Créditos: Nelson Chen.
Tiempo de lectura: 6 minutos

 

Con estos cambios se pierde la especialidad y el conocimiento que los fiscales logran al trabajar en una Fiscalía por muchos años. “Se pierde el conocimiento que se adquiere en la práctica, con los casos que uno lleva, es lo que pierde el MP, la Fiscalía”. Hilda Pineda.

    Por Regina Pérez

El 30 de junio, Día del Ejército en Guatemala, se conoció que la fiscal Hilda Pineda, quien laboró durante diez años en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), había sido destituida del cargo. Además de ella, fueron removidos de sus puestos al menos 15 fiscales más, varios de ellos con una larga trayectoria en la institución.

Con estos despidos, abogados consultados por Prensa Comunitaria ven una regresión interna en la institución y un debilitamiento de Fiscalías que han tenido buenos resultados, como la de Derechos Humanos.

La acción de la Fiscal General, Consuelo Porras, es una continuación de lo que se ha registrado a partir de 2021 en el MP, desde la destitución de Juan Francisco Sandoval, en julio de 2021, como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Su remoción fue catalogada como ilegal, debido a que la decisión de Porras no se fundamentó en la Ley Orgánica del MP y tampoco fue consecuencia de un procedimiento disciplinario.

Cuando se anunció la destitución de Pineda, la exfiscal general Claudia Paz y Paz publicó que su despido era ilegal. “Es un acto que viola la carrera fiscal y la Ley Orgánica del MP. Es un paso más para el desmantelamiento de la institucionalidad del MP”, señaló en su cuenta de Twitter.

Ese mismo día también se conoció la destitución de las fiscales, Wendy Ordóñez y Sara Romero, esta última cuenta con una larga trayectoria en el MP, donde investigó casos relacionados con el conflicto armado interno. En los últimos años se desempeñaba como Fiscal de Sección de la Unidad de Impugnaciones.

Pineda empezó a laborar en el MP en 2008, cuando Juan Luis Florido era fiscal general y por 10 años trabajó en la Fiscalía de Derechos Humanos, que fue fortalecida durante la gestión de la fiscal Claudia Paz y Paz. A esta Fiscalía pertenece la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado que impulsó varios casos de justicia transicional.

Tras la salida del fiscal Orlando López, Pineda fue nombrada jefa de la Fiscalía. En noviembre de 2021, sorpresivamente, Porras anunció su traslado a la Fiscalía de Delitos contra Turistas.

La exfiscal señaló que en el MP no le dieron ninguna justificación sobre su despido, solo que era personal de libre remoción y contratación, por ser personal de confianza, “eso es lo que dice el acuerdo de remoción”, indicó.

Lea más acá:

Una mujer puso en jaque a varios jerarcas militares en Guatemala

Por el momento, ella todavía analiza si interponer alguna acción en contra de su destitución, ya que aún se encuentra en trámites administrativos para entregar el cargo.

Para el abogado Oswaldo Samayoa, no existen causas justificadas para concretar esas destituciones, ya que son fiscales de carrera, que han llegado a partir de eso, a obtener dichos puestos.

Cuando se les remueve a dedo, lo que se genera es no cumplir con un debido proceso, donde a ese fiscal se le respeta y solo se le remueve por causas justificadas, pero en este caso no hay ninguna valoración que pueda explicar esas destituciones, por lo que se irrespeta la carrera fiscal y se incumple con tener criterios fundamentados de remoción de una persona, dijo el abogado.

Lucía Xiloj, quien fue abogada defensora en el caso Mujeres Achí, ve un debilitamiento generalizado con estas destituciones, porque las y los fiscales que están siendo removidos son personal de carrera, que se han ido especializando en su trabajo.

En el caso de Pineda, quien empezó siendo agente fiscal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado, fue nombrada posteriormente como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos. “Fue a través de sus méritos y la experiencia que ella pudo ascender, cuando se toman estas decisiones bastante arbitrarias, se perjudica toda una carrera de estas personas, pero también los conocimientos específicos de cada materia que ellos van conociendo”, opinó Xiloj.

Al preguntar a Pineda por vía telefónica si todas estas destituciones son un retroceso en el MP, contestó que sí y que además es una violación a los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de DDHH lleva casos como el Diario Militar y ha sido una de las fiscalías debilitadas por Porras. Foto Juan Rosales

Desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos

Organizaciones de derechos humanos en Guatemala señalan que todas las destituciones ejecutadas por Porras carecen de fundamento y son abiertamente ilegales, violan flagrantemente la carrera fiscal y la Ley Orgánica del MP.

El abogado Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), señaló que todas estas destituciones son parte de una estrategia consolidada para desmantelar una de las fiscalías que ha dado muy buenos resultados llevando los casos relacionados al Conflicto Armado Interno (CAI). “Esta estrategia se desarrolló antes para desbaratar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y ahora en la de Derechos Humanos”, dijo.

El trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos hizo posible que, en 2013, el exjefe de facto, Efraín Ríos Montt, enfrentara juicio y fuera condenado por el genocidio ixil. Otros casos emblemáticos que han llegado a Tribunales han sido el de Creompaz por desaparición forzada, el de Sepur Zarco por violencia sexual; el caso de las Mujeres Achí, en el que fueron condenados varios excomisionados militares este año, el caso Diario Militar, por desaparición forzada y el caso Molina Theissen.

Según Reyes, es preocupante para las víctimas, sobre todo en los casos que estén pendientes de que se judicialicen, como el de genocidio cometido contra un grupo del pueblo maya Kaqchikel de Chimaltenango, que aún está en trámite pero que no se sabe si con estos cambios se podrá judicializar.

Además de las destituciones, otros fiscales, como Elena Sut, que lleva el caso Diario Militar, han sido denunciados. Ella solicitó un análisis de riesgo a la Dirección de Seguridad del MP, por lo que podría ser trasladada.

Con estos cambios, Pineda considera que se pierde la especialidad y el conocimiento que los fiscales logran al trabajar en una Fiscalía por muchos años. “Se pierde el conocimiento que se adquiere en la práctica, con los casos que uno lleva, es lo que pierde el MP, la Fiscalía”, indicó.

En el caso de la Fiscalía de DDHH, Reyes señaló que se trata de una de las Fiscalías que a nivel de América Latina más resultados positivos ha dado, con la persecución de personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

“Incluso han venido a Guatemala fiscales de Centro América y América del Sur a intercambiar con los fiscales guatemaltecos, esto por las buenas prácticas y experiencias de casos emblemáticos como el de Genocidio, Caso Dos Erres y Molina Theissen. Hay muchas lecciones aprendidas que quedarían sin conocerse tomando en consideración esta nueva estrategia de desmantelamiento de esta Fiscalía”, comentó Reyes.

Regresión interna en el MP

Sobre los despidos de fiscales, el jefe de información del MP, Juan Luis Pantaleón, dijo al medio La Hora que era para fortalecimiento institucional y que es personal de libre nombramiento y remoción.

El abogado Samayoa considera que la justificación de que se puede remover a fiscales cuando se plazca es un ejercicio fiscal muy irresponsable con los casos, con la carrera fiscal y con la certeza de la ciudadanía de tener funcionarios que cumplen con presupuestos que la ley exige.

En el contexto actual, Porras no solo destituye a fiscales y nombra a personas que no dan confianza, sino que incluso modifica sus notas para que puedan acceder a esos puestos, como hizo con Rafael Curruchiche, quien sustituyó a Sandoval como jefe de la FECI, indicó.

Samayoa puso de ejemplo que en el examen de mérito para optar a un ascenso, Curruchiche obtuvo una puntuación de 31 puntos. Bajo la directriz de Porras, se modificó la normativa que exigía una nota de 70 puntos para que un fiscal pueda ser ascendido.

“No hay criterio de honradez pública ni hay capacidad técnica, por lo tanto estamos en una medida de regresión interna del MP, a tiempos anteriores al año 2000”, afirmó Samayoa.

Xiloj señaló que la destitución de fiscales tendrá como consecuencia el nombramiento de personas que no tienen experiencia y que redundará en una investigación más débil. “Si ya el MP tenía problemas de investigación, ahora se va a profundizar y quienes vamos a ser perjudicados somos todas las personas, no solo de un sector”, dijo.

Pineda afirmó que espera que no continúen las destituciones de sus colegas y envió su solidaridad a los fiscales removidos y quienes aún siguen a contracorriente en el MP.

COMPARTE