Por Paolina Albani
La prensa independiente en Centroamérica se enfrenta a un panorama desolador y riesgoso, pues los gobiernos “democráticos” de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua cada día se asemejan más a regímenes totalitarios que intentan socavar la libertad de prensa. El costo de ejercer periodismo en la región se ha traducido en el ensañamiento contra periodistas, la persecución judicial, el exilio y continuos intentos de censura. Esta es la realidad del periodismo en pleno siglo XXI. Esta noche, Prensa Comunitaria será anfitriona de un FB Live para hablar de este tema con los colegas Wendy Funes de Honduras, Angélica Cárcamo de El Salvador y Fabián Medina de Nicaragua.
Guatemala, la fotografía de un estado cooptado
En Guatemala, el caso más reciente de persecución a la prensa es el de la detención de Jose Rubén Zamora, fundador, director y presidente del medio de comunicación elPeriódico, el pasado 29 de julio. Zamora ha publicado historias de investigación que han revelado los nexos de políticos con el crimen organizado y varios actos de corrupción. Las investigaciones más sonadas involucran a altos funcionarios de las administraciones de los presidentes Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y ahora, de Alejandro Giammattei.
A Zamora, el Ministerio Público de Consuelo Porras, quien amenazó al periodista con su captura meses antes y quien es aliada del gobierno de Giammattei, lo señaló de lavar dinero con ayuda del exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab) Giovanni García Navarijo.
En abril, Juan Luis Font y Michelle Mendoza, director de Concriterio y periodista de CNN en Guatemala, se vieron forzados a dejar el país por el acoso del gobierno y las amenazas de encarcelamiento por el desarrollo de su labor periodística.
En el territorio, los periodistas comunitarios Carlos Ernesto Choc, Jerson Xitumul, Baudilio Choc Mac y Juan Bautista Xol, también han sido vigilados y acosados. Choc, especialmente, ha sido denunciado y perseguido judicialmente por dar cobertura a los impactos de la minería de níquel en El Estor, Izabal, a manos de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group y sus filiales CGN y Pronico.
El pasado 6 de marzo, Choc, junto a Prensa Comunitaria y el Consorcio de Medios Forbidden Stories, publicaron la entrega Mining Secrets que reveló los tratos de la empresa con el gobierno para conseguir dádivas, como pago de un soborno millonario para hacerse del control del Puerto de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, además de acciones de espionaje y criminalización en contra de pobladores que se han opuesto al proyecto extractivo, así como de periodistas locales que han seguido de cerca el caso.
En el Noroccidente de Guatemala, en Joyabaj, Quiché, la periodista comunitaria Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de la radioemisora Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, fue detenida y encarcelada durante más de un año acusada de sedición. El 24 de agosto de 2020, Mejía realizaba la cobertura y transmisión en vivo de una manifestación en contra de la Municipalidad de Joyabaj que se tornó violenta y que terminó en el incendio del inmueble.
El alcalde Florencio Carrascoza Gámez señaló que Mejía no estaba allí como periodista sino como parte de la manifestación, y pidió su detención. La periodista recuperó su libertad el 3 de septiembre de 2021, luego de que se probara que no tuvo nada que ver con los hechos.
En Guatemala, una de las estrategias más comunes del poder ha sido deslegitimar la labor periodística y señalar a los reporteros de formar parte de los grupos inconformes con el gobierno.
El Salvador y la reforma penal tipo “mordaza”
En El Salvador, la persecución en contra de periodistas viene de la prohibición a los medios de comunicación de difundir mensajes sobre las pandillas con el fin de evitar “causar pánico en la población”, pero a costo de la libertad de prensa.
La reforma, que contempla una pena de 15 años de prisión para quienes la trasgredan, parece hecha a dedo para evitar que los medios continúen ahondando en los tratos secretos que el gobierno de Nayib Bukele ha tenido con las maras. Esto luego de una investigación del medio salvadoreño El Faro que expuso que el gobierno había negociado en 2020 con las pandillas la disminución de homicidios.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha dicho que la reforma es una especie de ley mordaza y mostró preocupación por los intentos de censura del gobierno. La reforma “amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración y que Bukele busca esconder”, dijo la APES en su momento.
“Con el actual escenario, el problema es que el presidente fomenta una narrativa de odio y de deslegitimación del trabajo periodístico de medios a los que antes era benevolente. A El Faro lo veía como gran referente antes de llegar a la Presidencia, postura que cambió cuando llegó al poder”, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de APES.
Bukele ha logrado la concentración del poder en el Ejecutivo y una mayoría de apoyos en el Congreso, que está haciendo reformas y creando leyes que generan temor en los medios de comunicación.
El mejor ejemplo es la reforma penal lograda a finales de marzo pasado. Esta ha generado que algunos medios se autocensuren para seguir funcionando. Hasta el momento, el bukelismo no ha castigado a ningún medio por las disposiciones de la reforma, indicó.
“El periodismo critico e independiente se está cerrando, menos en medios alternativos y digitales -que han buscado recursos en otros lugares-. Este gobierno juega con la pauta y hay temor de lo que pueda suceder”.
El interés del bukelismo, a decir de Cárcamo, es “amedrentar a la prensa para mantener una narrativa única”. Y esta narrativa ha provocado el exilio de nueve periodistas.
“Esto es un claro deterioro del ejercicio periodístico”, dijo la directora de APES, “antes salían del país por la violencia de las pandillas, ahora salen por los gobiernos”.
Pero las amenazas y advertencias no solo vienen del Congreso sino del ministro de Seguridad y Justicia de Bukele, Gustavo Villatoro, quien el pasado 8 de junio dijo que en su ministerio daban seguimiento a los periodistas, específicamente, que han dado cobertura a la masacre de Chalchuapa, en el occidente del país. Unas horas después, desmintió su declaración.
Recientemente, El Salvador decretó el Régimen de Excepción, que se ha traducido en la captura masiva de supuestos pandilleros en una «guerra contra las pandillas» que ha derivado en la estigmatización de civiles, en algunas ocasiones, por su apariencia.
“Las organizaciones de derechos humanos han documentado vulneraciones a personas no necesariamente vinculadas a pandillas, pero que viven en sectores de alta vulnerabilidad y por el estigma han sido detenidas y asesinadas dentro de los centros penales. La narrativa que maneja el gobierno es que quienes cuestionan la medida están defendiendo a los mareros, pero nada es más lejano”, expresó Cárcamo.
Apenas hace un año que la promesa del gobierno era erradicar a las pandillas y la conversión de cárceles en universidades, pero tras el repunte de homicidios en marzo pasado (87 homicidios en 72 horas), el oficialismo cambió de postura. Entonces comenzaron a decir que el incremento de violencia se debía a que en las calles había miles de pandilleros y ahora están creando nuevas prisiones, remarcó.
A la fecha, y en el marco del estado de excepción, la policía ha detenido aproximadamente, a 48 mil personas. Este incremento, para Cárcamo, no fue coincidencia o algo casual: “algo falló en el pacto que tienen con los grupos pandilleriles”. Y averiguarlo, significaría prisión para la prensa.
Honduras post narcodictadura
En Honduras, la amenaza principal viene del crimen organizado, del narcotráfico y la maras.
En los últimos años, el país ha registrado el asesinato de 90 periodistas y comunicadores, y la totalidad de los casos permanecen en la impunidad, según Wendy Funes, de Reporteros de Investigación de Tegucigalpa. Las muertes de periodistas hondureños han estado ligadas a historias de corrupción. Y la mayoría de los periodistas asesinados han muerto a manos de sicarios.
“No hay autores intelectuales presos por estos asesinatos. Hemos determinado que hay políticos, empresarios y narcos detrás de los crímenes. Sin embargo, las muertes siguen en impunidad, pues a los sicarios los asesinan luego de haber dado muerte a los colegas”, refirió Funes.
Honduras salió recientemente de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. La nueva presidenta, Xiomara Castro, tiene apenas 8 meses en el poder. En este tiempo, ha asegurado que su gobierno respetará la libertad de prensa, pero no todos los funcionarios que conforman al aparato estatal se han alineado a la promesa.
“Muchos de los funcionarios mantienen un discurso público violento. El problema es que incentivan la violencia de sus seguidores. Esa violencia puede generar más crímenes, el discurso justifica el crimen”, cree Funes.
De esa cuenta, se han incrementado los troles y los netcenters que atacan a la prensa independiente. Ahora, son nombrados periodistas de derecha cuando publican historias que se desmarcan de la agenda oficialista. Antes, les llamaban comunistas. Esto se debe a que todavía hay mucha manipulación de la opinión pública que, generalmente, no sabe qué lectura dar al trabajo periodístico y termina creyendo los discursos de los funcionarios porque “no saben diferenciar” entre ataques y el derecho a auditar para informar, explicó.
Por ahora, el gobierno de Castro tiene desarticulado el mecanismo de protección para periodistas al igual que en El Salvador.
“No mucho cambió en Honduras. Solo ya no hay un narco dirigiendo al estado. El gobierno agarro un narco estado, desmantelar eso en 8 meses -no es fácil-. Hay que darles el beneficio de la duda”, manifestó. Mientras tanto, las condiciones de libertad de prensa han permitido a Funes regresar a ejercer el periodismo de investigación.
La Nicaragua antiprensa
En Nicaragua, no hay prensa independiente. El régimen de Daniel Ortega se ha ensañado contra periodistas y activistas de derechos humanos.
Recientemente, el gobierno de Ortega detuvo y expulsó del país a la columnista de elPeriódico y antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj. Un acto que fue catalogado como una arremetida contra la libertad de prensa.
Una semana antes, las viviendas de dos periodistas del diario La Prensa fueron allanadas por la policía de Nicaragua. Los periodistas cubrieron la expulsión de 18 monjas de la congregación Misioneras de la Caridad. También detuvieron a dos conductores del medio, quienes quedaría retenidos por tres meses.
La Prensa ha sido uno de los medios acosados por el régimen orteguista, cuyas instalaciones fueron allanadas en agosto del año pasado.
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