Por Paolina Albani
Un apabullante 87% de vecinos votó en contra la minería metálica en Asunción Mita, Jutiapa, este 18 de septiembre. Un logro de la organización comunitaria en un territorio mestizo que, hasta antes de la llegada de la minera, no había logrado encausar la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, en menos de 24 horas, el gobierno y los aliados de los mineros han salido en defensa de Elevar Resources, la compañía canadiense dueña del proyecto Cerro Blanco, para invalidar la consulta municipal y atropellar la voluntad de los pobladores.
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Pasadas las 6:00 de la tarde, el 16 de septiembre, el equipo de reporteros de Prensa Comunitaria recibió información de que los integrantes de la comisión específica de coordinación, nombrados por la Municipalidad de Asunción Mita, Jutiapa, para preparar, desarrollar y vigilar el proceso de la consulta municipal de vecinos, estaban en peligro. Un día antes, fueron intimidados por un grupo de abogados pro-mineros quienes quisieron entrar a la fuerza al lugar donde estaban embalando los insumos para cada centro de votación y, un día después, afuera de las viviendas de dos comisionados, aparecieron los restos de animales muertos y pancartas con mensajes de apoyo a la mina pegadas a la pared de sus viviendas.
En un intento por dar con ellos y documentar la situación, el equipo se movilizó a las casas de los comisionados, pero no los encontró. Todo apuntaba a que nadie los ha visto desde hace algunas horas. Las personas que atendieron la puerta eran sus familiares, quienes se mostraron desconfiados, pero también preocupados. A pocas horas de que iniciara la consulta, la posible desaparición de los comisionados tensó el ambiente y alimentó el temor de la gente de una persecución.
Minutos después, cuando el sol había terminado de ocultarse, en un carro negro apareció otro de los integrantes de la comisión, quien contó las intimidaciones que habían sufrido de parte de grupos pro-mineros para retroceder en la realización de la consulta. Además, confirmó que los comisionados habían estado resguardándose por seguridad.
Este fue solo uno de los incidentes que acompañaron la preparación y desarrollo de la consulta municipal y que pondrían en alerta a los observadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, que estaban ahí para velar que el evento no fuera amañado.
Los intentos de boicot de la minera
Un día antes de la consulta, el 17 de septiembre, algunos grupos conformados por observadores de organizaciones civiles y equipos de periodistas que darían cobertura al proceso, intentaron registrarse en los hoteles de Asunción Mita, pero sus reservaciones fueron canceladas sin justificación.
Más tarde, algunas organizaciones comentaron sus sospechas de que detrás de la jugada estarían los grupos pro-mineros, para dificultar a los periodistas documentar los últimos preparativos del plebiscito y forzarlos a buscar alojamiento en otros municipios.
Este fue el caso del equipo de Prensa Comunitaria, que tuvo que dedicar parte de la tarde-noche del sábado para buscar un hotel en Santa Catarina Mita, que se encuentra a caso 20 kms. (30 minutos) de distancia del centro de Asunción Mita.
Ese mismo día, una camioneta plateada fue captada por los vecinos cuando retiraba de los locales comerciales los anuncios que invitaban a la gente a participar en la consulta municipal. La comisión dijo que los mitecos reportaron que fue una acción agresiva de la gente pro-mina. Algunos de los dueños de los locales no permitieron que los mensajes fueran retirados.
A la mañana siguiente, el 18 de septiembre, a eso de las 6:20 de la mañana, en el Parque Central de Asunción Mita reinaba la calma. Desde tempranas horas, dos patrullas policiales de los distritos de Chiquimula y Zacapa se estacionaron en los parqueos colindantes al centro. Los vecinos contaron que solían ver a esas patrullas cuando la policía tenía planeado hacer algún allanamiento.
Dado los antecedentes de la participación de la policía en acciones que han derivado en la defensa de los intereses de empresas mineras, como ha sido el caso de la mina Fénix, propiedad de Solway Investment Group, en El Estor, Izabal, algunas organizaciones observadoras mostraron preocupación. Pero, esta vez, la policía no intervino en el boicot de la consulta municipal o, por lo menos, nadie lo denunció.
A las 7:00 de la mañana, los seis centros de votación abrieron sus puertas y uno a uno ingresaron los fiscales de las mesas. Luego entraron los votantes. Ante los ojos de quienes documentaron el proceso, la consulta se desarrolló con cierta tranquilidad, sin demostraciones de violencia o actos evidentes que pudiesen resaltar una intención por lesionar el plebiscito.
Pero bajo esta aparente calma, las diferentes voces de las organizaciones internacionales e incluso, miembros de la comisión, contaron que se fraguó una serie de planes y acciones para impedir que los mitecos acudieran a los centros de votación. Estas acciones, según expresaron, fueron instrumentalizadas por agentes pro-mineros para afectar los resultados de la consulta.
La primera de ellas fue boicotear el transporte. Una de las organizaciones civiles dijo que pactó el alquiler de 40 buses para ayudar a movilizar a las personas de las aldeas hacia el centro de Asunción Mita, para que pudiesen emitir su voto, pues los domingos no circulaba el transporte de siempre.
Pero el acuerdo se cayó cuando el transportista no entregó los buses el día de la consulta y no contestó las llamadas de la organización. Horas después, el empresario respondió a un mensaje diciendo que ya había dado en alquiler los buses y que no podría rentarlos para la votación.
“Nos llegó el norte de que la mina le pagó para que no diera en alquiler los buses”, denunció uno de los representantes de la organización ambiental, quien pidió anonimato por seguridad.
Ante esto, pequeños empresarios que estaban a favor de la consulta municipal, ofrecieron sus buses, microbuses y mototaxis para ayudar a movilizar a la gente. Las ventanas trasera de estos vehículos leían: “transporte gratuito”, y se les vio desfilar uno tras otro en los centros de votación. La gente reportó que gracias a esto no tuvieron problema para emitir su voto.
Por su parte, más adelante, la comisión específica reportó que “le poncharon las llantas a un transportista, le tomaron video y le dijeron que no fuera a traer gente de las aldeas para que vinieran a votar”.
En los centros de votación, fue evidente la presencia de personas ajenas al proceso, quienes, frecuentemente, tomaban fotos y videos del entorno, a los cuales algunos vecinos identificaron como aliados de la mina.
Más tarde, se supo que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que todavía estaba empadronando a la gente para la consulta, solo atendería de 9:00 a 11:00 de la mañana. Con lo cual, quienes viajaban desde las aldeas al centro para empadronarse, de llegar más tarde, ya no podrían votar.
Algunos vecinos que ya habían conseguido empadronarse confirmaron el horario de atención del registro y se quejaron de la mala actitud de los funcionarios.
Llegadas las 11:00 de la mañana, unas cincuenta personas esperaban en cola bajo el sol a ser atendidos por el TSE. Un trabajador del registro salió y les dijo que se acercaran para entregar su DPI y que se les llamaría por turno. Cuando se le preguntó a qué hora dejarían de atender, el hombre dijo: “no sé” y se fue.
Al mediodía, la comisión específica denunció que varias personas quienes ya estaban empadronadas y acudieron al centro de votación que les asignaron, no pudieron emitir su voto porque no aparecían en el registro electoral, lo que la comisión identificó como un boicot.
Por esas horas, algunos centros de votación ya habían alcanzado el 20% de participación que se necesitaban para que la consulta fuera vinculante. Antes de las 3:00 de la tarde, Marichu Cifuentes, una de las integrantes de la comisión, anunció que faltaban poco más de 600 votos para que todos los centros alcanzarán el mismo porcentaje.
Momentos después, los organizadores se trasladaron a la aldea Tiucal, que está a 15 minutos de distancia del centro de Asunción Mita, pues en uno de los centros de votación un grupo de personas, que se cree eran pro-mineros, insultaron a los observadores salvadoreños que vigilaban el proceso, y les exigieron retirarse del lugar porque no eran bienvenidos.
La policía intervino en el pleito. De acuerdo al reporte de Herbert Jiménez, encargado del centro de votación y Cocode de Tiucal, nadie fue capturado, pero las amenazas obligaron a los observadores a refugiarse en otro centro de votación y permanecer ahí hasta las 6:00 de la tarde, cuando finalizó el conteo de los votos.
Prensa Comunitaria escoltó uno de los dos buses en donde fueron movilizados los observadores, de Tiucal al centro de Asunción Mita, para documentar el trayecto previendo algún ataque, pero el traslado transcurrió con normalidad.
Hasta el momento, la mina no se ha pronunciado sobre los señalamientos, pero el 19 de septiembre sí lanzó un comunicado en donde aseguró que la consulta era “ilegal” e “irregular”, además, aseguró que había sido dirigida por personas con una agenda antiminera.
Un pulso que ganó el pueblo y una amarga noticia para la mina y la muni
A eso de las 7:00 de la noche, el ambiente cambió de súbito: de tenso a alegre. Las organizaciones observadoras quemaron cuetes y la iglesia hizo repicar las campañas para celebrar que, preliminarmente, había ganado el no en la consulta municipal. No sería sino hasta dos horas después que la comisión específica y el alcalde, Francisco Guardado, lo confirmarían en una conferencia de prensa. El conteo de votos arrojó que 7 mil 881 votaron no y tan solo 904 a favor.
En la mesa del anexo municipal, la noticia de la victoria de la minería fue digerida de distinta forma. Por un lado, estaba Marichu Cifuentes, quien cerró los ojos e inclinó hacia atrás su cabeza, señal de estar haciendo una oración o de dar agradecimiento, cuando escuchó el resultado de la votación.
Al lado suyo, estaba el alcalde Guardado, partidario de la minera y minutos antes había dicho tajantemente, que la gente había decidido que no quería a la mina y que la empresa tendría que entender el resultado, quien parecía consternado y distraído. Ya antes del inicio de la conferencia, Guardado había advertido a su personal cortar la conferencia si las preguntas de la prensa internacional se tornaban incómodas. Guardado fue el primero en salir del anexo después de que la conferencia finalizara.
Afuera, los carros que pasaban por el parque y la Municipalidad pitaban para mostrar su satisfacción con el resultado de la consulta. Pasadas las 9:30 de la noche, cuando la plaza estaba casi vacía, un picop blanco con autoparlantes, reprodujo un mensaje de agradecimiento a los vecinos por haber apoyado el no a la minería en la consulta.
La celebración de la victoria no duraría mucho antes de que los aliados de la minera, como la organización Mita Avanza y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), alegaran que la misma no tendría validez y no era vinculante. La cartera ahora segura que no puede aprobar los resultados de la consulta municipal pues, un Tribunal de Amparo de Jutiapa otorgó un amparo provisional a un agente pro-minero el pasado 12 de septiembre. Esta solo tendría efecto si se hubiese notificado a la comisión organizadora, cosa que los comisionados han negado.
#GuateCrece | Comunicado de prensa ante la consulta municipal de vecinos referente a la instalación y operación de proyectos de minería metálica en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, llevada a cabo el pasado 18 de septiembre de 2022: pic.twitter.com/oU6yd419Eb
— Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) September 20, 2022
Con ello, una vez más, el gobierno de Alejandro Giammattei ha optado por reproducir el mismo patrón que ha utilizado en otros territorios que rechazan la minería, ignorar el clamor popular para proteger los intereses de empresas transnacionales e instalar el miedo en un territorio que apenas da sus primeros pasos hacia la autonomía municipal.
Sin embargo, los vecinos de Asunción Mita, quienes han encontrado en la organización comunitaria la respuesta para no dejarse aplastar, no se mostraron sorprendidos pues ya sabían que tendrían que sortear ataques legales que intentarían anular el resultado de la consulta, pese a esto, parecen firmes en su determinación de no permitir que eso ocurra.
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