Entrevista: “la criminalización afecta la democracia y representa un retroceso importante para el Estado de derecho”

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Créditos: Jaime Chávez Alor
Tiempo de lectura: 4 minutos

Jaime Chávez Alor, encargado de asuntos latinoamericanos del Colegio de Abogados de Nueva York, dijo, en una entrevista con Prensa Comunitaria, que las autoridades guatemaltecas están obligadas a proteger a sus operadores de justica y no a perseguirlos como sucede actualmente.

Por Juan Calles

El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York publicó una carta en la que expresa “su profunda preocupación por el continuo hostigamiento criminal de parte de las autoridades de la República de Guatemala en contra de abogados, jueces, fiscales y ex fiscales que han trabajado en casos de corrupción”; además señala que el Estado Guatemalteco persigue sistemáticamente a operadores de justicia que investigan casos de corrupción gubernamental.

Colegio de abogados de la Ciudad de Nueva York condena el acoso y la criminalización a los operadores de justicia en Guatemala

Desde que el gobierno de Jimmy Morales desmanteló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2019, la cooptación del sistema de justicia ha sido evidente, grupos con intereses económicos y políticos se han apoderado de las cortes y tribunales, iniciando con ello la persecución y criminalización contra quienes investigaron y llevaron a juicio a funcionarios de gobierno, prominentes políticos y sus operadores, así como a grandes empresarios ligados al gran capital guatemalteco.

Al mismo tiempo, sectores militares se suman al hostigamiento de jueces y fiscales que han sentado, como acusados en los tribunales, a generales y oficiales militares que eran intocables, algunos de ellos operadores de la violencia organizada en el país. Esta situación ha configurado una situación en la que la democracia guatemalteca está en juego.

 Cárcel, exilio o muerte

En los años de la guerra cualquier opositor a los regímenes militares sabía que tenía seguros tres caminos: la cárcel, el exilio o una muerte brutal y violenta, esa frase vuelve a sonar insistentemente en los corrillos de los tribunales, ya que la lista de quienes han salido al exilio para salvar la vida es cada día más numerosa. Más de 22 han tenido que salir del país.

Algunos han salido del país luego de unos días en prisión acusados por un Ministerio Público que fabrica casos contra sus propios fiscales que anteriormente investigaron casos de corrupción. A esta lista se han sumado recientemente algunos periodistas.

En una entrevista para Prensa Comunitaria, el Encargado de asuntos latinoamericanos del Colegio de abogados de Nueva York, Jaime Chávez Alor respondió algunas preguntas en relación a su carta publicada el 24 de mayo.

Foto: Cortesía.

PC: ¿Qué significa para la democracia de un país la persecución contra jueces y fiscales?

JCA: La postura del Colegio de Abogados de Nueva York es que este tipo de criminalización desde luego afecta la democracia y representa un retroceso importante para el Estado de derecho, todos los países y particularmente Guatemala, tienen la obligación de proteger a sus operadores de justicia y en este caso es muy claro que no se está haciendo, este retroceso no es solo contra las personas que está atacando, sino es contra todo el sistema de justicia y contra la confianza de todo el sistema de justicia.

PC: ¿Puede calificarse lo que ha ocurrido en Guatemala con los operadores de justicia como un golpe de Estado judicial?

JCA: No sé si le pondría esas palabras, pero si diría que es una situación sumamente preocupante, un desgaste al sistema de justicia y una mala señal a nivel internacional del compromiso de Guatemala con el estado de derecho.

PC: En su carta dicen que los actos realizados por autoridades guatemaltecas violan el derecho internacional ¿Se pueden iniciar acciones penales contra estas autoridades desde organizaciones internacionales?

JCA: Acciones penales en este momento no, pero si acciones en instancias internacionales, ya se han iniciado alguna de ellas, en donde se establecería la responsabilidad del Estado de Guatemala por violar estos estándares de derecho internacional que terminarían en una sentencia condenando al Estado guatemalteco.

Esas acciones ya se han iniciado por que por ejemplo la jueza Erika Aifán ya presentó una demanda contra el Estado de Guatemala ante el sistema interamericano, varias de las personas atacadas tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el violar estas medidas cautelares definitivamente acarrea una responsabilidad a nivel internacional.

PC: ¿Cómo se explica que esas medidas cautelares no han sido efectivas para proteger a los jueces que hoy se encuentran en el exilio?

JCA: Al final del día estas medidas se tienen que cumplir por el Estado, que es el que tiene la obligación de ejecutar estas medidas y, desafortunadamente, como vemos en este caso, no se han cumplido. Pero justamente eso es lo que lleva una responsabilidad internacional, porque son obligaciones muy específicas; en los casos de Erika Aifán y de Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la FECI, tampoco se cumplieron esas medidas, tan es así que tuvieron que salir del país por graves amenazas a su seguridad.

PC: Desde el punto de vista del colegio de abogados de Nueva York ¿Cómo se puede hacer frente a esta situación si todo el sistema de justicia está cooptado por estos grupos que buscan frenar los casos legales contra hechos de corrupción?

JCA: Esa es la pregunta del millón, nuestro comunicado inicia diciendo que estas autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones, en Guatemala también hay un tema pendiente desde hace muchos meses que es el da la renovación de la corte suprema y las salas de apelación. Es un proceso que ha estado detenido pero que es fundamental que pueda continuar, conforme lo establece la propia Constitución de Guatemala, porque eso podría representar un cambio, pero lo más importante es que estas autoridades inicien por cumplir con su obligación.

Según detalla en su página web, el colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York es una institución fundada en 1876, que busca cultivar la ciencia de la jurisprudencia, promover la reforma de la ley, facilitar la administración de justicia y elevar los estándares de integridad, honor, habilidad profesional y cortesía en la profesión legal. Cuenta con miembros en 50 estados de Norteamérica y en más de 100 países en todo el mundo, la membresía del reconocido colegio alcanza los 70,000 miembros.

 

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