Por Regina Pérez
El pasado 8 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado de Guatemala adoptar medidas provisionales de protección a favor del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien actualmente tiene una solicitud de antejuicio en su contra que será analizada por un juez pesquisidor que a su vez dará su recomendación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que le retire o no la inmunidad.
El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, estimó necesario ordenar la adopción de medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal del juez Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo y su independencia judicial y con ello garantizar el derecho al acceso a las víctimas del caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs Guatemala.
Actualmente Gálvez es el juez contralor del caso Diario Militar, un proceso en el que se juzga a militares retirados y expolicías por desapariciones forzadas de opositores políticos entre 1983 y 1985, por parte de una estructura clandestina. El 6 de mayo, el juzgador envió a juicio a 9 de los acusados y desde entonces las amenazas y ataques en su contra se agudizaron, al extremo que la misma CSJ admitió una denuncia.
La CorteIDH también requirió que el Estado adapte las medidas y esquema de seguridad asignado al juez así como a su núcleo familiar. “Dicho esquema de seguridad debe adoptarse en común acuerdo y en coordinación con el beneficiario y evitar que se brinde por los funcionarios pertenecientes a las instituciones públicas a las que pertenecieron las personas ligadas a proceso por el referido juez”, señaló la resolución.
Otro requerimiento es que, a más tardar el 8 de agosto de 2022, el Estado guatemalteco presente a la Corte un informe actualizado y detallado sobre las medidas urgentes adoptadas en cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos de la decisión, a fin de contar con mayores elementos para pronunciarse sobre esta solicitud de medidas provisionales.
La solicitud fue presentada por representantes de víctimas del caso Diario Militar, el 14 de junio de 2022, “a fin de evitar que se produzcan daños irreparables a la vida e integridad personal y a su independencia judicial, así como al derecho a la justicia de las víctimas”.
Dicha petición hace referencia al contexto que viven los operadores de justicia en Guatemala actualmente, donde sigue existiendo un riesgo para ellos, “incluyendo fiscales, magistrados, magistradas, jueces y juezas que ven amenazadas sus vidas, se ven expuestos a procesos de criminalización y en algunos casos se han visto obligados a salir del país, por el solo hecho de cumplir con sus funciones”.
Desde el inicio del caso, en mayo de 2021, los peticionarios indican que el juez empezó a sufrir seguimiento de vehículos sin placas. En marzo de 2022 dio inicio la etapa intermedia y los ataques en su contra se intensificaron en mayo de 2022 cuando resolvió ligar a proceso a nueve militares retirados y expolicías, acusados de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
También señalan que a raíz de su intervención en este caso, el juez ha recibido mensajes y llamadas telefónicas amenazantes. Entre el 3 y 5 de mayo notó que un pick up y una camioneta sin placas lo seguían, indica el documento.
Luego de enviar a juicio a los acusados, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, amenazó con denunciar al juez. El 15 de junio, la CSJ admitió la solicitud de antejuicio en su contra presentada por Méndez Ruiz por varios delitos, entre ellos prevaricato y detenciones ilegales en forma continuada y designó a un juez pesquisidor para analizar la misma.
Por otro lado, Gálvez también ha recibido ataques en redes sociales, por parte de cuentas de net-center y de Méndez Ruiz. El juez ha sido calificado por estas cuentas como “prevaricador” y han sugerido que recibe dinero por parte de ONGs extranjeras. A raíz de la muerte de uno de los acusados, en junio pasado, el juzgador fue víctima de una nueva oleada de amenazas en la cual lo tildaron de “torturador y violador de derechos”.
Esto se da, como señalaron los representantes de las víctimas, en un contexto de ataques contra operadores de justicia y el desmantelamiento, por parte de la fiscal general Consuelo Porras, de la Fiscalía de Derechos Humanos, que ha impulsado los procesos del conflicto armado interno llevados a Tribunales.
La abogada Jovita Tzul, defensora de una de las querellantes en el caso, señaló que la resolución de la Corte va en consonancia al compromiso adquirido por el Estado guatemalteco en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) donde Guatemala ya fue condenada por violación a derechos humanos.
Tzul recordó que parte de las reparaciones es garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y que las situaciones vividas por el juez indican que no hay posibilidad de acceder a una justicia independiente en el caso. La abogada señaló que no puede haber justicia si los jueces no pueden actuar de manera independiente en el marco de sus funciones.
Asimismo, resaltó que el Estado guatemalteco no ha cumplido con al menos 12 resoluciones de la Corte, que están en supervisión de cumplimiento de sentencia. Siempre se generan obstáculos o condicionamientos burocráticos con tal de no acatar con las resoluciones, dijo.
Desde el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, (2012-2015), Guatemala no ha dado cumplimiento a sentencias de la Corte, en casos que relativos a violaciones durante el conflicto armado interno.
Juez de Mayor Riesgo bajo la lupa; el caso de Gálvez por hacer justicia contra militares
