados pertenecieron a una estructura, al amparo del Estado, que operó un circuito de desaparición forzada en contra disidentes entre 1983 y 1985. Ahora ya no desaparecen a las personas, pero hemos sido testigos de una estrategia del sistema de justicia, del gobierno y de agentes paraestatales, para perseguir penalmente o empujar al exilio a quienes ellos consideran enemigos políticos ¿Encuentra alguna continuidad entre la desaparición física y esta especie de desaparición social que observamos en la actualidad?
MAG: Claro, fíjese que el tema de la desaparición forzada es un tema que, conforme uno lo va analizando, le encuentra bastante sentido. El tipo penal este de desaparición forzada, como lo dije yo en su oportunidad, entró en vigencia cuando se discuten en México, lo que son derechos humanos. Ahí se reconoce precisamente esa práctica reiterada que ha sido constante en Guatemala y ahí donde existe por parte del Estado de Guatemala, de crear el tipo penal de desaparición forzada, por eso que entró en vigencia en el año 96.
El problema es que para hacer un análisis o sea como usted lo está indicando, tendríamos que tocar un poco más a fondo el tipo de tema este. Aquí lo que se está dando es prácticamente considero que el primer paso es la muerte civil de la persona. Ya la muerte civil, ya eso conlleva ciertos agravantes, como lo dice usted, de que se tenga que ir la persona dentro del contexto que lo que le corresponde a su país. Aquí habría que analizar ya otro tipo de temas, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada es, incluso, darle a entender a la gente, a la población como que la persona nunca existió, porque esa es la cuestión.
En el caso del problema que se está dando del exilio, se va la persona e inmediatamente comienza una orden de aprensión, otra orden de aprensión. El riesgo que conlleva es que la persona que ya nunca va a poder venir aquí, es prácticamente como que es olvidar a la persona en esas condiciones. Esas son más o menos algunas similitudes que se pueden dar. Este tipo y en este caso, se pudiera hacer incluso más puntual, porque es evidente que se ha hecho o sea que ha sido reiterada la misma conducta, la misma situación se da con los problemas de Juan Francisco y que Juan Francisco, que llega un momento en que tiene que salir. Después el caso de Pablito, es otro caso especial porque es el que le dicta la orden de aprensión al papá, el proceso de CREOMPAZ.
Entonces, se da la cuestión y ahí tenemos el resultado en qué situación está Pablito. Después estamos hablando del tema de Erika, se trató de resistir al máximo, se hizo lo que se hizo, pero ¿dónde está Erika? Se fue. Y así sucesivamente damos nos podemos dar cuenta, que es un patrón que se está repitiendo constantemente. Es un patrón tan evidente, que prácticamente se está adelantando a aspectos que él está hablando y que se van a cumplir y eso se puede hacer únicamente con una aquiescencia en lo que es el Estado definitivamente. El caso que se hablaba del Diario Militar, es lógico que en determinado momento alguien aislado no puede hacer una cosa de esas, sino que aquí es prácticamente un Estado tomado, que se está cumpliendo con lo que está diciendo.
PC: Cuando usted habla de muerte civil, ¿a qué se refiere específicamente o cómo entiende uno la muerte civil de una persona?
MAG: El problema es que a veces se daña la integridad, la reputación que es lo más sagrado en una persona y prácticamente ese es el daño, el daño civil, la muerte civil, que llega un momento en que ya en ningún lugar, le dan cabida. El dañarlo a uno profesionalmente, entonces esas son parte de algunas prácticas que se pueden dar.
PC: ¿Por qué cree que es importante que un país como Guatemala sepa, a través de procesos judiciales como el del Diario Militar, lo que ocurrió en el pasado?
MAG: No se puede consolidar un Estado de derecho, sino se busca la forma de reconocer todo lo que ha pasado. Por ejemplo, en el caso de Sepur Zarco, me recuerdo una persona, una anciana, que no sabía ni leer, ni escribir, ella dice, lo dijo más o menos de esta forma: “en Guatemala nunca puede haber paz, porque si el Estado desapareció a mí esposo y no lo encuentro, mi esposo se va a convertir en tierra y esa tierra, el aire la va a levantar, y en la medida que lo levante, es porque se va estar pidiendo que se haga justicia y por eso nunca se va llegar a la justicia”, esto se lo digo de gente que no sabe ni leer ni escribir pero que entiende todo un contexto que ha pasado y esa verdad pues se tiene que conocer, es lo mínimo que una persona puede exigir.
PC: Muchos entienden la justicia transicional y reparativa como un ejercicio inútil, algunos incluso vengativo, ¿por qué es importante este tipo de justicia?
MAG: Por ejemplo, el caso del mismo derecho internacional humanitario. Se supone que en un momento de guerra se permite en contra de la persona que está en guerra, pero, el problema que se da aquí, es que hay gente que no tiene nada que ver. Cómo justificar que sí dos vecinos están peleando, pero hay un vecino en medio, cómo justificar para llegar al vecino que quiero dañar, destruir todo lo que está en medio. El problema que se da aquí es eso precisamente que lo que se tiene que trabajar conforme al derecho son los abusos que cometieron las partes con las personas que no estaban en contienda. Se tiene que conocer, se tiene que transparentar y en todo caso hasta el mismo Estado, si es que el Estado sea, es el que tiene que pedir las disculpas correspondientes.
PC: ¿Se siente perseguido?
MAG: Fíjese que eso precisamente en una de las preguntas que usted me hizo, por qué algunos procedimientos avanzan y por qué algunos procedimientos no avanzan. Me recuerdo cuando el año pasado, que se inició precisamente este proceso, tanto el Ministerio Público, como el abogado que está actuando como querellante dentro de ese proceso, de la PDH, denunció y lo hizo en audiencia que estaba siendo perseguido y que estaban llegando a la misma Procuraduría de los Derechos Humanos carros sin placas. Después, reparo yo que también se está dando conmigo ese tipo de conductas, cuando pasó eso, después de la audiencia, que lo di a conocer el que presentó la denuncia fue el jefe de seguridad de la corte, de los problemas que se estaban dando conmigo. Y sin exagerarle, al mes, ya estaba desestimada la denuncia. Si el Ministerio quiere que yo le diga qué placas son, se supone que tiene que haber una investigación, que es lo mínimo que puede hacer. Eso está desestimado. Ahí se muestra que cómo es posible que con algunas denuncias hay eficiencia y cómo es posible en algún otro tipo de denuncias, como por ejemplo, estas que le estoy haciendo referencia no prosperaron hasta el momento prácticamente ya tienen más de un año y no se ha dicho nada. Esos son los problemas no todas las denuncias se trabajan con celeridad.
PC: ¿Cómo está viviendo la situación actual? ¿Cómo prevé la situación de justicia en Guatemala en los próximos cinco años?
MAG: lo siento bastante complicado. Ya voy para 23, 24 años de estar en la corte y aparte que, ahorita estoy en el juzgado de competencia ampliada, estuve en competencia ampliada en Chiquimula, Petén, Zacapa, Izabal. Cuando en el 2012 crearon los primeros juzgados de competencia ampliada, trabajé con Yassmín y trabajé con Jeanette, como juez vocal en el tribunal de sentencia. Posteriormente me vine como juez contralor, eso significa que tengo bastante experiencia con relación a esta situación y nunca se había puesto una situación como la que estamos viviendo actualmente. Es bastante preocupante, porque una de las preocupaciones de su servidor como juez, es incluso, me tardé tres días en la resolución, pero lo que se pretendía era garantizar los derechos de todos los sujetos procesales y garantizar al máximo que se entendiera por qué razón se estaba dictando una resolución en los términos indicados.
Eso significa que uno hace uso de la fundamentación y, cómo es posible que de un momento a otro, una persona se atreva a atentar no solo en contra de la integridad del juez sino en contra de la independencia judicial y hasta la fecha ya vamos para una semana y pregúntense ustedes si ha hecho algo, pregúntense ustedes ¿ha hablado el presidente de la corte con relación a cómo se está atentando la independencia judicial? El Ministerio Público cuando son delitos de acción pública, no es si quiere o no quiere iniciar las investigaciones, está en sus obligaciones de iniciar las investigaciones correspondientes. Preguntémonos ¿abrió un proceso con relación a toda las actitudes que se han tomado?
Lamentablemente de lo que nos estamos alejando cada vez, es de un Estado de derecho y, como les reitero, es ahí donde volvemos al tema de instrumentalizar el derecho penal. Prácticamente hacer del derecho un monopolio de un grupo de personas, ahí es donde se entiende ya dentro de todo este contexto que tiene sentido decir: que la justicia, es cuestión de poder y no control de poder. Eso es preocupante, porque eso significa que somos espectadores pasivos de cómo un país se viene a pique.
