Por Francisco Simón Francisco
Los discursos de criminalización en contra de una parte de la población Chuj, de San Mateo Ixtatán, persisten, debido a la defensa de los recursos naturales y especialmente de los ríos Yalwitz, Negro (Q´eq Sat) y Pojom, y ante el interés de la empresa Energía y Renovación (EyR) S.A. de construir dos plantas de hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis, conformada por ocho aldeas y cuatro caseríos.
La población de esta microrregión ha experimentado las secuelas de la división comunitaria, detenciones ilegales, desplazamiento forzado, persecución penal y asesinatos en contra de las autoridades y dirigentes comunitarios, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas. Estos hechos se han registrado desde que la empresa llegó al territorio, en 2011, luego de obtener licencias municipales y un Estudio de Impacto Ambiental que está puesto en duda.
La empresa, en lugar de cumplir con la etiqueta de “desarrollo sostenible para las comunidades”, se ha dedicado a perseguir penalmente a quienes cuestionan sus intereses.
Razones para defender la tierra y los ríos
La defensa de la tierra y los ríos es determinante y prioritaria por múltiples razones. Primero, según las autoridades, porque la empresa desde el inicio de sus operaciones no respetó las demandas y peticiones de las comunidades que pedían la suspensión de su construcción hasta que se realizará una consulta comunitaria.
Segundo, plantearon que la dimensión de los proyectos debía estar acorde a las necesidades y a la cantidad de la población.
Tercero, no se respetaron los mecanismos de subsistencia y sobrevivencia de las comunidades de Nueva Concepción y Yulch´en Frontera, que dependen actualmente del río Pojom, por el servicio de agua potable que les provee. Y cuarto, los animales están en riesgo, hay evidencias de una contaminación por los canales subterráneos que han construido para desviar los tres ríos en mención.
“Desarrollo para las empresas, se adueñaron de los ríos y los contaminaron, se han secado, los animales mueren, sin consulta a nosotros y somos nativos por miles de años en este territorio y hay olores en los túneles que han construido”, dijeron los comunitarios en una de las regiones que han tenido en Yichk´isis.
Estas lógicas de defensa son formas adversas a los intereses de la empresa Energía y Renovación S.A. y las razones por las cuales han perseguido a Julio Gómez Lucas, defensor del agua y el territorio y autoridad ancestral de pueblo Chuj, por representar la oposición comunitaria a la construcción de hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán y el norte de Huehuetenango.
Gómez Lucas es acusado de tres delitos: reuniones y manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y agrupaciones ilegales de gente armada, supuestamente por organizar y participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Yichk’isis, organizada el 13 de noviembre de 2017.
Uso del litigio malicioso
La audiencia de etapa intermedia de Julio Gómez Lucas estaba programada inicialmente para el 22 de abril, a las 9:00 horas en el juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en Santa Eulalia, Huehuetenango.
Sin embargo, el pasado 25 de marzo, el juez del juzgado, Alberto Calmo Ramírez, decidió cambiar fecha y lugar de la audiencia y la trasladó para el 23 del mismo mes en el Complejo Departamental de Justicia de Huehuetenango en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones.
Los abogados de la empresa Energía y Renovación S.A. y de 11 querellantes que figuran como testigos en el proceso penal en contra de Gómez Lucas, que se sabe son simpatizantes y operadores de la empresa en San Mateo Ixtatán, presentaron un memorial para solicitar el traslado de la audiencia a la ciudad de Huehuetenango. El juez aceptó la petición.
Los abogados José Estuardo Luna Santos y Heriberto Alfonso Ortiz Natareno, representantes de la empresa EyR, argumentaron que en la audiencia que se realizó el 26 de enero de este año en el CAJ fueron intimidados y también los querellantes integrantes de una agrupación denominada “23 Comunidades” y de los propios comunitarios que asistieron a la audiencia.
Uno de los argumentos presentado por los abogados hace referencia a 23 comunidades, pero en el caso contra Gómez únicamente hay 11 personas afines a la empresa y que se autodenominaron con ese nombre sin participación y representación de la mayoría poblacional de la región norte de San Mateo Ixtatán.
Según los abogados los hechos intimidatorios fueron realizados por personas que asistieron a la audiencia y que son integrantes de grupos comunitarios que están en contra del desarrollo de la región norte de Huehuetenango. Las únicas personas que asistieron a la audiencia fueron los acusados, la esposa de Julio Gómez Lucas, Rigoberto Juárez Mateo, como autoridad ancestral y el periodista comunitario Francisco Lucas Pedro.
En las instalaciones del CAJ no se permitió el ingreso a nadie que no fuera parte del proceso, por la situación de la pandemia hay un control permanente desde el portón de entrada hasta las instalaciones del juzgado y la sala de audiencias, nadie más pudo entrar a la sala.
Otro de los hechos presentados por los abogados, consiste en que algunas personas fotografiaron a los querellantes y sus abogados, y que fueron vigilados dentro del juzgado.
El argumento de la empresa es contrario a la realidad. El día de la audiencia, el periodista comunitario, Francisco Lucas Pedro mientras realizaba su labor periodística fue interpelado por Alfonso Ortíz y fotografiado por Luna Santos. Las fotos fueron publicadas en distintos perfiles anónimos de redes sociales, presuntamente afines a la empresa hidroeléctrica para atacarlo directamente.
Las imágenes fueron publicadas en un perfil de Facebook con el nombre de René Medina, una cuenta que se ha utilizado en otras ocasiones para atacar y desprestigiar a personas que defienden el agua y el territorio. Y recientemente a los periodistas que documentaron las operaciones opacas de este tipo de empresas en Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas.
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El cuarto hecho planteado, se refieren a publicaciones de noticias, según ellos “claramente tendenciosas”, en contra de la situación procesal que se realiza en Santa Eulalia. En el relato de los hechos los abogados acusan a los comunitarios de la microrregión de Yichk’isis de ser insultantes y agresivos con publicaciones en redes sociales en contra de los mismos abogados y los supuestos comunitarios que han denunciado a Julio Gómez Lucas.
Sin embargo, la empresa y los querellantes tratan de desmentir las acciones realizadas por sus operadores en redes sociales. En varias ocasiones han atacado a las autoridades como a Rigoberto Juárez Mateo, Julio Gómez Lucas y Lucas Jorge. Está red de cuentas que hacen publicaciones bajo el anonimato, está formado por unos 11 perfiles falsos, que reproducen la misma información para atacar a los comunitarios del norte de Huehuetenango y periodistas comunitarios.
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Finalmente, los abogados de EyR y los querellantes acusadores de Julio Gómez Lucas utilizaron como antecedente el hecho ocurrido el 19 de enero de 2015 para justificar el cambio del lugar de la audiencia, alegando que el CAJ no presenta las garantías de seguridad para los auxiliares judiciales, las partes procesales y asistentes comunitarios, como para toda la infraestructura del centro en la audiencia programada para el 22 de abril de 2021.
La intención de la empresa y sus operadores es clara, el caso de Julio Gómez Lucas evidencia que hay una actitud intencionada, no es judicial, es político y a todas luces es criminalización.
Para Robel Toledo, abogado defensor de Gómez Lucas, los defensores de la empresa están haciendo uso del litigio malicioso en este caso. Y lo que la defensa de Julio, busca es demostrar que la acusación contra la autoridad del pueblo Chuj es falsa y que este caso debe cerrarse de inmediato.
Dentro de las peticiones formuladas por los acusadores y sus abogados está el traslado del lugar de la audiencia a la ciudad de Huehuetenango, en la cual se pueda, según ellos, ejercer control y garantizar la presencia de las partes, además de contactos con medios de comunicación. Asimismo, solicitaron un plan de seguridad.
En Guatemala como en Huehuetenango, se ha podido observar que en algunas ocasiones las empresas vinculadas a minerías e hidroeléctricas buscan llevar los casos, como el de Julio Gómez Lucas, a juzgados con presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La censura y las restricciones a los medios de comunicación alternativos, son otras formas de distanciar la justicia y el acceso a las fuentes de información a la población en general como el caso del pueblo Chuj.
