Por Diego Petzey
No es fácil comprender las dimensiones y efectos del racismo y discriminación que de manera histórica y sistemática han vivido los pueblos mayas en Guatemala. Visibilizar estás prácticas se vuelve aún más complejo porque son operativizadas desde estructuras sociales y de poder. En los casos de criminalización y persecución penal contra autoridades mayas, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, las instituciones gubernamentales se convierten en la cara visible de este mecanismo, que se deja ver de forma descarada en el caso de Julio Gómez, una autoridad maya Chuj de San Mateo Ixtatán.
Las persecución penal y criminalización de autoridades indígenas pareciera ser el arma perfecta para invadir las territorialidades indígenas en pleno siglo XXI y a plena luz del día: Inicia considerando a las comunidades y autoridades mayas que defienden sus territorios y a la naturaleza como “peligrosos o terroristas que se oponen al desarrollo”, entendiéndolo desde la lógica estatal-privada, como la introducción o establecimiento de empresas transnacionales o industrias extractivas en territorios indígenas para explotar y lucrar con los recursos naturales.
En el informe El Impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: Entre la invisibilización y la resistencia colectiva, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en diciembre de 2020, se menciona que el 80 % del área ocupada por los pueblos indígenas contiene bosques, unas 330 millones de hectáreas y relata que en los últimos diez años las amenazas externas a los recursos de parte de empresas mineras, petroleras, agropecuarias y forestales, agricultores, grupos ilícitos y especuladores de tierra, han aumentado de forma notable.
Julio Gómez Lucas es juzgado a 111 kilómetros de su pueblo de origen
El 23 de abril fue la audiencia de etapa intermedia en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Complejo de Justicia de Huehuetenango en contra Julio Gómez Lucas.
El Estado de Guatemala históricamente no ha logrado que los pueblos indígenas accedan a servicios básicos como salud, educación, acceso a tierras y mucho menos a la justicia, y si la hay, es con parcialidad, criminalización y persecución injusta. Según el anuario estadístico del Organismo Judicial del año 2019, existen seis jueces por cada 100 mil habitantes.
Inicialmente la audiencia se había programado para el 22 de abril de 2021 en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia, sin embargo, el juez Alberto Calmo Ramírez decidió reprogramarla y trasladarla a la cabecera departamental de Huehuetenango, a petición de la parte acusadora.
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Los abogados de la generadora San Mateo, subsidiaria de la empresa Energía y Renovación, S.A y de 11 querellantes que figuran como testigos y agraviados en el proceso penal en contra Gómez Lucas, presentaron un memorial al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en el CAJ liderado por Calmo Ramírez, aduciendo que en Santa Eulalia no existían las garantías de seguridad necesarias para que la audiencia se llevara a cabo en el lugar y solicitaron al juez que se realizara en la cabecera departamental y que “se cuente con el personal de seguridad del Estado en respuesta a cualquier contingencia que pueda suceder ajena al proceso que se conoce”.
La decisión del juez Alberto Calmo Ramírez de trasladar la audiencia a la cabecera departamental vulnera el derecho de Gómez Lucas, a ser juzgado en un centro de justicia cercana a su pueblo; pareciera ser que la decisión responde a los intereses de la generadora San Mateo S.A., más que a las garantías de seguridad y que en trasfondo están la criminalización, el racismo y la negación de justicia en el ámbito cultural, social y local del sindicado, una autoridad a quien su pueblo lo reconoce por su larga trayectoria comunitaria y lucha en defensa del territorio Chuj.
Ahora las próximas audiencias contra Julio Gómez serán conocidos por el mismo juez a 111 kilómetros de su pueblo de origen y a casi siete horas de camino en autobús. Para atender las audiencias Julio debe viajar desde las 2 de la madrugada para estar antes de las 9 a.m. en el juzgado.
La parte acusadora también argumentó que en audiencias anteriores “vecinos de las comunidades de la región norte de Huehuetenango, en redes sociales se dedican a la publicación de noticias claramente tendenciosas…” y que hubo “hechos intimidatorios realizados por personas que asisten a las audiencias, integrantes de grupos de personas y comunitarios que están en contra del desarrollo de la región norte de Huehuetenango y de San Mateo Ixtatán y medios de comunicación a nivel regional”.
Según el último censo realizado en el 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, en San Mateo Ixtatán la cantidad poblacional de 7 años en adelante es de 34 mil 097, de las cuales 32 mil 206 no utilizan internet y solamente 1 mil 172 declararon que si utilizan internet. Es imposible determinar que las 1mil 172 personas que utilizan internet estén a favor de Julio Gómez y que se dediquen a difamar. Sin embargo, en el reporte periodístico Los netcenter de las hidroeléctricas en Huehuetenango publicado el 22 de febrero de este año en Prensa Comunitaria, se evidencia que 11 cuentas con perfiles falsos en redes sociales y otras cuatro que posiblemente pertenezcan a trabajadores de la empresa Energía y Renovación, S.A., son los que reproducen mensajes de difamación y amenazas de muerte en contra de autoridades mayas”
Un dato importante que se debe considerar en este caso es que el Ministerio Público basó su investigación a partir de testigos referenciales; es decir, personas que no presenciaron los hechos de los que se acusa a Julio Gómez, más bien se enteraron y brindaron su declaración a partir de los rumores de la gente.
El abogado defensor leyó durante la audiencia un extracto de la declaración brindada por un testigo a un fiscal del MP. – “Me podría declarar usted ¿Cuál fue la forma de enterarse de la noticia? —Le dije anteriormente, a través de la gente que rumoraba lo que estaba pasando y después se comentaba todo lo que aparentemente pasó porque no me consta y como te dije la noticia ha trascendió a nivel local y nacional por los medios de comunicación”, seguidamente el abogado defensor dijo que estas declaraciones son inconsistentes y evidencian que las acusaciones de los testigos referenciales fueron basadas en mentiras y rumores.
La maquinaria policial contra la población maya Chuj
En la audiencia de etapa intermedia de Julio Gómez, realizada el 23 de abril de 2021, había aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional Civil y una gran cantidad de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) que resguardaban el Complejo de Justicia de Huehuetenango y se retiraron al finalizar la audiencia. El uso de las fuerzas de seguridad es recurrente cuando se trata de persecución penal contra autoridades indígenas, como si se trataran de personas peligrosas, cuyos delitos son por homicidio, asesinato y otro.
Mientras se celebraba la audiencia, varios representantes de los pueblos Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti llegaron frente al Complejo de Justicia para expresar su apoyo y respaldo a la lucha y liderazgo de Julio Gómez Lucas en la defensa de la madre tierra y los derechos humanos. La mayoría de estas personas eran adultos mayores que a simple vista se veía que sus edades oscilaban de 50 años en adelante y una gran mayoría eran mujeres, durante su presencia estuvieron en silencio; portaban varios carteles en los que se leían expresiones de apoyo al defensor Julio Gómez y rechazo a la criminalización que ejercen las empresas extractivas en sus territorios. La población maya siempre acompañará y respaldará a sus líderes y autoridades porque las causas que ellos defienden son colectivas; es por eso que cuando criminalizan, amenazan o asesinan a uno de sus líderes, el impacto lo vive toda una comunidad.
En la última década, la represión e intimidaciones policiales en contra de la población y autoridades mayas en San Mateo Ixtatán han sido constantes y en algunas ocasiones han intentado militarizar el territorio Chuj, como sucedió el 5 de febrero del 2019, aunque existe un destacamento militar en la región de Yichk´isis que fue instalado el 5 de mayo de 2014 en el periodo del ex presidente Otto Pérez Molina, con el argumento de controlar las líneas fronterizas de Guatemala y México. Sin embargo, se sabe que fue instalado en propiedad de la empresa para cuidar sus intereses y operaciones en el área.
Antes de los Acuerdos de Paz existió la Policía Nacional (PN) y la Guardia de Hacienda. En 1997 surgió la Policía Nacional Civil, a partir de la unión de PN y la guardia de hacienda, durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen.
En el 2007 el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) presentó el informe La Institucionalización de la violencia en Guatemala en el que registró que las políticas implementadas por las autoridades de ese entonces evidencian que la violencia se utiliza desde el Estado como mecanismo de poder. Para esto señalan tres hechos en concreto: 1) Patrullajes conjuntos y creación de la fuerza militar de seguridad ciudadana 2) Labores de inteligencia en manos de militares y 3) Fuerzas especiales antisecuestros con participación del Ministerio Público, PNC, Ejército y particulares.
En la página de web del Ministerio de Gobernación aparece la declaración del subcomisario Esvin Gaspar Jacinto Queché, actual Jefe de la División de Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) donde afirma “que los elementos de la FEP intervienen cuando el diálogo se ha agotado y cuando las autoridades territoriales no son capaces de contener el tipo de operativo”. Estas declaraciones fueron publicadas el 5 de octubre del año 2020 bajo el título “Agentes FEP el último recurso para restablecer el orden en diferentes escenarios”. En noviembre del mismo año esta división policial reprimió protestas pacíficas en la ciudad capital donde ciudadanos exigían la renuncia del presidente Alejando Giammattei, en esa ocasión dos hombres perdieron el ojo izquierdo por los disparos de gases lacrimógenos, decenas de jóvenes fueron arrestados, una periodista de Prensa Comunitaria también fue arrestada por la policía mientras realizaba su trabajo.
Las FEP tienen un entrenamiento de 90 días de los cuales 40 son para preparar a los agentes en técnicas antidisturbios y el resto está dividido para enseñarles tácticas de rescate en casos de catástrofes, esta unidad está conformada por mil agentes.
El pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán es considerado “terrorista”
El 24 de noviembre del 2014 en una columna de opinión titulada “Terrorismo en Guatemala gana terreno” escrito por Juan Carlos Zapata y publicado elPeriódico, menciona que la pugna en contra del desarrollo de proyectos energéticos como sucede en San Mateo Ixtatán, constituyen actos de terrorismo que ha debilitado la imagen internacional de Guatemala. Esta columna de opinión también aparece publicada en la página web de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA).
En el 2015 la revista Contrapoder publicó un reportaje titulado “Huehuetenango, el ingobernable” escrito por Elsa Coronado, en el que considera que “el norte de Huehuetenango es una olla de presión a punto de explotar”. El texto aborda hechos ocurridos un mes antes, en San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, que condujeron al cierre del Centro de Administración de Justicia (CAJ) ubicado en la cabecera municipal de Santa Eulalia.
El 31 de agosto de 2017 el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado donde condena y considera como “actos de terrorismo” la Resistencia Pacífica de la población maya de las comunidades de la microrregión de Yichk´isis en San Mateo. En junio del 2018 la organización Front Line Defenders cuyo objetivo es proteger a defensores/as de derechos humanos en riesgo y de personas que trabajan de forma no violenta, otorgó un reconocimiento de manera oficial a la Resistencia Pacífica de la región norte de Yichk’isis como respuesta a sus mecanismos de lucha social y colectiva para visibilizar y denunciar las injusticias y violaciones a los derechos humanos, cometidas por proyectos hidroeléctricos.
Estos tres casos son ejemplos claros de como los medios de comunicación corporativos con presencia y de fácil acceso a nivel nacional, han sido el canal utilizados para replicar y colocar en el imaginario de la población nacional este lenguaje estigmatizante hacia el pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán. La desinformación, difamación y el uso de un lenguaje y enfoque estigmatizador en contra de la población maya que defiende la naturaleza es constante, a través de estos medios corporativos.
En artículo denominado “Guatemala: El papel de los medios en el debate público” elaborado por Ana Silvia Monzón y Linda García Arenas relata que “en las últimas tres décadas, la historia de los medios de comunicación en Guatemala y su papel en el ámbito público están marcados por varios matices. Lejos de significar democracia y pluralidad de voces, trae connotaciones de propiedad privada, monopolios y concentración de la riqueza, así como de una política estatal de represión y violación de los derechos de libertad de pensamiento, de expresión y opinión, tanto de las ciudadanas y ciudadanos, como de los medios que siguen una línea crítica”.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó en 2015 un informe denominado “Financiamiento de la Política en Guatemala” que analiza el papel de los medios de comunicación, donde afirma que “la estructura de propiedad de los medios con cobertura nacional, tiende a reproducir la desigualdad social, ya que éstos se encuentran fuertemente concentrados y reflejan el sistema oligarco, donde una docena de familias dominan los medios electrónicos, controlando todas las emisoras de televisión y casi todas las radios, y dos grupos de negocios constituidos por nueve familias controlan todos los periódicos de la nación y el 99 % de la circulación”
El pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán y la defensa de su territorio
Luis Solano, autor del estudio “Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN)”, publicado por el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG) relata que Huehuetenango siempre ha formado parte de los intereses geoestratégicos del área. Dos ejemplos citados por este investigador ayudan a comprender las amenazas transnacionales que sigilosamente atentan en contra de la vida de los pueblos y naturaleza.
El primer caso, data de los años 40 donde la compañía Minera de Huehuetenango, extraía plomo en minas de San Miguel Acatán; y el segundo está relacionado a Cuchumaderas, S.A., en la década de 1977, en este año la municipalidad de San Mateo Ixtatán había firmado un contrato con la empresa Cuchumadera para el “saneamiento, reforestación, mantenimiento y explotación de los bosques”. La población, al enterarse del trato entre la municipalidad y la empresa, obligaron a las autoridades a realizar un cabildo abierto y explicar las características del compromiso. Cada uno de los miembros de la corporación municipal dio su información, evidenciando contradicciones que condujeron a que en esa misma sesión renunciara el alcalde. El estudio también relata que a pesar de las amenazas que recibieron los vecinos de San Mateo Ixtatán, éstos organizaron un comité local para defender el bosque, iniciando una demanda legal contra la empresa y como consecuencia el proceso de extracción del bosque quedó detenido.
Una de las reivindicaciones mas reciente de las luchas del pueblo Chuj inició en mayo de 2009 con la realización de una consulta comunitaria con las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el municipio, en este ejercicio comunitario participaron 25 mil 646 personas, el resultado fue que el 99 % de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos en su territorio.
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El pueblo Chuj ha mantenido una relación de respeto y armonía con la naturaleza. El video “Costumbres del pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán”, publicado en 2019 por el canal “Arqueología Mexicana” relata una historia denominada YIK’TI’AL TE’ SON (historia de la marimba) donde consideran que las melodías son inspiraciones del humano y que las han obtenido a través de la naturaleza, como el silbido de los pájaros o el viento de las montañas. Un día un hombre salió de su casa a traer leña, pero cuando llegó a las montañas, escuchó ciertos sonidos, y se preguntó ¿Qué era eso? Se acercó para ver y su sorpresa fue que un pájaro carpintero estaba tocando ese sonido con su pico, de inmediato regresó a su casa y le comentó a su esposa. El hombre se quedó muy preocupado y pensativo porque eso podría significar enfermedad o muerte en su familia. Después se fue a consultar con un guía espiritual maya lo que había escuchado y visto; le dijeron que eso está en su destino, es parte de su vida; y fue el primer fabricante de la marimba y ejecutó los sones y las melodías.
El escuchó que el pájaro sacaba melodías con la madera, fue por eso que el hizo lo mismo, por eso la marimba fue copiada de la melodía que sacaba el pájaro carpintero.
Esta narración demuestra claramente que la población Maya Chuj mantiene un profundo respeto por la naturaleza y una gran responsabilidad para defenderla.
¿Quién es Julio Gómez?
Julio Gómez, de 42 años, dijo que cuando era niño su papa le transmitió los conocimientos para ser agricultor y, a través de este trabajo, comprender la cosmopercepción, armonía y relación del pueblo Chuj con la naturaleza.
Julio Gómez recordó que su padre Pascual Gómez Lucas buscó mejorar las condiciones de vida de su familia y la comunidad, por eso migró hacia México. “Mi papá fue uno de los primeros promotores de desarrollo en el municipio. El quería que yo me graduara de doctor y luchó para que yo estudiara”, relató Gómez. A finales de la década de 1980 su padre enfermó de cólera y le afectó gravemente la salud, ya no pudo trabajar y durante este tiempo no tuvieron comida ni dinero. Por eso abandonó la escuela y empezó a trabajar, llegó solamente hasta cuarto primaria.
Julio es el mayor de siete hermanos, los niveles de pobreza y condiciones de vida de su familia lo obligaron a migrar a los 16 años hacia Estados Unidos, para sostener económicamente a su familia. Es casado y tiene cuatro hijos. Los primeros nacieron en Estados Unidos en 2005 y 2006 y los otros dos nacieron en San Mateo Ixtatán a su regreso a Guatemala.
Durante la audiencia de etapa intermedia de fecha 23 de abril realizada en el Complejo de Justicia de la cabecera departamental de Huehuetenango, el abogado defensor de Julio presentó al juez Alberto Calmo Ramírez un documento de identificación emitido en 2008 en el estado de Georgia, Estados Unidos, donde consta que en esa fecha Julio Gómez vivía en ese país y también presentaron fotocopias de los certificados de nacimiento de sus primeros dos hijos.
A su regreso a San Mateo Ixtatán trajo consigo el dinero que ganó en Estado Unidos y con esto estableció una pequeña ferretería con la cual sostiene económicamente a su familia en la actualidad. Julio relató que siempre siguió los consejos de su papá para ayudar a su comunidad. Por eso involucró en la dinámica comunitaria llegando a conformar parte del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de segundo nivel y en 2012 fue presidente del Consejo Parroquial de la Iglesia Católica.
Ser autoridad en una comunidad maya implica un compromiso fuerte con los principios mayas para defender la naturaleza, donde el interés colectivo prevalece sobre el interés individual. En el censo población, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, se refleja que en San Mateo Ixtatán existen 72 personas que por su cargo comunitario no estaban económicamente activas.
La criminalización de Julio inició desde el 13 de noviembre de 2017, a raíz de que, como autoridad del pueblo maya Chuj, defiende el agua y el territorio de sus ancestros.
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