La instalación de dos proyectos hidroeléctricos en el territorio maya Chuj, de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, al noroccidente del país, ha generado una serie de problemáticas sociales en la región desde el inicio de su construcción, en 2013. Su puesta en marcha estuvo marcada por la criminalización de la población que expresó su desacuerdo; pero al mismo tiempo se produjo la cooptación de autoridades municipales y la destrucción de los recursos naturales.
Por Juan Calles
Frente a ese panorama de represión y violencia que los comunitarios de la región denunciaron y, sin encontrar respuestas a sus peticiones y preocupaciones, encontraron una salida favorable a sus demandas.
Los proyectos hidroeléctricos eran financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), a través de dos préstamos de US$7.000.000, para la Generadora San Mateo S.A. (GSM); fueron y US$6.000.000, para la Generadora San Andrés S.A. Por este involucramiento financiero las comunidades afectadas solicitaron al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del grupo BID Invest, que verificara los mecanismos del banco que la empresa de las hidroeléctricas violaba en San Mateo Ixtatán.
Las comunidades organizadas se acercaron al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID, manifestaron sus preocupaciones y a través de los propios mecanismos del BID solicitaron una investigación y plantearon que la empresa financiada violaba las siguientes normas:
No se reconocían los pueblos indígenas afectados en la región, no se evaluaron los impactos en la población por razones de género, los mecanismos de divulgación e información a las comunidades no fueron efectivos, el aumento de la conflictividad y violencia, la evaluación de impactos al patrimonio cultural y los posibles daños a sitios sagrados indígenas, la evaluación de impactos ambientales, la categorización ambiental y social de los proyectos.
Informe Internacional sugiere que el BID retire su capital a dos hidroeléctricas en Huehuetenango
Tras presentar sus quejas y señalar la violación de sus propias normas y de usar la violencia contra la población que se oponía a los proyectos hidroeléctricos, el BID hizo pública su decisión de retirar el financiamiento de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés de la empresa Energía y Renovación S.A. en la microrregión de Yichk´isis y anunció un plan de salida y de fortalecimiento institucional ante las debilidades que el caso evidenció.
El anuncio hecho por el BID, el 29 de marzo de este año, fue la respuesta a lucha de las comunidades mayas después de cuatro años de presentada la denuncia al MICI y al informe en el que dicha oficina de rendición de cuentas resolvió el caso. El MICI concluyó que el BID Invest incumplió sus políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento de los proyectos, y abrió en sus recomendaciones la posibilidad de un retiro de la inversión.
“La perseverancia y la paciencia de las comunidades hizo que se llegara a lo que se pude llamar un feliz termino, de esta investigación, no fue fácil porque al principio no se aceptaban los errores y las violaciones a las normas, tuvimos que hablar con diferentes representantes, en diferentes países, para que el BID avalara la totalidad del informe presentado”, concluyó Juárez Mateo.
Entre los hallazgos presentados por el MICI se demostró que la empresa había mentido al decir que las comunidades en el área de influencia eran mayoritariamente ladinas.
“Esas conclusiones se refirieron solo a tres comunidades de las muchas que forman parte del área de influencia de los proyectos. BID Invest validó la perspectiva de que la población directamente afectada es de mayoría ladina, descartando la activación de las Políticas de Pueblos Indígenas aplicables, (PPI) y, con ello, la aplicación de las salvaguardas específicas que el Grupo BID prevé para pueblos indígenas…”. “…Por tanto, en este caso, el MICI concluye que BID Invest incumplió su Política de Sostenibilidad, la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas”, describe el informe del MICI.
El informe también destaca que lo informado por la empresa al BID no tomó en cuenta la diferenciación por razones de género al realizar su informe y concluye lo siguiente:
“BID Invest no se aseguró de que se realizara una evaluación para identificar los potenciales impactos diferenciados por razones de género de las mujeres y niñas de la zona, tal y como exige la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761), de forma que se pudieran adoptar las medidas de prevención y mitigación más adecuadas. La intersección de la falta de identificación como indígenas y la ausencia de perspectiva de género de los Proyectos han potencialmente agravado las consecuencias de esta ausencia de evaluación de impactos de género”.
El MICI reconoció además que la conflictividad social aumentó desde el inicio del proyecto hidroeléctrico, evidenciando que los comunitarios y líderes perseguidos y amenazados decían la verdad al denunciar la violencia en su contra. “Desde su puesta en marcha, el nivel de conflictividad se ha incrementado, viéndose afectada la cohesión social dentro de las comunidades. Desde 2014, han sucedido una serie de hechos graves de violencia asociados a los Proyectos. Entre ellos, cinco eventos de sabotaje, con quema de maquinaria y derrumbe de postes de la línea de transmisión (2014, 2016, 2017 y 2018); asesinatos de, por lo menos, siete personas, una de ellas en el marco de una manifestación en contra de los Proyectos, y múltiples alegatos de lesiones, detenciones, amenazas e intimidación, así como de violencia de género”.
Además, se informa que no se realizaron consultas adecuadas a las comunidades afectadas por el proyecto, tampoco se estableció un diálogo en donde se escucharan todas las opiniones y necesidades de las comunidades. De la misma manera las evaluaciones ambientales fueron insuficientes y no se tomó en cuenta el daño al ecosistema de la zona, así como los daños a los sitios sagrados y sitios arqueológicos ubicados en la zona de influencia del proyecto.
¨Las recomendaciones que hace el MICI en su informe van desde el respeto a los pueblos indígenas, recomendaciones para que el BID mejores sus políticas internas, y otras dicen que si deciden retirarse entonces lo deben hacer de forma responsable, haciéndose cargo de los daños que causaron, eso implica que si se retiran tienen que subsanar los errores que cometieron”, subrayó Rigoberto Juárez.
Luego de que las comunidades lograran que el informe MICI fuera publicado y que el BID retirara el financiamiento a los proyectos hidroeléctricos, lo que desean es que los ríos retomen su cauce natural y así evitar inundaciones y futuras sequías.
“Cuando llueva otra vez ya no se va a desviar los ríos Pojom y el Negro, esperamos que sellen el túnel gigante que hicieron en el cerro situado en la comunidad de Platanar, ya no queremos que nos sigan destruyendo”, concluyó Lucas Jorge, presidente regional de segundo nivel en la región de Yichk´isis.
Una empresa hidroeléctrica que atacó a la comunidad
Tras el asesinato de Sebastián Alonzo Juan, de 72 años, en enero de 2017, de la comunidad de Yulch´en Frontera, por parte de agentes de la seguridad privada de las hidroeléctricas, hecho que fue documentado por Prensa Comunitaria, la empresa Energía y Renovación S.A. cambió su estrategia e impulsó una mesa de diálogo, denominada: “Acuerdo para la paz y el desarrollo de San Mateo Ixtatán”. Sin embargo, dirigentes comunitarios y autoridades ancestrales de Yichk´isis denunciaron en su momento que todo el proceso era un montaje para favorecer a la empresa.
“Nosotros nunca estuvimos en ese acuerdo, quienes participaron fueron los de la organización “13 Democracia”, pero ellos nunca informaron a la población de San Mateo Ixtatán. Primero fuimos capturados, intoxicados con bombas lacrimógenas, macheteados, algunos compañeros quedaron con impedimentos por balazos en las piernas y en la nuca; y 4 personas murieron. Lo que nosotros queremos es que se retire la empresa invasora”, opinó en una entrevista Lucas Jorge.
A decir del presidente regional, la organización 13 Democracia fue liderada por Mateo Alonzo Pascual, hermano del alcalde municipal en 2017, Andrés Alonzo Pascual. La figura de Mateo Alonzo ayudó a la empresa a ocupar el espacio de la oposición a las hidroeléctricas en las mesas de diálogo que establecieron en Huehuetenango. El obispo Álvaro Ramazzini, dijo en un programa radial en 2018, que “la organización que Mateo dirige representaba a la oposición critica y constructora, pero dispuesta a negociar”, lo que omitió decir es la relación familiar del representante con el alcalde de aquella años.
A pesar de ese acuerdo firmado en 2018, las amenazas y agresiones contra las ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis y sus autoridades, continúan hasta el día de hoy, según lo denuncian autoridades ancestrales como Lucas Jorge.
Inicio de la resistencia y la respuesta empresarial
La zona en donde se pretendía construir los proyectos hidroeléctricos es tranquila y silenciosa, a lo lejos se escucha el rumor de los ríos cristalinos de Pojom, Negro y Yalwitz, que refrescan el caluroso ambiente del lugar. Algunos picops pasan por el camino de terracería, llevan personas o productos a las comunidades cercanas, pero esta tranquilidad fue rota con la llegada de la gigantesca maquinaria en 2011, a partir de ese momento los ríos fueron desviados, porque se iniciaba la construcción de un megaproyecto.
Los proyectos hidroeléctricos Generadora San Mateo S.A. y Generadora San Andrés S.A. y la Línea de transmisión Innovación Noroccidente, (LTN), están ubicados en San Mateo Ixtatán. Para la construcción de estos proyectos se proyectaba utilizar los ríos Pojom, Negro, Primavera o Yalwitz, Varsovia y Tercer Arroyo, todo ellos ubicados en la zona norte de Huehuetenango, cercanos a la frontera con México.
Para la distribución de energía eléctrica, la empresa Energía Renovación, S.A planificó la construcción de una línea de transmisión y varias subestaciones. La electricidad se transportaría desde las centrales generadoras por vía subterránea, unos 6 kilómetros, hasta una subestación que estaría ubicada en entre Yichk´isis y Nuevo San Mateo y de allí, 26.14 kilómetros por vía aérea hasta conectar al sistema eléctrico nacional.
Estos megaproyectos se planificaron sin consultar a las comunidades, sin tomar en cuenta su cultura y sus sitios sagrados. De hecho, los ríos, los cerros y las plantas, son consideradas sagradas por las poblaciones maya Chuj, Q´anjob´al, Akateka y Mam que conviven en la zona de Yichk´isis.
Las comunidades afectadas, después de realizar consultas internas y asambleas comunitarias, decidieron iniciar una resistencia pacífica en 2011, puesto que no estaban de acuerdo con lo que empezaron a llamar “un proyecto de una empresa invasora”. Desde ese periodo a la actualidad han realizado plantones, toma de caminos, comunicados y múltiples acciones legales en Guatemala. Entre estas un amparo presentado en 2018 ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que no prosperó. Finalmente, demandas en instancias internacionales para exigir el respeto a sus derechos como pueblos originarios.
El acuerdo de paz en San Mateo fue un fenómeno de cinco brazos para un mismo cuerpo
El “Acuerdo para la paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán”, firmado en 2018, se organizó entre el Estado, las empresas, la municipalidad de San Mateo Ixtatán y simpatizantes que respaldan a las hidroeléctricas. Además de la incorporación de una organización que en teoría representaba a la oposición, también se contó con la participación del obispo Álvaro Ramazzini, de la Diócesis de Huehuetenango, en calidad de testigo imparcial.
Ramazzini incumplió su papel y declaró su respaldo a las hidroeléctricas de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation, como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders, en 2018.
No obstante, persistió el rechazo de un grupo de la población que cuestionaba la construcción de los proyectos hidroeléctricos. Dirigentes comunitarios denunciaron que no se convocó a las comunidades, organizaciones y personas que están en contra de la instalación de los proyectos hidroeléctricos y, por el contrario, se incluyó a personas, comunidades y organizaciones pagadas por la misma empresa.
La mesa de diálogo fue convocada y moderada por el Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura, dirigida por German Arnoldo Noriega Pérez, exintegrante de la dirección política del Ejército Guerrillero de los Pobres, (EGP), y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG. Noriega fue condenado el 24 de julio de 2003 a 20 años de cárcel, por la violación sexual de su hijastra, desde que ella tenía siete años de edad, sin embargo, solo cumplió ocho años en prisión.
COMUNICADO URGENTE. Denunciamos el falso diálogo en San Mateo Ixtatán
Además, participó el Gobierno de Guatemala a través de 14 de ministerios y secretarías, el Concejo Municipal, la empresa Energía y Renovación, la Organización Trece Democracia, representantes de las 23 comunidades de la región que supuestamente respaldan las hidroeléctricas y como observador el obispo Monseñor Álvaro Ramazzini Imeri.
“El Consorcio paz y desarrollo no son más que dos asociaciones civiles creadas por el expresidente del Congreso Pedro Muadi, las 23 comunidades y la agrupación 13 Democracia. Son instancias creadas por la empresa misma; a ello se suma el concejo municipal de San Mateo Ixtatán, proclive a la empresa, entonces estamos hablando de cuatro entidades aparentemente distintas, pero son creadas por la misma empresa, que ya está representada en la mesa, entonces son 5 entidades de un mismo tronco”, según Rigoberto Juárez, del Gobierno Ancestral Plurinacional de Huehuetenango.
Juárez informó además que la empresa hidroeléctrica después de haber firmado este acuerdo de paz y desarrollo logró que los Ministerios de gobierno trabajaran para ella. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones realizó obras de infraestructura que sirvieran a la empresa, el Ministerio de Energía y Minas hizo una redistribución de la interconexión eléctrica en las comunidades de acuerdo a los planes de la empresa. Adicionalmente, se incrementó la persecución penal y policial contra dirigentes de comunidades que se oponen a la instalación de los proyectos hidroeléctricos.
“Se creó un panorama de confrontación: la empresa, con el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, empezó a financiar a sicarios que empezaron a amenazar a los liderazgos de cada comunidad, quienes se oponían al proyecto, ese tema se llevó a esa supuesta mesa de diálogo pero no quisieron abordarlo”, aseguró Rigoberto Juárez.
Por su parte, Lucas Jorge aseguró que no fueron convocados porque estaban dispuestos a denunciar que las instituciones que firmaron ese acuerdo eran pagadas por la empresa hidroeléctrica. “La microrregión de Yichk´isis, zona centro, zona alta y casco urbano nunca nos convocaron para hacer ese documento, por que delante de ellos decimos que son bien pagados por la empresa, entonces para que no les quiten el pan dicen que hay un acuerdo de paz”, declaró.
Yichk´isis: antecedentes de abandono y violencia
La región de Yichk´isis históricamente ha quedado en abandono por el Estado de Guatemala. Las comunidades que habitan en esa región fronteriza no cuentan con cobertura educativa para atender a la totalidad de la niñez Chuj ixtateca. El servicio de energía eléctrica es escaso y los programas de salud son limitados y de baja calidad. La mitad de su población registra una situación de pobreza extrema, 80% de desnutrición, 76% de analfabetismo, según datos del informe de Desarrollo Humano, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2016.
Además, la región fue marcada por la violencia que se sufrió durante el Conflicto Armado Interno (CAI) entre la época de 1982 – 1984, cuando se cometieron ejecuciones sistemáticas, masacres, desaparición y migración forzada. En Pojom siete hombres fueron desaparecidos y algunas mujeres violadas bajo vigilancia del Ejército y las Patrullas de la Autodefensa Civil (PAC).
Las cicatrices de esta violencia estatal y de tierra arrasada, en tiempos actuales aún influyen en los conflictos por la propiedad de la tierra, la desconfianza en las autoridades de gobierno, la penetración de bandas de contrabando y más recientemente los conflictos generados por los proyectos hidroeléctricos, todo bajo impunidad y negación de identidades.
