Por Prensa Comunitaria
La población de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, a 117 kilómetros de la capital, habló con total claridad el 18 de septiembre. No dejó lugar a las dudas: habló con una de las herramientas más importantes que les da la democracia, sus votos, para decir un no rotundo al proyecto minero Cerro Blanco de la empresa canadiense Elevar Resources.
Votaron 8,503 mitecos y mitecas. De ellos, 7,481 rechazaron el proyecto minero a cielo abierto, que según organizaciones ambientalistas en Guatemala y el vecino El Salvador -el proyecto está a 14 kilómetros de la frontera entre ambas naciones- generaría daños irreparables a los flujos acuíferos superficiales y subterráneos y pondría en riesgo aún mayor la seguridad hídrica a millones de personas. El 87% de los votantes dijo no a la mina.
Pero la mina no pierde. En Guatemala, las minas nunca pierden. Y si hay indicios de que algo les puede salir mal recurren a su principal cómplice: el Estado.
Antes de la consulta municipal de vecinos, que según la ley guatemalteca debe de ser libre e informada, la mina había echado mano de todos los trucos sucios del manual para dinamitar el plebiscito. Es, ese, un manual que las industrias extractivas locales y extranjeras han ido escribiendo durante décadas de explotación ilegal de los recursos naturales de Guatemala, y que, en los peores casos, como en El Estor, Izabal, han incluido asesinatos, violaciones sexuales, desalojos ilegales y otros crímenes. En el Caribe guatemalteco son las empresas rusas en el oriente son las canadienses.
En Asunción Mita, según lo han contado a Prensa Comunitaria población, miembros de sociedad civil y líderes religiosos, la mina usó parte de ese manual del despojo para intentar influir en los resultados de la consulta. Primero intentaron desacreditar a quienes dirigían la oposición a la mina, también buscaron provocar violencia con manifestaciones pagadas, quisieron cuestionar estudios técnicos y científicos que advierten de los peligros que enfrentan las comunidades mitecas de aprobarse el proyecto de minería a cielo abierto y buscaron chantajear a los pobladores con el discurso ya conocido de que oponerse a la mina era oponerse al desarrollo. Finalmente, intentaron bloquear la entrada de quienes llegaron a votar a Asunción Mita el 18 de septiembre. Nada de eso les resultó.
Cuando ninguno de las triquiñuelas funcionó y la población expresó su No rotundo al proyecto entró a jugar el que se supone debería de ser el árbitro en todo esto, pero no es más que otro cómplice del extractivismo sanguinario que ha depredado Guatemala; entró a jugar el Estado, esta vez a través del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
A última hora del 19 de septiembre, cuando ya los resultados de la consulta son firmes e incontestables, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió un comunicado en el que desconocía el plebiscito. El concejo municipal de Asunción Mita, dice el MEM, no tiene facultades para convocar la consulta y que la misma no fue avalada por el ministerio. Detrás del argumento hay una confusa explicación sobre los límites territoriales y geográficos del proyecto Cerro Blanco. Sin embargo, ninguno de estos reclamos surgió antes de la consulta municipal. Incluso, se supo que el MEM inscribió a representantes suyos para ser observadores del proceso. Se trata del mismo ministerio que protege las operaciones ilegales de las empresas petroleras en Petén.
De lo que se trata en realidad es de favorecer a la mina en detrimento de los guatemaltecos que se verán afectadas por ella. Es decir, el gobierno de Guatemala vuelve a jugar como abogado particular de una empresa minera en contra de los intereses de sus ciudadanos. El Estado guatemalteco y el gobierno de Giammattei tienen amplia experiencia en esto.
Lo cierto es que la Consulta Municipal de Vecinos es una herramienta del Estado que permite a los vecinos tomar decisiones en casos de afectaciones en su territorio, daciones sobre megaproyectos que les afectan de forma directa y, en este caso, sobre la de operación ilegal de la mina Cerro Blanco. La Consulta Municipal de Vecinos es vinculante y ni el MEM ni instancia alguna puede atacarla o revertirla. De esto hay jurisprudencia en el país, por ejemplo, la Consulta Municipal de Vecinos de Mataquescuintla, Jalapa, y la de San Juan Tecuaco, la de San Rosa de Lima y Nueva Santa Rosa (ambas de 2012).
En el caso de la mina de níquel en El Estor, Izabal, propiedad de la empresa ruso-suiza Solway y de sus operarias Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, el MEM fue el aliado perfecto de los mineros. El ministerio, tanto en el gobierno de Jimmy Morales como en el de Giammattei, permitió a la mina funcionar de forma ilegal al incumplir con las leyes guatemaltecas desde 2005 y la dejó que operara ilegalmente sin acatar una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó su cierre por, precisamente, no consultar a los comunitarios afectados por la actividad extractiva. Luego, el gobierno ayudó a crear las condiciones para que Solway llevara adelante una consulta amañada, la cual también fue descartada por una corte superior. Al final, sin embargo, en las narices del gobierno y con su complicidad, la mina sigue operando.
Para el caso de Cerro Blanco, el comunicado del MEM es solo un adelanto de que el gobierno volverá a pisotear el ejercicio democrático de consulta en favor de los extractivistas, con el mismo guion que en El Estor: leguleyadas y represión. Así, el Estado anuncia que el poder de la canadiense Elevar Rosuorces está por encima del gobierno municipal y de los derechos de los habitantes, no únicamente de los mitecos y mitecas, sino de todos los guatemaltecos.
Y no hay que ser mago para adivinar cuál será la postura del presidente aquí: la de complicidad también. Después de todo, hablamos de Alejandro Giammattei, el mismo que, según una investigación del Ministerio Público y la FECI, recibió un soborno millonario de los extranjeros rusos que controlan la actividad minera en El Estor. De la trama rusa se habló bastante.
A los mitecos les espera una batalla larga en defensa de sus derechos y territorio. Frente a ellos tendrán al gigante depredador de dos cabezas, mina y Estado. Pero ahora saben que el monstruo está asustado: ya le pegaron el primer sablazo con la consulta valiente en que, parados firmes ante él, le gritaron a la cara que no, que en Asunción Mita la minería depredadora no es bienvenida.
Del otro lado de la frontera, los vecinos y vecinas de la comunidad Cuevitas de Metapán, en El Salvador, tienen una batalla en contra del proyecto minero Cerro Blanco, sobre el cual, el presidente Nayib Bukele ha guardado completo silencio.
