Por Regina Pérez
Recientemente la organización Centinelas, conformada por distintos credos religiosos, señaló al Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras, de haber montado un caso en contra de uno de sus miembros. El pasado 21 de septiembre, Porras fue agregada en la lista de Actores Corruptos y No Democráticos del Departamento de Estado de EE.UU., por obstruir investigaciones penales. La obstaculización de la justicia y la criminalización a defensores de derechos humanos, ha sido una constante política en la gestión de la Fiscal General. Varios sectores han solicitado su renuncia luego de que despidiera al fiscal Juan Francisco Sandoval.
Mayra Rodríguez, del sector interreligioso Centinelas, señaló que la Fiscalía de Delitos Electorales, que antes era dirigida por Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), emprendió una persecución penal en contra de Misael Méndez, miembro de esa organización.
Méndez fue implicado en el caso “Política y Falsedad”, en el que también fueron vinculadas 15 personas, entre ellas el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, las activistas políticas Ingry Leja y Matilde Baján, el periodista retirado Byron Barrera, entre otros.
Actualmente Méndez está ligado a proceso por falsedad ideológica y agravación electoral, cuenta con arresto domiciliario y tiene prohibido movilizarse fuera del lugar donde reside y trabaja. El 22 de marzo de 2022 será su audiencia de etapa intermedia.
Para Rodríguez, este caso fue montado por la Fiscalía de Delitos Electorales, cuando Curruchiche estaba al mando de esa Fiscalía. “En el caso de nuestro compañero hubo un robo de identidad, creemos que sí es un caso de persecución política dirigida especialmente a Argüello y Foppa, por lo que ellos han hecho en su momento de evidenciar como se mueven las mafias de corrupción en Guatemala”, indicó.
Captura de Solórzano Foppa podría ser un caso de persecución política a opositores
La integrante de Centinelas agregó que para complicar el proceso vincularon a otras personas que también han hecho denuncias públicas. En el caso de nuestro compañero, incluso ha firmado tachas contra aspirantes a las Cortes y que han estado en la línea de cooptación de las instituciones “por eso afirmamos que sí es un caso de criminalización, montado”, afirmó.
Se han documentado varias denuncias judiciales
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), señaló que han documentado varios casos de denuncias judiciales sin fundamento en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Por ejemplo, la denuncia en contra de la presidenta de la Junta Directiva de Udefegua, Claudia Samayoa y el activista Josué Manuel Martínez de Justicia Ya, que fueron denunciados penalmente por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néster Vásquez Pimentel, ahora magistrado de la Corte de Constitucionalidad; denuncias judiciales sin fundamento en contra de liderazgo social, campesinos, indígenas y resistencias pacíficas. Por mencionar algunos nombres: María Choc, Angélica Choc, Abelino Chub, Eduardo Bin, Rigoberto Juárez.
Las romerías de María Choc, traductora Q’eqchi’ criminalizada
Para Santos, “la criminalización es la columna vertebral de la estrategia de represión del gobierno guatemalteco y de las élites que la acompañan”.
El defensor indicó que el objetivo de esta criminalización, en la plena consolidación del estado autoritario, es la “muerte civil” de lo que ellos consideran la oposición al régimen y deslegitimar la voz de quienes defienden derechos humanos.
La criminalización tiene varios factores, pero cuando llega a su manifestación de denuncia judicial sin fundamento o una detención ilegal, lo que se pretende es matar la vida civil de una persona, acallarla, deslegitimarla de tal manera que lo que exprese pierda su peso fundamental, dijo el defensor.
Para el abogado Ramón Cadena, existe un patrón de criminalización contra todas y todos aquellos que no comparten la política del gobierno “que es a favor de la corrupción”, entre los cuales entran juezas, jueces, defensores de derechos humanos y algunos fiscales como el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, así como abogados.
“Porras debiera de renunciar”
Además de los señalamientos de la sociedad civil en contra de Porras por montar casos en contra de defensores de derechos humanos, este 21 de septiembre, Estados Unidos anunció que la fiscal general, Consuelo Porras, y su secretario general, Ángel Pineda, fueron añadidos a la lista de perpetradores de Estados Unidos de Actores Antidemocráticos y Corruptos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Porras obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales.
Cadena señaló que sí existe una política de criminalización desde el MP pero además señala de lamentable que un gobierno como Estados Unidos haya calificado a la Fiscal como una persona corrupta, que ordena a fiscales no investigar, que despidió al fiscal Juan Francisco Sandoval, que hacía un excelente trabajo en la FECI y que transfiere a otros fiscales si están investigando casos de corrupción “sí es un patrón de persecución y debiera de renunciar” indicó.
Además de su designación, el abogado indicó que hay casos concretos, no solo el de Centinelas, en que el MP juega un papel en contra de dirigentes comunitarios que luchan contra la corrupción o que defienden derechos.
“Pero con la acusación de ayer que fue verdaderamente grave, crea una crisis total del Estado guatemalteco, porque están acusando a la Fiscal General, la tercera funcionaria de importancia del gobierno, de ser una persona corrupta y de estar obstaculizando casos que se están investigando, es grave y lo que la gente tiene que hacer es seguir exigiendo que renuncie Porras y el Presidente”, indicó Cadena.
Otras investigaciones en contra de activistas
Además de las denuncias en contra de varios activistas, existe un rumor de que el MP ha emprendido investigaciones en contra de personas que participaron en las manifestaciones de noviembre del año 2020. Según Santos, Udefegua ha documentado hechos que les preocupan como la identificación de personas, que habrían participado en esas movilizaciones, algunos estudiantes universitarios, comunicadores sociales y periodistas que han sido buscados en sus casas y lugares de trabajo, aparentemente con fines de criminalización.
Afirmarlo con contundencia no sabemos porque uno de los expedientes está en reserva, pero lo que sí hemos podido documentar a través de las denuncias que hemos recibido es que son buscados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), aparentemente a solicitud de una investigación que lleva el MP, dijo Santos.
Este proceder contrasta con el accionar que el MP debiese de tener en la investigación de las detenciones arbitrarias cometidas el 21 y el 28 de noviembre en contra del abuso de poder y uso excesivo de la fuerza, así como un intento de asesinato en contra de dos jóvenes que perdieron sus ojos, afirmó el defensor, que indica que hasta ahora se desconocen las acciones que el MP ha impulsado para continuar las investigaciones en contra de los responsables de esos hechos.
Respuesta de EE.UU.: Consuelo Porras en lista de actores corruptos y antidemocráticos
