Créditos: Simón Antonio
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Cristóbal Pop, es autoridad ancestral de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores, de El Estor, Izabal, fue detenido este lunes por la Policía Nacional Civil. Pop es una de las personas que durante 20 días sostuvieron un plantón pacífico en las cercanías del proyecto minero Fénix, subsidiaria de la empresa de capital ruso-suizo Solway Investment Group.  Viajó con una delegación de autoridades para informar de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Guatemala y la transnacional minera Solway 

Por Francisco Simón Francisco 

La persecución contra autoridades, dirigentes y opositores a la minera de CGN – Pronico, subsidiaria de Solway, una empresa suizo-rusa, que opera de -manera ilegal desde 2005, en la región caribeña del país, sigue en aumento. Esta vez, Cristóbal Pop, autoridad de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores, de El Estor, Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), en el kilómetro 6.5 cerca del centro comercial MetroNorte, ruta al Atlántico, cuando regresaba a su lugar de procedencia, después de participar en una actividad pública en la ciudad capitalina.

Foto: Simón Antonio.

Según las autoridades Q´eqchi´ que acompañaban a Pop, los agentes que participaron en su detención tenían el rostro cubierto con gorras pasamontañas, detuvieron el carro en el que se movilizaban y les pidieron descender del vehículo.

En ese operativo, también fue detenido Roque Sut Cucul, autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, y originario de Tierra Linda Panzós, Alta Verapaz.

La detención de Cristóbal Pop ocurrió, después de que participó, junto a una delegación de las autoridades maya Q´eqchi´, en una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala, en la que informaron sobre una denuncia que presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación a sus derechos colectivos y la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la empresa CGN, en El Estor.

En la actividad, a la que asistió la mañana de este lunes, Pop estuvo en calidad de presidente de la Gremial y autoridad ancestral de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´.

La denuncia que presentaron ante la CIDH destaca tres argumentos: primero, que el Estado de Guatemala los despojó de sus tierras y las registró a nombre de personas y empresas, ilegalmente, desde hace más de 100 años, produciendo conflictos agrarios.

Segundo, expusieron que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha cumplido con su rol de proteger la vida y sus bienes naturales, por el contrario ha cedido a los intereses mineros. Asimismo, aseguran que, el gobierno no ha dialogado con las autoridades ancestrales, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó una resolución de 2020, en la que ordenó el cese de las operaciones de la minera y que el MEM realizara una consulta para que la población se pronunciara sobre la actividad minera en El Estor.

También solicitaron a la CIDH, medidas cautelares por los ataques y amenazas que ejerce la empresa Solway y sus simpatizantes en contra de autoridades Q´eqchi´.

La detención del presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, es parte de la criminalización y la persecución que el Estado de Guatemala ha realizado por su defensa del territorio y por las denuncias de contaminación que han hecho.

El 14 de enero de este año, el juez Edgar Aníbal Arteaga López (denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal), giró una orden de aprehensión en su contra, por el delito de instigación a delinquir, supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN.

Foto: Simón Antonio.

Los hechos por los que Cristóbal Pop fue denunciado ocurrieron el 22 de octubre de 2021, cuando las autoridades exigían ser incluidos en un proceso de consulta, que ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2020. A pesar de la insistencia nunca fueron escuchadas por el Ministerio de Energía y Minas.

Ese día, un contingente de varios centenares de policías y fuerzas antimotines desalojaron a las autoridades que protestaban contra la operación ilegal de la mina, que pretendían escoltar a varios camiones de la minera, cargados de carbón en su ingreso a la planta procesadora de níquel.

Durante un mes y 15 días, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso un estado de sitio, con lo que facilitó que la empresa minera y el MEM impusieran el resultado de una consulta comunitaria que trabajaron únicamente con la Municipalidad de El Estor y Panzós y la gente de la empresa minera.

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Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el MP, la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal, en mayo de 2017. Sin embargo, la Fiscalía nunca avanzó con la investigación, por el contrario, ese mismo año atendió una demanda de la mina en su contra. Fue detenido el 22 de enero de 2019 y estuvo preso por más de 3 meses; actualmente goza de medidas sustitutivas y debe presentarse mensualmente a firmar el libro de actas a la sede del Ministerio Público.

Pop mantiene un proceso penal abierto, acusado por la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y por Solway. Dicha acusación surgió en 2017 por haber denunciado y exigido una investigación por la contaminación minera del lago. Con esta detención podría perder la medida sustitutiva que tiene, pues debe de firmar cada 15 días el libro de actas del MP en El Estor. Pop y otras autoridades ancestrales denunciaron públicamente que los juzgados en Puerto Barrios, presidido por Arteaga López no los cito o notificó de esta nueva denuncia en su contra.

Al cierre, de esta nota, se tuvo conocimiento que tanto Cristóbal Pop como Roque Sut, fueron trasladados a las carceletas de la Torre de Tribunales, donde deben esperar que un juez de turno les informe las razones de su detención.

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