Por Prensa Comunitaria
A más de tres meses de la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI y que con ella se completara la cooptación de la institucionalidad de justicia, este lunes, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la fiscal general Consuelo Porras y Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público (MP), en la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte. La medida incluye la cancelación de visas a los funcionarios.
De acuerdo con la comunicación oficial del secretario de estado Antony J. Blinken, el patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a fiscales del MP “que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción”.
Para el Departamento de estado, Ángel Pineda, secretario general del MP, también obstruyó investigaciones de actos de corrupción interfiriendo en las investigaciones y alertó a algunas de las personas investigadas en casos que se estaban construyendo en su contra.
El 17 de julio, Pineda fue señalado por un testigo de filtrar información a diputados y a la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo de casos en su contra llevados por el MP. Publicaciones periodísticas dieron cuenta de que el secretario general del MP difundió información de uno de los designados en la Lista Engel que criticaba al jefe de la FECI.
Pineda fue designado el 1 de junio de 2021 en sustitución Rony Eulalio López que asumió como magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el listado también se nombra a cinco Magistrados de la Corte Suprema de El Salvador.
A finales de julio, después de la destitución de Juan Francisco Sandoval, el departamento de estado anunció que había “perdido la confianza en la fiscal general y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el Gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”. También suspendió de forma “temporal” la cooperación con el Ministerio Público.
Las acciones del gobierno estadounidense, se entienden como una respuesta al avance del proceso de cooptación del Estado que se dio en el país por parte de redes político criminales, después de la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en enero de 2019, de una ola de movilización social que lleva más de tres meses, y de una emergencia sanitaria provocada por la cuestionada gestión que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha dado a la pandemia de la COVID-19.
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