Por Regina Pérez
La captura del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Solórzano Foppa y otras seis personas, por un caso electoral ha despertado las alarmas, por realizarse en un contexto político en el que los grupos de poder vuelven a recuperar espacios que habían perdido, entre estos las más altas Cortes del país. Su detención pone en duda sobre si es una represalia en su contra por el trabajo que realizó, junto a otros más, en la lucha contra la corrupción, señalan analistas.
También pone en evidencia el uso de recursos legales de manera espuria en contra de opositores al gobierno actual, según el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada.
“Es un caso de persecución política, no es el primer caso que yo tengo”, afirmó Solórzano Foppa ayer desde la carceleta de la Torre de Tribunales. “Sabemos que lo único que quieren es desgastar mi imagen, criminalizar a aquellos que hemos alzado la voz en contra del gobierno, de la corrupción, de los sectores del país que quieren seguir manteniendo al país en la pobreza”, indicó.
Además del exjefe de la SAT fueron detenidos el pasado 19 de mayo Aníbal Argüello, exinvestigador de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Roberto Cáceres Estrada, Matilde Baján y José Miguel Quintanilla, por un caso que el MP denominó “Política y Falsedad”, por supuestamente haber insertado actos falsos en un acta para constituir un partido político.
A las 11 de la noche del 19 de mayo, un Juez de turno les hizo saber el motivo de su aprehensión y resolvió enviar a Solórzano Foppa, Argüello y Quintanilla a prisión provisional al Centro de Detención Preventiva para Hombres “Matamoros”. Su audiencia de primera declaración será el próximo 27 de mayo. Baján fue enviada a un centro preventivo para mujeres en la zona 18.
Para la defensora de derechos humanos, Andrea Ixchíu, con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público (MP), el sistema de justicia en Guatemala, desde las Cortes, Tribunales y la Policía, creó una conducta de persecución y criminalización a cualquier forma de oposición crítica y contra exfuncionarios públicos que han tenido papeles clave en la lucha contra la corrupción.
La aprehensión de Solórzano Foppa la vemos como una acción muy evidente y ejemplificante del tipo de violencia y persecución que tiene la capacidad de cometer el aparato represivo guatemalteco que representa los intereses de grupos paralelos que han estado enfrentado la justicia, dijo Ixchíu.
Según el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, las detención de Solórzano Foppa y Argüello, junto con la presunta investigación que se abrió en contra del abogado Alfonso Carrillo, ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), es parte de un plan que ha avanzado más rápido de lo que se esperaba, para consolidar la captura y cooptación del Estado y para amedrentar a los actores opositores, como las organizaciones de la sociedad civil y a quienes han sido críticos del gobierno y de la Fiscal, como Solórzano Foppa.
Por su parte, el abogado Oswaldo Samayoa, señaló que el contexto político actual de Guatemala, en que la CC tomó una denuncia por un amicus curiae y ha pedido movimientos migratorios de un abogado como que fuera un órgano investigador, revela que el Estado en el que estamos está cooptado.
Ese contexto político pone en duda si la captura del exsuperintendente no es un tipo de represalia política, indicó.
Detención propia de dictaduras
Por otro lado, Samayoa se refirió a las circunstancias de la detención, cuando se utilizó un vehículo sin placas, que no es algo nuevo en el país, sino un tema de impunidad permanente que ha sido usado por el poder de persecución penal históricamente, indicó.
“Todo eso es un mal procedimiento policial, propio de autoritarismo, de dictadura para perseguir a sujetos políticos. Estamos frente un modus operandi del conflicto armado y no frente a un modelo democrático policial”, dijo el abogado.
Esto es un SOS de emergencia, si la ciudadanía no pone atención ahora, creo que estamos en una cascada de la cual no vamos a salir, agregó.
Para Ixchíu, es un síntoma del alto nivel represivo que el gobierno de Alejandro Giammattei realiza en contra de la ciudadanía.
Es una detención arbitraria, haciendo uso de un vehículo sin placas, una serie de violaciones a los procedimientos públicos de detención, están enviando un mensaje ejemplificante, de terror, indicó.
Para Sáenz de Tejada, están enviando un mensaje a la ciudadanía, a los opositores y a la sociedad civil. “El llamado es a hacer una respuesta contundente ante esto. No permitir que se siga atropellando el Estado de derecho y que se utilicen facciosamente las leyes y a las entidades públicas para la persecución de opositores”, manifestó.
También lo ve como un retroceso. Aunque no se están asesinando o desapareciendo opositores, se utiliza la legalidad para servir a intereses espurios, subrayó Sáenz de Tejada.
Afortunadamente Foppa no fue desaparecido ni asesinado, sino que está siendo víctima de un intento de asesinato civil, al meterlo a un proceso judicial que en mediano plazo lo que podría significar es quitarle sus derechos políticos o inviabilizarlo como un futuro candidato opositor, concluyó.
El caso que montó el MP
Según el caso presentado por el MP, Juan Francisco Solórzano Foppa, compareció el 14 de mayo de 2020 al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en calidad de secretario general provisional del Comité del Grupo Promotor Pro Formación del Partido Político Partido Ambientalista Guatemalteco (Partido AGUA), acreditando su representación con el documento con el fin de iniciar los trámites para constituir la organización política.
La investigación efectuada permitió establecer que el 1 de marzo de 2020 no se realizó ninguna actividad y se faltó a la verdad al indicar en el acta notarial, que 553 personas requieren los servicios del notario Carlos Ramiro Moino Cárdenas, para elaborar el acta de grupo promotor, señaló el MP en un comunicado de prensa. Según la Fiscalía, la reunión nunca se llevó a cabo.
Saénz de Tejada señaló que durante los años que se ha dedicado al estudio de partidos políticos se sabe que los procesos de legalización de partidos están saturados de errores, ese tipo de cuestiones de las que ahora se acusa a Solórzano Foppa. Es sorprendente que se actúe en contra de un comité pro formación que finalmente ni continuó avanzando, dijo.
Las capturas de Solórzano Foppa y Aníbal Argüello generaron reacciones de quienes trabajaron con ellos en la lucha contra la corrupción. El exjefe de la extinta CICIG, Iván Velásquez, manifestó su solidaridad con ambos en su cuenta de Twitter y señaló que son perseguidos por lo que han significado en la lucha contra la corrupción. “Los corruptos utilizan la “justicia” para satisfacer su necesidad de venganza. La ciudadanía tiene que reaccionar”, indicó.
La exfiscal general Thelma Aldana manifestó por su parte, “Los saqueadores del Estado gozan de impunidad. En Guatemala se criminaliza a defensores de derechos humanos y a quienes luchan contra la corrupción”.
Durante su gestión como jefe de la SAT, Solórzano Foppa presentó junto al MP y CICIG uno de los casos más grandes de defraudación tributaria, el de Aceros de Guatemala, que defraudó Q255 millones. Por ese caso la empresa tuvo que pagar Q782 millones en concepto de multas e intereses.
Más represión
Ixchíu considera que es posible que en los próximos meses se recrudezca este clima de amedrentamiento contra organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y abogados, contra quienes ya se han visto acciones como el allanamiento a las oficinas del Bufete de Pueblos Indígenas o se han iniciado campañas de difamación contra defensores.
Estas tácticas represivas en Guatemala han sido la norma, especialmente en el conflicto armado. Lo que podemos pronosticar es más represión, más vigilancias y más exilios, como hemos visto en funcionarias públicas y activistas que han tenido que dejar el país por amenazas, puntualizó.
