Por Paolina Albani
Este 19 de julio, en sesión extraordinaria, el pleno del Congreso juramentó a Héctor Pérez como nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su llegada a la Corte, para un segundo período, se da en medio de una ola de rechazo debido a los múltiples vínculos que guarda con el Pacto de Corruptos.
Minutos antes de que el reloj marcara las 15:00 horas, se abrieron, de par en par, las puertas de vidrio del Hemiciclo del Congreso para dejar entrar a un hombre delgado, con traje azul marino, de estatura promedio y pelo canoso. Se trata de Héctor Hugo Pérez Aguilera, de 71 años, quien el 21 de junio pasado fue elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, para ocupar la magistratura titular de la CC y terminar el periodo de Gloria Porras, a quien una mayoría de congresistas no dejaron asumir en 2021.
A su ingreso, Pérez Aguilera se detuvo varias veces, para saludar y sacudir las manos de los diputados que le daban la bienvenida. Unos minutos después, miembros de la Junta Directiva del Congreso lo hacían tomar el juramento de fidelidad a la Constitución Política para darle posesión.
Pero no todos los diputados que se encontraban en el Hemiciclo del Congreso, ese momento, pues había 90 ausentes, de 160 que lo integran, que no estaban de acuerdo con la juramentación. Antes de que Pérez Aguilera ingresara, algunos diputados de la izquierda expresaron su rechazo.
Edgar Batres, del partido Winaq, señaló que el CSU se dejó manipular en el proceso que eligió a Pérez Aguilera como magistrado. “No podemos estar ciegos ante la magnitud de la violación constitucional y debe quedar asentado en la historia de este país”.
Por su lado, Vicenta Jerónimo, del Movimiento de Liberación para los Pueblos (MLP), dijo que su agrupación rechazaba la juramentación. “No estamos de acuerdo con esta maniobra de la elección -del CSU-. La elección no fue trabajada con transparencia, -Pérez Aguilera- fue electo de manera ilegal. Nos declaramos en resistencia ante la cooptación de las instituciones del Estado”.
Sin embargo, nada logró detener la juramentación. Ahora, el magistrado forma parte de una Corte con serios señalamientos de corrupción, en la que no queda un mínimo ápice de disidencia.
Pérez Aguilera como el jaque a favor del pacto de corruptos
Pérez Aguilera no es nuevo en el juego de la gestión pública. En los últimos años, ha ocupado posiciones dentro del sistema de justicia que le han permitido relacionarse con el Pacto de Corruptos y que, según fuentes de la CC, le ha ayudado a convertirse en un operador más de esta agrupación de políticos.
Estos son algunos de los cargos que ha desempeñado:
En 2020 y 2021, fue asesor de Silvia Valdés y Néster Vásquez mientras se desempeñaban como presidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Incluso, fue magistrado de la CC en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de 2011 a 2016.
Estando en la corte, en 2013, Pérez Aguilera fue uno de los magistrados que votó para invalidar la sentencia de 80 años, por el genocidio de 1 mil 771 indígenas ixiles, en contra del exdictador José Efraín Ríos Montt, junto a Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre. Esta decisión impidió que Ríos Montt enfrentara la cárcel y ocasionó que el proceso se repitiera.
En ese cargo, también votó para reducir por siete meses el período de la entonces fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, quien ahora integra la lista de operadores de justicia perseguidos y que viven en el exilio.
En 2020, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó el caso Comisiones Paralelas 2020, que desveló la existencia de negociaciones de candidaturas en las que participan jueces y magistrados, diputados, abogados y empresarios con el fin de cooptar las cortes del país.
Esto se relaciona a Pérez Aguilera pues, en 2014, fue uno de los magistrados que validó la elección de los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones que hoy, tres años de retraso, siguen ocupando las cortes, a pesar de los señalamientos de sobornos y negociaciones ilícitas en contra de los candidatos.
Previamente, de 1996 a 1998, fue fiscal general del MP en reemplazo a Ramsés Cuestas Gómez. En 1994, fungió como ministro de Gobernación y, años antes, fue magistrado de la Corte de Apelaciones.
Desde 2011, ha sido contratista del Estado. Recientemente, en enero de 2022, prestó servicios profesionales al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y percibió 238 mil 709 quetzales, según Guatecompras.
Pérez Aguilera llega a la CC 15 meses después de que el Congreso de la República se negara a juramentar a Gloria Porras, a quien le argumentaron que fue elegida por el CSU sin cumplir los requisitos de ley. Uno de ellos es que Porras no era catedrática titular de alguna universidad. Exigencia que tampoco cumplió Pérez Aguilera, al ser catedrático interino de la Facultad de Derecho de 2016 a la fecha, pero a quien sí le dejaron asumir, dejando a la vista la manipulación del sistema de designación.
El magistrado fue elegido por el CSU el pasado 21 de junio, en una sesión extraordinaria celebrada en un hotel de la zona 7 de la capital. En las afueras, la manifestación de estudiantes, docentes y ciudadanos, quienes intentaban boicotear la asamblea debido a los señalamientos de corrupción que pesan sobre el consejo, fue arremetida con violencia por la policía antimotines.
