Este miércoles resolverá el juez si liga o no a proceso a Juan Francisco Solórzano Foppa

COMPARTE

Créditos: Regina Pérez.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Prensa Comunitaria

La audiencia de primera declaración de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Arguello y cinco personas más, en el denominado Caso Política y Falsedad, continuará este miércoles, 9 de junio, a las 8:30 horas, en la que se espera que el juez Israel Celada, del Juzgado Sexto Penal, resuelva si los liga a proceso o no.

El lunes, en el segundo día de la audiencia de primera declaración del Caso Política y Falsedad, el exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa decidió representarse a sí mismo, rechazó las argumentaciones del Ministerio Público (MP) en su contra y solicitó al juez, Israel Celada, le otorgue falta de mérito. Añadió que la falta de mérito no cierra el caso y permite que la fiscalía realice las investigaciones correspondientes.

Antes, el fiscal Rafael Curruchiche, de Delitos Electorales, había solicitado al juez que Solórzano Foppa fuera ligado a proceso, al considerar que es el líder de una estructura criminal que intentó formar un partido político mediante engaño.

El fiscal también pidió que se ligue a proceso a Aníbal Argüello, Giovanny Faggioly, Miguel Quintanilla y Roberto Cáceres Estrada.

Solórzano Foppa reconoció haber presentado un acta ante el TSE, para la constitución de la agrupación política Ambientalista Guatemalteca (AGUA), sin embargo, Curruchiche indicó que al menos 100 personas que aparecían en dicho documento afirmaron que no participaron en dicha asamblea y los datos de una de ellas corresponden a un fallecido.

Por su parte, Juan Francisco Rivas, abogado defensor Solórzano Foppa, consideró “penoso y lamentable” que el MP utilice la Ley contra el Crimen Organizado, al señalar que no hay ninguna estructura criminal; en su criterio, la investigación de la fiscalía carece de objetividad y de métodos especiales de investigación, y rechazó que su defendido sea o haya sido parte de una “asociación ilícita”.

Asimismo, argumentó que la detención de Solórzano Foppa puede considerarse ilegal, debido a que durante la captura participaron miembros externos a la Policía Nacional Civil (PNC).

La reciente detención del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa y de uno de los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello es considerada como una venganza política, así lo denunció un grupo de ciudadanos y colectivos que realizaron un plantón de solidaridad este 23 de mayo. 

Solórzano Foppa es considerado uno de los máximos opositores del Gobierno de Alejandro Giammattei, insistió en su inocencia por los cargos de falsedad ideológica que le achacan.

La acusación, que se hizo efectiva la semana pasada con la captura del abogado, señala a Solórzano Foppa y otras 11 personas de falsedad ideológica en la creación de un partido político en 2020.

Solórzano Foppa fue arrestado el 19 de mayo por supuesta falsedad ideológica.

Su detención se llevó a cabo en una avenida al sur de la Ciudad de Guatemala por automóviles sin matrícula y no identificados que le cerraron el paso sin explicación, según explicó en redes sociales al momento de su captura y posteriormente en declaraciones a periodistas.

Lea más:

El arresto se produjo varios minutos después de ser interceptado por las fuerzas de seguridad ya que, según precisó Solórzano Foppa, los policías que lo detuvieron no le brindaban motivos al respecto.

El fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, aseguró en medios locales que la captura se debió a que supuestamente Solórzano Foppa y otras personas “de forma dolosa y deliberada insertaron hechos y actos falsos” para la creación de un partido político en 2020.

La labor de Solórzano Foppa al frente de la SAT se caracterizó por lograr una histórica recaudación de impuestos en 2016 y por haber puesto en jaque a varias de las grandes empresas del país por defraudación tributaria, incluida una multa de 100 millones de dólares (la más grande del país) a la firma Aceros de Guatemala.

Lea más:

Autoría y edición

COMPARTE