Informe Internacional sugiere que el BID retire su capital a dos hidroeléctricas en Huehuetenango

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Créditos: Francisco Simón Francisco.
Tiempo de lectura: 6 minutos

Por Andrea Hernández Guerra

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) publicó el pasado 13 de octubre el Informe de Verificación de la Observancia de Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A., en el que se reconoce que el BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, para financiar los proyectos hidroeléctricos, por lo que se le recomienda retirar la inversión mediante una “salida responsable” que priorice a las mujeres de las comunidades.

El informe reconoce que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género. También se reconoce que generó impactos ambientales, que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario como se ha hecho creer.

De acuerdo con el MICI, en agosto de 2018 las autoridades comunales e individuos de la microrregión de Yichk’isis, pertenecientes a los pueblos originarios Maya Chuj y Maya Q’anjob’al, de cinco comunidades de San Mateo Ixtatán presentaron un reclamo relacionado con impactos ambientales y sociales de los proyectos y potenciales incumplimientos de las obligaciones de debida diligencia y supervisión de BID Invest.

Las comunidades, representadas por el Gobierno Plurinacional, Q’anjob’al, Popti, Chuj, Akateko y Mestizo, contaron durante este proceso con el apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización no gubernamental de abogados que brindan asesoramiento jurídico y científico a comunidades para la defensa del medio ambiente, así como la Plataforma Internacional contra la Impunidad, una alianza de organizaciones de las sociedades civiles de Europa y Centroamérica, que respaldan y promueven procesos de incidencia para los Derechos Humanos.

A partir de ello, el MICI realizó la investigación y visitó mediante una misión en noviembre de 2019 las comunidades de Yichk’isis, Yulch’en Frontera y Bella Linda. Durante la investigación MICI realizó 70 reuniones y 470 entrevistas en las cuales se acercó a todas las partes involucradas, incluidos solicitantes, funcionarios del BID Invest, consultores, expertos ambientales y sociales, empresa, autoridades nacionales y locales, organismos internacionales y personas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas, directa o indirectamente, con los dos proyectos.

Principales recomendaciones del informe

El informe recoge aspectos sustanciales en la identificación de la población afectada como indígenas, en el reconocimiento de impactos diferenciados por razones de género. También reconoce los mecanismos de participación comunitaria y divulgación de información, en el aumento de conflictividad, violencia y afectaciones al tejido social comunitario. Y en la evaluación e identificación de impactos ambientales, en particular, contaminación de las fuentes de agua, impactos en servicios ecosistémicos y en hábitats naturales críticos.

AIDA señaló que por primera vez un caso presentado ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID abre la posibilidad de que el organismo salga responsablemente del financiamiento otorgado a proyectos hidroeléctricos luego de que se concluyera que la inversión se realizó desconociendo la presencia de pueblos indígenas.

Un paso adelante en el camino organizativo de Yichk’isis

Rigoberto Juárez, del Equipo Coordinador del Gobierno Plurinacional de la microrregión, destacó que Yichk’isis es una microrregión de territorio Q’anjob’al que abarca tres nacionalidades: Maya Akateka, Chuj y Q’anjob’al. A su criterio, Yichk’isis no es solo una resistencia pacífica sino una organización permanente.

“No es resistencia sino lucha permanente de los pueblos por sus derechos, por la vida, en la medida que eso va a existir tendremos la posibilidad de demostrarle al mundo entero que tenemos derechos a la vida”, dice Rigoberto.

Sobre este territorio están otorgadas una serie de licencias a empresas que no conocen, pero que tiene como objetivo la explotación minera en la zona. De acuerdo con él, hay 27 licencias de extracción minera otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Mucho antes de presentar la solicitud a MICI, agotaron todos los mecanismos locales y no obtuvieron respuestas. Presentaron memoriales ante el MEM, y el Congreso de la República, pero no hubo respuesta, por lo que realizaron una serie de consultas internas entre 2006 y 2009. Se consultó a los pueblos si por un lado conocían los proyectos y por el otro si estaban de acuerdo con el establecimiento en el territorio.

“En la nación Chuj, Akateka, Q’anjob’al las consultas determinaron que no se iba a permitir esos proyectos en el territorio y el 99% de personas los rechazó”, detalla Juárez.

Agregó que las generadoras San Mateo y San Andrés están en concordancia y complicidad con el Estado, porque a pesar de tener conocimiento de ello y de tener mecanismos para eliminar las licencias ignoran la situación.

“Se agotaron los mecanismos nacionales y se acude a estas entidades que apoyan financieramente estos proyectos y se ve que ellos tienen unos instrumentos que deben de respetar los derechos humanos de los Pueblos. Se conoce que uno de los aspectos importantes en los mecanismos propios de estos bancos es que si son pueblos indígenas se debe de consultar previamente, lo cual no se hizo y el territorio está habitado por un 99% de pueblos indígenas”, informó Juárez.

De esa manera, la organización de la microrregión acudió para verificar y encontrar si existía este mecanismo y plantearon la queja en 2018, la cual aprobó e iniciaron las investigaciones en 2019. Rigoberto Juárez informó que debido a la serie de actos de criminalización que la empresa realizó en el territorio durante varios años, el mismo MICI tenía temor de enviar una misión para visitar el territorio. No obstante, las visitas de investigación se llevaron a cabo y como microrregión garantizaron que se cumplieran las medidas de seguridad para todos los visitantes.

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“Estamos viendo que hay dos proyectos que han generado violencia, muerte, represión, persecución, criminalización, si ese es el modelo de desarrollo que nos hablan, es modelo de muerte, de exterminio”, concluye Rigoberto Juárez, del Gobierno Plurinacional.

Por su parte Lucas Jorge, presidente regional de Yichk’isis recordó que el MICI llegó a su territorio a realizar la investigación con una serie de consultas y que así pudieron evidenciar todos los daños que se habían ocasionado especialmente a los ríos.

Reconoce que a partir de la presentación del informe quieren que se cancele el financiamiento del banco a la empresa, pese a que por ahora no está operando. “Está paralizado, porque saben muy bien que no tienen fundamento base y no cumplieron con la consulta comunitaria de buena fe que se hizo en 2009 donde el 99% de la población dijo no a la hidroeléctrica y a la minería”, dice.

Y agrega: “ahora estamos tranquilos, pero ya fuimos víctimas, ya fuimos encarcelados, intoxicados con bombas lacrimógenas, órdenes de captura, etc.”.

Por ahora, junto al Gobierno Plurinacional les quedará recorrer todo el municipio para informar ampliamente a todos los pobladores de los resultados del informe y pondrán especial énfasis en que las mujeres, jóvenes y periodistas comunitarios se informen y puedan continuar participando. Posteriormente se reunirán con las demás organizaciones nacionales e internacionales que están presentes y les apoyan en el lugar para analizar a detalle el informe.

Dinámicas comunales

La microrregión de Yichk´isis, ubicada en el municipio de San Mateo Ixtatán, al norte de Huehuetenango es una zona de organización permanente desde el 2010, a partir de la llegada de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA) que, posteriormente se llamó Energía y Renovación, S.A. y que actualmente tiene a su cargo la administración de dos generadoras de hidroeléctricas en la microrregión: Generadora San Andrés y Generadora San Mateo.

Desde su llegada, la empresa ha utilizado diferentes mecanismos para contrarrestar el rechazo social de las comunidades al proyecto extractivista, particularmente cambiando el formato original de hostigamiento y represión de la empresa por la estrategia de negociación, impulsada con colaboración del Gobierno, Municipalidad, comunidades en favor del proyecto y con la moderación de Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura. En noviembre de 2018 firmaron el Acuerdo para la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, posicionando a la empresa como una entidad inclusive superior al Estado.

Ese mismo año las comunidades indígenas de la microrregión de Yichk’isis, tras haber agotado todos los recursos legales internos para solicitar el cese de operaciones y el retiro de la Empresa Energía y Renovación, S.A., acudieron al MICI para solicitar una investigación en el territorio sobre las diversas faltas que cometió tanto la empresa como el brazo de inversión del BID al instalar los proyectos hidroeléctricos desde 2013.

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La petición fue aprobada en 2019 y dos años después, tras varias postergaciones, presentaron los resultados de la investigación con 29 recomendaciones que ya fueron aprobadas por el Directorio Ejecutivo del BID entre las cuales resaltan que el banco negó la presencia de pueblos indígenas y categorizó a las comunidades como ladinas.

Autoría y edición

Joven apasionada por la investigación y el periodismo, politóloga en formación. Forma parte de Entre Ríos de Prensa Comunitaria. Ha trabajado para diferentes proyectos de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de manera independiente en consultorías sobre migración, medio ambiente, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas.

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