Por Francisco Simón Francisco
La audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juicio contra Julio Gómez Lucas, autoridad ancestral del pueblo Chuj, que se llevaría a cabo este viernes 7 de mayo de 2021, fue suspendida, a raíz de una apelación presentada por los querellantes, que intentan incluir otro delito.
Gómez Lucas, dirigente comunitario de San Mateo Ixtatán, fue enviado a juicio de debate oral y público por los delitos instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas, supuestamente por haber participado en una manifestación que organizó la Resistencia Pacífica de Yichk´isis el 13 de noviembre de 2017 en la zona norte del municipio, en la que habrían agredido a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y resultara dañada una radio patrulla. Gómez Lucas no estuvo en el lugar.
La vista estaba programada a las 9 horas en la Sala Regional Mixta de Apelaciones, ubicada en el Complejo Departamental de Justicia de Huehuetenango, sin embargo el juez Alberto Calmo Ramírez, encargado del proceso penal en contra de Gómez Lucas, notificó vía telefónica a los abogados de la defensa, que la audiencia programada para esta fecha se había suspendido por una apelación presentada por los abogados de la Generadora San Mateo, subsidiaria de la empresa Energía y Renovación S.A., y 11 querellantes, quienes figuran en la carpeta judicial como agraviados, de los que se sabe son operadores y simpatizantes de esta empresa en San Mateo Ixtatán.
Hasta el momento se desconoce cuándo será reprogramada esta audiencia. Según los abogados de Gómez Lucas, la parte acusadora presentó un recurso de apelación ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia, presidido por el juez Alberto Calmo Ramírez.
En la apelación buscan reformar el auto de procesamiento y revertir la resolución del juez Calmo Ramírez para incluir el delito de agrupación ilegal de gente armada, que fue excluido por el juzgador en su resolución en la audiencia de etapa intermedia realizada el 23 de abril, en la que el juez razonó que no existían pruebas suficientes para enviar a debate oral y público a la autoridad ancestral por este delito.
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Sin embargo, la empresa Energía y Renovación S.A y los querellantes que acusan penalmente a Gómez Lucas, utilizan el litigio malicio y los recursos indebidos para seguir acusando al sindicado por delitos que él nunca cometió y de un hecho al que nunca asistió.
Lo más irracional e injusto es la actitud dócil asumida por el juez Calmo Ramírez, al notificar a las partes procesales fuera de tiempo, han dicho sus defensores. El acusado, los abogados, personal de organizaciones e instituciones que le han dado el acompañamiento al caso ya se encontraban en la ciudad de Huehuetenango cuando fueron notificados, lo que implicó la suma de gastos innecesarios en alojamiento, alimentación y el tiempo invertido en movilidad, además de una tortura psicológica, al considerar que el acusado tiene que recorrer una distancia de 111 kilómetros de su pueblo para llegar al lugar de su audiencia.
Esta no es la primera vez que ocurre la misma situación. Hay una clara intención del juez Calmo Ramírez de responder a los intereses de la empresa e impartir justicia para Julio Gómez Lucas de forma parcial, además de negarle que sea juzgado cerca de su pueblo y su familia, indicaron.
El pasado 25 de marzo, el juez del juzgado, Alberto Calmo Ramírez, decidió cambiar fecha y lugar de la audiencia de etapa intermedia y la trasladó para el 23 del mismo mes en el Complejo Departamental de Justicia de Huehuetenango en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones.
Los abogados José Estuardo Luna Santos y Heriberto Alfonso Ortiz Natareno, representantes de la Generadora San Mateo y de los 11 querellantes, presentaron un memorial para solicitar el traslado de la audiencia a la ciudad de Huehuetenango, argumentando que en la audiencia que se realizó el 26 de enero de este año en el CAJ fueron intimidados y también los querellantes integrantes de una agrupación denominada “23 Comunidades” y de los propios comunitarios que asistieron a la audiencia. El juez aceptó la petición.
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Para Rigoberto Juárez Mateo, autoridad y coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional de Huehuetenango, la actitud asumida por el juez al acceder a la petición de los acusadores de Julio Gómez Lucas es parte de una estrategia de criminalización encaminado por las empresas junto con el Estado de Guatemala y los operadores de justicia en contra de los pueblos y principalmente en contra de quienes alzan la voz en defensa de los derechos colectivos.
Los órganos de justicia en el territorio Q´anjob´al funcionan para defender los intereses de las empresas de hidroeléctricas, por lo tanto, todos los procesos encaminados en contra de defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y su territorio han sido realizados fuera del Centro de Administración de Justicia (CAJ) porque hay una inclinación de jueces y fiscales y un servilismo que tiene el sistema de justicia a los intereses empresariales en nuestro territorio, en cada resolución que el juez favorece más la empresa a través de sus abogados, puntualizó Juárez Mateo.
Suspender la audiencia de Gómez Lucas fuera de tiempo es la evidencia del uso malicioso del sistema de justicia en el territorio Q´anjob´al pese a que en contra del sindicado no hay pruebas que ameriten que sea enviado a juicio de debate oral y público, dijo.
Julio Gómez Lucas es perseguido penalmente por acusaciones falsas de la empresa Energía y Renovación S.A por la liderar el rechazo a la instalación de dos hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis, en donde, además de la criminalización y la persecución penal en contra de las autoridades comunitarias de esta región, la empresa pretende desviar el caudal de los ríos Pojom, Negro (Q´eq Sat) y Yalwitz para la construcción de una represa, dejando desabastecidas a las comunidades de Nueva Concepción y Yulch´en Frontera, que dependen de estos ríos por el servicio de agua potable que les provee.
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