Por Francisco Simón, Nelton Rivera, Diego Petzey, David Diego y Palas Luin
El juez Alberto Calmo Ramírez envió a juicio al defensor del agua y territorio, Julio Gómez Lucas, por los delitos de instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas, supuestamente por haber participado en una manifestación que organizó la Resistencia Pacífica de Yichk’isis el 13 de noviembre de 2017, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en la que habrían agredido a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y resultara dañada una radiopatrulla. La población protestaba en contra de la instalación de dos hidroeléctricas en la región.
Calmo no ligó a Gómez Lucas por el delito de agrupaciones ilegales de gente armada, por otro lado, le dictó arresto domiciliario por lo que tiene prohibido movilizarse a Yichk’isis, viajar a la cabecera departamental de Huehuetenango y a la ciudad capital.
Luego de conocer la decisión del juez, el defensor del agua y autoridad ancestral señaló que en el proceso ha habido discriminación hacia él, por defender el agua y la vida. Además dijo que con las pruebas de su defensa se demostró que es inocente.
Rigoberto Juárez, del Gobierno Ancestral Plurinacional de Huehuetenango, quien acompañó a Gómez Lucas durante la audiencia, indicó que cuando las autoridades indígenas defienden sus bienes, pareciera que es un delito, pero cuando las empresas de manera arbitraria entran a sus territorios, destrozan cerros y se llevan el agua, pareciera que son las víctimas.
Si hubiera una impartición de justicia objetiva por parte de los juzgadores quedaría claro que no hay delito. Es evidente que lo que hicieron los supuestos agraviados es mentir a la justicia, afirmó.
¿Qué pasó en la audiencia?
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, este viernes comenzó la audiencia de etapa intermedia del defensor del agua y territorio en la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Huehuetenango, ubicada en el Complejo Departamental de Justicia de Huehuetenango.
Gómez Lucas fue acusado por la empresa Generadora San Mateo, subsidiaria de Energía y Renovación, S.A., de la familia Castillo, dueños de la Cervecería Gallo en Guatemala, que busca construir dos plantas hidroeléctricas en la región de Yichk’isis, en San Mateo Ixtatán.
Durante la audiencia de etapa intermedia se dieron a conocer los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2017. El defensor de Gómez Lucas, Natalio Rivera, solicitó al juez separar del caso a los querellantes y a la empresa, señalando que no tienen argumentos para acusar a Gómez del delito de instigación a delinquir y que compete al Estado reclamar los daños ocasionados a una patrulla de la PNC.
En este caso, quienes pueden constituirse como querellantes son los agentes de la PNC o la Procuraduría General de la Nación, pero no una empresa privada, argumentó el abogado.
No obstante, el juez Calmo Ramírez rechazó el incidente presentado por Rivera a favor del Julio Gómez y aceptó que trabajadores de la hidroeléctrica y la empresa sean querellantes definitivos.
Por su parte, el fiscal Daniel Son, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) dijo durante la acusación que Gómez Lucas fue reconocido el día de los hechos por su estatura y su voz, a pesar de estar encapuchado.
Por su parte, los abogados de los querellantes que acusan al defensor Chuj, señalaron que 11 agraviados lograron identificar a Gómez Lucas en esa manifestación.
No obstante, según un acta que levantaron los comunitarios, ese día por la mañana los pobladores fueron a dejar un documento a la PNC para pedirles que se retiraran del lugar, pero al salir de la estación fueron agredidos con bombas lacrimógenas y que incluso hubo una balacera.
En el acta también señalan que alrededor de las 12 del medio día, la seguridad de la empresa comenzó a atacar a los pobladores que manifestaban de manera pacífica. “Todos los manifestantes se asustaron por la balacera que hizo la seguridad de la empresa” indicaron en el documento.
El MP expuso un álbum fotográfico de las personas que supuestamente agredieron a los agentes de la PNC y los daños que ocasionaron a la radiopatrulla. En ningún momento se mencionó sobre daños a las instalaciones de la empresa.
El fiscal también se refirió a una prueba balística que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) con las armas que se encontraron en el lugar, sin embargo no se identificó a qué grupos pertenecían.
En Yichk’isis los que poseen armas son la seguridad privada de la empresa, los agentes de la PNC y el ejército.
Por su parte, la defensa de Gómez argumentó que el día en que ocurrieron los hechos había agentes de seguridad privada de la empresa, policías y ejército con entrenamiento y estrategias de seguridad y control, y que no detuvieron al defensor en ese momento.
Es una cuestión ilógica que no hayan podido detener al acusado y es ilógico que una sola persona organizara un hecho ilícito contra la subestación policial, razonó Rivera.
Rivera también argumentó al juez que Gómez es hablante Chuj , si estuvo en la manifestación, ¿Cómo pudieron los testigos entender lo qué el hablaba?, en alusión a que dos de los testigos y el representante de la empresa, Juan Alfonso, hablan español.
La defensa expuso otras contradicciones, como que uno de los testigos dijo en su declaración que conoció a Gómez Lucas en 2006, sin embargo, Lucas se encontraba en Estados Unidos en ese entonces y regresó en 2007.
Otra inconsistencia es que en la audiencia no se presentó ningún arma para poder probar que hubo pobladores armados en Yichk’isis en la manifestación del 13 de noviembre. Los testigos que presentó la empresa son referenciales, no del hecho ocurrido, dijo Rivera.
El abogado también señaló que el conflicto en esa microrregión empezó con la llegada de la empresa, al no respetar las decisiones de las comunidades alrededor de la construcción de las hidroeléctricas.
Acompañan a Gómez Lucas
Durante la audiencia de Gómez Lucas se puso observar a observadores de la Procuraduría de Derechos Humanos, Acoguate, Naciones Unidas, periodistas y a representantes de la autoridad ancestral del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango.
Afuera del complejo de justicia hubo una campaña de apoyo y solidaridad con el defensor. Varias personas portaban carteles relativos a su inocencia, en los que se podía leer: “Defender el territorio no es un delito, es un derecho”, “Tenemos derecho a vivir en territorios libres de empresas”, “Basta ya de falsas acusaciones”, “Julio Gómez no es un criminal, es un defensor de la vida y el territorio”, entre otros.
