Por Prensa Comunitaria
El Ministerio Público pidió al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, que el general Víctor Augusto Vásquez Echeverría y el teniente coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco, sean investigados por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad, durante la audiencia de primera declaración, que dio inicio el pasado martes.
A Vásquez Echeverría se le señala de participar en la desaparición forzada de cuatro personas y delitos contra los deberes de humanidad de 13, en tanto a Oliva Blanco, por el delito de desaparición forzada de ocho personas.
Las acciones que se les atribuyen tanto a Oliva Blanco como a Vásquez Echeverría se sustentan en actas testimoniales, certificados oficiales, peritajes, manuales y documentos militares que los ubican como parte del sistema de inteligencia que realizaba desapariciones forzadas.
Durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) señaló a Vásquez Echeverría, de 79 años, como uno de los perpetradores de la desaparición forzada de Amancio Samuel Villatoro, Sergio Saúl Linares Morales, Zoilo Canales Salazar, Juan de Dios Samayoa Velásquez, Hugo Adail Navarro Mérida, Moisés Saravia López, y de los hermanos María y Juan Pablo Armira López, de 15 y 12 años, cuando estuvo asignado en la Zona Militar No. 3 de Chimaltenango.
De estas personas, dijo la Fiscalía, fueron localizadas e identificadas las osamentas de Sergio Saúl Linares, Amancio Samuel Villatoro, Zoilo Canales Salazar y Juan de Dios Samayoa, Hugo Adaíl Navarro Mérida, Moisés Saravia López en una parte de las instalaciones del antiguo destacamento militar de Comalapa.
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Bajo estos indicios, la fiscalía de derechos humanos argumentó que Vásquez Echeverría tenía conocimiento del ingreso de las personas detenidas ilegalmente al destacamento, donde fueron encontradas sus osamentas, ocultando su paradero. Contribuyó así a la institucionalización de la desaparición forzada cuando fue comandante de la Zona Militar de Chimaltenango entre abril de 1983 al 31 de mayo de 1985.
El general Vásquez Echeverría, fue oficial de logística (S4) en 1974. De 1983 a 1985 fue comandante de la zona militar no. 302 de Chimaltenango; de 1985 a 1986, de la zona militar no. 6, de Izabal; de 1992 a 1994 fue comandante de la zona militar no. 20, de Quiché y durante el gobierno del general Fernando Romero Lucas García fue oficial de personal (S1).
A Oliva Blanco, la Fiscalía lo señala de formar parte de una estructura clandestina e ilegal cuando se desempeñó como primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional entre 1982 y 1984.
Bajo esas funciones, sostuvo la fiscalía de derechos humanos, ocultó el destino y paradero de al menos 131 personas. De ese total, se encontraron 6 en instalaciones militares y 15 cadáveres localizados en la vía pública con señales de tortura.
Según los argumentos presentados por el MP, las personas detenidas ilegalmente fueron sometidas a métodos de tortura. 28 mujeres sufrieron violencia y violación sexual, de las cuales 4 estaban en estado de gestación y una niña de 9 años.
Además se le señala de ser responsable de violaciones a los derechos humanos de Marvin Girón Ruano, Jorge Alfonso Gregorio Velásquez Soto, Alma Lucrecia Osorio Bobadilla y familia Muralles Paz, todos registrados en el Diario Militar.
A Oliva Blanco, también se le vincula a la estructura que operaba centros clandestinos e ilegales de detención, donde se detuvo a personas y se les sometió a métodos de tortura, tratos crueles, violencia y violación sexual en contra de mujeres.
Además, habría facilitado vehículos y armamento asignado al DIT para utilizarlos en los operativos contra personas consideradas como enemigo interno, con el propósito de neutralizarlas, controlarlas y eliminarlas, según la doctrina militar contrainsurgente del ejército de Guatemala.
Para la Fiscalía, estas operaciones clandestinas y detenciones ilegales fueron parte de un plan común para la ejecución de operativos contra personas consideradas enemigo interno registradas en el Diario Militar.
Las personas consideradas enemigo interno, fueron detenidas ilegalmente, sometidas a torturas y utilizadas como fuentes de información que servían para alimentar el sistema clandestino e ilegal de inteligencia en coordinación con el EMP-PN.
Los hechos señalados a Oliva Blanco se enmarcan, según la acusación del MP, en los delitos de desaparición forzada de 4 personas y delitos contra los deberes de humanidad de 13 personas, entre ellas dos niños de 4 y 2 años.
El teniente coronel Oliva Blanco fue capitán de las Reservas Militares en 1975. También fue jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) entre 1982 y 1984 y subdirector de la Policía Nacional en 1990. De 1980 a 1985, como capitán del ejército, desempeñó distintas funciones, principalmente en el Estado Mayor del Ejército y como oficial de inteligencia en las zonas militares 1, 14, 16 y 21.
Al final de la jornada, el Juez Miguel Ángel Gálvez, programó la próxima audiencia, para este jueves 16 de septiembre, en la que escuchará a los querellantes del caso y la defensa de los exmilitares acusados.
Los militares retirados Gustavo Adolfo Oliva Blanco y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, acusados de pertenecer a una estructura que realizó detenciones ilegales y desaparición forzada de 183 opositores políticos entre 1983 y 1985, durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores, iniciaron este martes la audiencia de primera declaración.
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