Por David Diego Marcos
El Gobierno Ancestral Plurinacional del territorio Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti, espera que una queja ante el Sistema Bancario de Financiamiento de proyectos de minería e hidroeléctricas, en el norte de Huehuetenango, aceptada desde hace tres años y postergado el informe de investigación en cuatro ocasiones, finalmente se de a conocer este mes, informó Rigoberto Juárez.
La petición fue hecha ante las graves violaciones a los derechos humanos y la conflictividad social que se ha generado desde la llegada de esas empresas a la microregión de Yichk’isis y otros territorios.
Juárez, dirigente del Gobierno Ancestral, señaló que ante el incremento de la problemática social, criminalización, acusaciones y asesinato de líderes comunitarios, se llevó a cabo una investigación para determinar de dónde provenía el financiamiento de las empresas en sus territorios y se constató que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el KFW y el FMO, banco alemán y banco del gobierno holandés, respectivamente, son sus principales fuentes.
En 2017 se recabó la información de las agresiones y violaciones a los derechos humanos, de la población del territorio Chuj y luego se presentó una denuncia por parte del Gobierno Ancestral Plurinacional y organizaciones de la sociedad civil, para evidenciar los diferentes hechos ocurridos contra la población y quienes defienden sus territorios y los bienes naturales, indicó.
La queja se logró con el apoyo de la Plataforma Internacional contra la Impunidad con oficinas en Guatemala, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) que tiene presencia en América Latina con sede en Colombia. En 2018 fue admitida ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el 2018 el MICI inició las investigaciones por la queja interpuesta por gobierno plurinacional y organizaciones de la sociedad civil de San Mateo Ixtatán, basándose en lo que dicen las normativas internas de los bancos, en las que establece que al financiar un proyecto de cualquier naturaleza en territorio de pueblos indígenas, el banco esta obligado a consultar a los pueblos si no atenta contra la cultura, la vida y la Cosmovisión.
A decir de Juárez, la empresa Energía y Renovación no tomó en cuenta estas normas, aduciendo en su solicitud al banco que en la microregión de Yichk’isis no existen pueblos indígenas.
El 9 y 10 de noviembre de 2019 llegó la comisión del MICI para atender los reclamos de las comunidades afectadas por los proyectos financiados por cualquiera de las instituciones que integran el Grupo BID, respecto al potencial incumplimiento de uno o más de sus estándares ambientales y sociales a la región de Yichk’isis que agrupa a 8 comunidades y tres caseríos de habla Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Mestizo del municipio de San Mateo Ixtatán (Yichk’isis es la única región del municipio diversa en cultura e idiomas).
La investigación se centró en zonas arqueológicas, identidad del pueblo Chuj y los daños que ha provocado la empresa: desvío de ríos, conflicto, migración forzada, desplazamiento interno y entre otros.
Los integrantes de la comisión indicaron que en un tiempo máximo de 9 meses informarían si hay o no lugar a la queja y proceder a suspender el fondo que habían otorgado a la empresa.
A las reuniones asistieron alcaldes comunitarios, entre ellos los miembros de la junta directiva de la región, alcaldes auxiliares presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), comités locales, representantes del Gobierno Plurinacional, instituciones y organizaciones de acompañamiento y de las comunidades: ancianos, mujeres, hombres y niños.
Juárez hizo énfasis en que a principio de 2020 se habló de la posibilidad de una respuesta a la queja interpuesta pero no se logró llevar a cabo, debido a las restricciones provocadas por la Pandemia de Covid 19 y se fue postergando, también se habló de la posibilidad de que se diera el informe en el mes de noviembre de ese mismo año, pero no se presentó.
El dirigente del Gobierno Ancestral Plurinacional destacó que en enero de 2021 se hablaba de la posibilidad de que el BID diera un dictamen final y tampoco se concretó. Hasta la fecha se dice de que en abril se podría dar el dictamen para determinar si se decide retirar el financiamiento económico a la empresa Energía y Renovación o va a ser omiso a las graves violación de derechos humanos
Se debe resaltar que entre las normativas del banco se establece que en un plazo de seis meses, máximo nueve, se debe presentar un informe o dictamen, pero este aspecto ya fue postergado en cuatro ocasiones, concluyó Juárez.
