Por Elías Oxom
El dirigente comunitario José Antonio Pacay Güitz, fue detenido el 29 de junio por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando regresaba de Cobán a su comunidad, y hasta la fecha no ha tenido audiencia de primera declaración.
Pacay Güitz de 44 años, es originario de la comunidad de Monte Olivo de Cobán, Alta Verapaz. El Ministerio Público (MP) lo acusa de 11 delitos por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita, que intentó utilizar el caudal del río Dolores, situado en esa comunidad en 2011. Los pobladores del lugar llevan más de 40 años viviendo en la localidad; la tierra que ocupan fue adquirida al terrateniente alemán Erwin Diesseldorf.
De acuerdo a Rolando Güitz, un miembro de la comunidad, a Pacay lo acusan por apoyar la resistencia comunitaria contra la hidroeléctrica en el periodo del 2011 al 2014. El proceso penal en su contra, también se suma a la tragedia que sufrió su familia por la muerte de su hijo, David Estuardo Pacay Güitz de 11 años, asesinado el 13 de agosto de 2014 por trabajadores de esa empresa.
Él se encuentra en prisión en el Centro Preventivo para hombres de Cobán desde que fue detenido. Este 7 de julio estaba programada su audiencia de primera declaración, pero fue suspendida a petición de su abogado defensor para estudiar más el expediente del caso.
La captura de José Antonio Pacay Güitz, maya Q´eqchi´, fue en su regreso de Cobán, después de recibir abonos que la municipalidad otorgó a los campesinos. De acuerdo a Rolando, comunitario de Monte Olivo, Güitz quedó detenido en las alturas de la aldea Cerro Lindo, cuando fue perseguido e interceptado por agentes de la PNC a eso 13 horas el 29 de junio.
La ONG Ceder, un intermediario que utilizó la hidroeléctrica Santa Rita para lograr el apoyo de los comunitarios de Monte Olivo, lo acusa de los delitos de allanamientos con agravación específica, amenazas, usurpación agravada, incendio e instigación a delinquir, hurto agravado, coacción, detenciones ilegales con circunstancias agravantes y disparos sin causa justificada.
Además de él, decenas de comunitarios son acusados por la misma ONG. “Identifican a los opositores y luego les inventan las denuncias”, dice Rolando Güitz.
La empresa se fue, pero continúa la criminalización
La persecución que sufren actualmente los pobladores de Monte Olivo y 11 comunidades más, está relacionada con la represión que ejercieron operadores de la empresa entre el 2011 y 2014, cuando defendieron su territorio. En ese periodo lograron expulsar a la hidroeléctrica Santa Rita, pero su salida no fue fácil, dejó entre la gente una ola de persecución, asesinatos, personas detenidas y criminalización, ya que, a raíz de esta lucha, un juzgado de Alta Verapaz ha girado 27 órdenes de aprehensión.
De estas personas, cuatro ya fueron a la cárcel. El caso de José Antonio Pacay Güitz es el quinto Y los otros son: José María Güitz, quien al ver la persecución en su contra se alió con la empresa, Timoteo Chen Tun estuvo 17 meses encarcelado, Rolando Güitz encarcelado 6 días en 2017 y Blanca Estela Güitz también estuvo recluida .
La empresa fue expulsada de la comunidad en 2012 y la criminalización comenzó en 2014. En ese año, la comunidad fue desalojada durante 32 horas por 1,737 antimotines de la PNC, algunas personas en ese entonces, huyeron a la montaña.
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Para Rolando Güitz, quien estuvo preso seis días, dice: “nunca estamos de acuerdo con esta persecución, ya basta con la persecución a nosotros los indígenas, esperamos que la comunidad internacional se entere lo que estamos sufriendo, llevamos diez años exigiendo al Estado que nos deje en paz”, concluyó.
