Colegio de abogados de la Ciudad de Nueva York condena el acoso y la criminalización a los operadores de justicia en Guatemala

DECLARACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE NUEVA

YORK CONDENANDO EL CONTINUO ACOSO Y LA CRIMINALIZACIÓN DE

LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN GUATEMALA

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (Colegio de Abogados) expresa su profunda preocupación por el continuo hostigamiento criminal de parte de las autoridades de la República de Guatemala en contra de abogados, jueces, fiscales y ex fiscales que han trabajado en casos de corrupción. El 8 de febrero de 2022, el Colegio de Abogados pidió al Gobierno de Guatemala que adoptara las medidas necesarias para proteger a la jueza Erika Aifán del acoso y que garantizara que cualquier acción disciplinaria iniciada en contra ella y de otros jueces de Mayor Riesgo que conocen de casos de corrupción, se provea de manera adecuada, otorgando todas las protecciones del debido proceso.¹ Desafortunadamente, el hostigamiento y las detenciones se han intensificado, amenazando la independencia judicial y el Estado de derecho en Guatemala.

I.            LAS INSTITUCIONES JUDICIALES EN GUATEMALA CONTRAVIENEN SU MANDATO VIOLANDO PRINCIPIOS DEL DIBIDO PROCESO

Como componentes esenciales del sistema de justicia del Estado, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad están sujetos a la Constitución de la República de Guatemala y a otras leyes, garantizando el respeto al Estado de derecho.² Sin embargo, en las últimas semanas, diversos medios de comunicación confiables han informado que, lejos de cumplir con su mandato legal, estas instituciones persisten en perseguir, encarcelar y criminalizar activamente a jueces, fiscales y abogados guatemaltecos por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones profesionales en la judicialización de casos de corrupción.³

Estos actos por parte de las autoridades guatemaltecas violan los principios del debido proceso, incluido el derecho a una audiencia pública, al iniciar procesos penales bajo reserva con base en acusaciones hechas por los propios abogados quienes defienden a los acusados en casos de corrupción. Como los procesos se llevan a cabo bajo reserva, las investigaciones no se hacen públicas y las audiencias correspondientes se posponen con frecuencia, prolongando la detención preliminar del acusado.

II.            LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA ES IMPLACABLE Y REVELA UNA PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA

Algunos de los casos preocupantes incluyen el de Siomara Sosa, ex fiscal de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) y su abogada defensora, Leily Santizo, ex mandataria de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala apoyada por las Naciones Unidas). Las abogadas fueron detenidas y puestas en prisión preventiva después de que el Ministerio Público las acusara de presuntos delitos de colusión y obstrucción de la justicia.^[1] Ambas trabajaron en casos de corrupción emblemáticos y de alto perfil que resultaron en el encarcelamiento de múltiples políticos, empresarios y narcotraficantes.^[2]

Además, Virginia Laparra Rivas, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, fue detenida el 23 de febrero de 2022 y acusada el 3 de marzo de abuso de poder y usurpación de funciones. Las acusaciones contra Laparra surgen de sus reclamaciones presentadas ante la Junta de Disciplina Judicial en contra de varios jueces en 2019 por corrupción dentro de la judicatura. Laparra fue detenida en medio del hostigamiento de autoridades a numerosos ex fiscales de la FECI, lo que llevó a varios de ellos a renunciar e incluso a huir. A Laparra se le ha denegado el debido proceso, ya que su audiencia se ha pospuesto al menos seis veces por varias razones. Mientras tanto, permanece en detención preliminar.^[3]

Asimismo, los fiscales auxiliares de la FECI Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez fueron detenidos el 16 de febrero de 2022, por el presunto delito de abuso de poder en el caso Comisiones Paralelas 2020.^[4] En ese caso, la FECI presentó múltiples solicitudes de antejuicio para revocar la inmunidad de ciertos jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, con base en pruebas de un complot de corrupción en la elección de jueces. ^[5] La fiscalía intenta justificar sus acciones utilizando afirmaciones infundadas señalando que las solicitudes de revocación de la inmunidad judicial se presentaron con el propósito de coaccionar confesiones falsas.

Estos casos junto con la intimidación y posterior exilio del ex jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval; el exfiscal Carlos Antonio Videz; la ex magistrada de la Corte Suprema y Fiscal General Thelma Aldana; la ex magistrada de Sala Claudia Escobar, y el ex fiscal Andrei González, así como la magistrada Gloria Porras, quien fue reelegida como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pero luego inhabilitada para el cargo en aparente represalia por algunos de sus fallos, amenazan la fortaleza del Estado de derecho y subrayan la ausencia de medidas para salvaguardar una buena gobernanza en Guatemala.^[6] Adicionalmente, el fiscal auxiliar Eduardo Pantaleón, quien trabajó en casos de corrupción de alto perfil, incluido el Libramiento de Chimaltenango y aquellos que involucraron actos de soborno cometidos por miembros del poder judicial, fue arrestado por presuntos actos de obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes. Además, en los últimos días, el juez Miguel Ángel Gálvez ha recibido múltiples amenazas luego de que dictara una orden de inicio de juicio en proceso penal contra nueve ex militares y policías en el caso Diario Militar.

Asimismo, las amenazas a la jueza Aifán se incrementaron, obligándola a renunciar a su cargo como titular del Juzgado de Mayor Riesgo ³D´ y a huir a los Estados Unidos. La jueza Aifán temió por su vida después de varios años de hostigamiento y repetidos intentos por parte del Ministerio Público de revocar su inmunidad.¹⁰ Resulta alarmante que actores judiciales como la jueza Aifán y los demás señalados anteriormente se hayan visto obligados a abandonar el país debido a las amenazas, intimidaciones y persecuciones que enfrentan, junto con el posible enjuiciamiento y la posible detención arbitraria por instituciones del Estado. El denominador común entre los perseguidos es su papel en el enjuiciamiento y la lucha contra la corrupción. Todos estos individuos trabajaron en casos de alto perfil que resultaron en sentencias penales y el encarcelamiento de oficiales del Estado¹¹, y la mayoría pertenecen a los Juzgados competentes para Delitos de Mayor Riesgo, la FECI o la extinta CICIG, todos los cuales fueron sido diseñados para desmantelar redes criminales a través de enjuiciamientos efectivos.

III.            ACTOS REALIZADOS POR AUTORIDADES GUATEMALTECAS VIOLAN EL DERECHO INTERNACIONAL

Estos actos de persecución por parte de las instituciones del Estado, incluida la Fiscalía, contravienen claramente una serie de principios y normas fundamentales del derecho internacional,¹² incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. En primer lugar, el Principio Básico No. 1 de las Naciones

Unidas establece que la independencia del poder judicial será garantizada por el Estado y consagrada en la Constitución o en la legislación del país. Al perseguir a los actores judiciales por su participación en los principales casos de corrupción, haciendo uso de herramientas y procedimientos de competencia penal, el Estado falla en garantizar la independencia judicial de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas.^[7] Además, los actos de persecución del Estado violan los artículos 203, 251 y 268 de la Constitución de Guatemala.¹⁴ Por otro lado, el Estado no se adhiere al Principio Básico 17 de las Naciones Unidas, que exige que las declaraciones formuladas contra un juez en su capacidad profesional se tramiten de manera expedita y justa en el marco de un procedimiento apropiado.^[8] Las denuncias de mala conducta judicial y fiscal contra los operadores judiciales que procesan y resuelven casos de corrupción formuladas por abogados defensores que representan a las personas acusadas en esos casos no se resuelven mediante procedimientos rápidos y justos. Por el contrario, las alegaciones son objeto de procedimientos bajo reserva que adolecen de numerosas irregularidades.

Además, la persecución de jueces y fiscales por parte del Estado viola múltiples estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concretamente, los artículos 8 y 25 de dicho tratado abarcan los principios de las debidas garantías procesales, incluido el de la independencia del poder judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a los Estados que forman parte de la Convención, estableciendo que los Estados se deben comprometer a los recursos necesarios y adecuados para garantizar la protección de la vida de los operadores judiciales y su seguridad general, y , además, que los Estados deben investigar a fondo cualquier ataque en contra ellos.^[9] El Estado de Guatemala, que es parte del tratado, no ha actuado de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

IV.            GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES REACCIONAN DE MANERA CRÍTICA

Numerosos gobiernos, organizaciones e individuos han expresado su preocupación por el patrón de ataques a la independencia de los jueces y fiscales que manejan casos de corrupción en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó las herramientas judiciales utilizadas por las autoridades judiciales guatemaltecas para denunciar a los jueces y fiscales antes mencionados por incumplimiento de sus deberes, y concluyó que las herramientas se están utilizando con fines de intimidación, hostigamiento y expulsión. Asimismo, la CIDH ha advertido que el hecho de que el Estado no garantice la seguridad de los operadores judiciales frente a influencias externas tiene un efecto negativo significativo en la actividad judicial y obstruye la justicia.^[10] Cabe señalar que la CIDH emitió previamente medidas cautelares de protección a la Jueza Aifán,^[11] así como a otras personas como la Jueza Yassmin Barrios, la Jueza Patricia Isabel Bustamante García y el Juez Pablo Xitumul de Paz. Del mismo modo, la Unión Europea ha informado que los enjuiciamientos de jueces y fiscales en Guatemala están precedidos por “largas campañas en las redes sociales, incluyendo intimidación y amenazas”.^[12] Además, el gobierno de los Estados Unidos también ha emitido varias declaraciones condenando las acciones del Estado de Guatemala contra la jueza Aifán y otros.^[13]

V. El COLEGIO DE ABOGADOS HACE UN LLAMADO A LAS INSTITUCIONES GUATEMALTECAS PARA QUE CESEN LA INTIMIDACIÓN Y ACTÚEN SOBRE BASES LEGALES.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York hace un llamado a la Fiscal General y al Ministerio Público, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como guardianes del Estado de derecho en Guatemala, a tomar todas las medidas necesarias y:

1. Actuar de conformidad con la ley y los mandatos constitucionales y centrar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, sin tener en cuenta los intereses privados.
2. Cesar la criminalización y los ataques a abogados, jueces, fiscales y ex fiscales que han combatido la corrupción en Guatemala, defendiendo así el Estado de derecho.

Para salvaguardar el Estado de derecho, Guatemala debe combatir la corrupción y poner fin a la impunidad.

Firman:

Grupo de Trabajo para la Independencia de Abogados y Jueces

Christopher Pioch, Copresidente

Jessenia Vazcones-Yagual, Copresidenta

Centro Vance para la Justicia Internacional

Alexander Papachristou, Director Ejecutivo

Jaime Chavez Alor, Director de Políticas de América Latina / Miembro, Comité de Asuntos Interamericanos y Grupo de Trabajo para la Independencia de Abogados y Jueces

Comité de Asuntos Interamericanos

Michael A. Fernández, Presidente

Comité Internacional de Derechos Humanos

Ramya Kudekallu, Presidente

Mayo 2022.

Sobre la asociación

La misión de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que se fundó en 1870 y tiene aproximadamente 24,000 miembros, es equipos y movilizarse con una profesión legal diversa para practicar con excelencia, promover la reforma de la ley y aumentar el estado de derecho y el acceso a Justicia en apoyo de una sociedad justa y el público entre la comunidad, nuestra nación y a través del mundo.

[1] EU, US caution Guatemala over persecution of lawyers, judges, ABC News, (febrero 11, 2022), https://abcnews.go.com/International/wireStory/eu–us–caution–guatemala–persecution–lawyers–judges–82836714

[2] Ligan a proceso a las abogadas anticorrupción Leily Santizo y Siomara Sosa por colusión, Prensa Libre (7 de marzo de 2022), https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ligan–a–proceso–a–las–abogadas–anticorrupcion–leily–santizo–ysiomara–sosa–por–colusion/  

[3] Ligan a proceso a Virginia Laparra, exjefa de la FECI de Quetzaltenando, Prensa Libre (marzo 3, 2022), https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ligan–a–proceso–a–virginia–laparra–exjefa–de–la–feci–de–quetzaltenangobreaking/

[4] FECI: Capturan a dos auxiliares fiscales por abuso de autoridad, Perspectiva (febrero 16, 2022), https://www.perspectiva.gt/noticias/feci-capturan-a-dos-auxiliares-fiscales-por-abuso-de-autoridad/

[5] Caso Comisiones Paralelas 2020, FECI solicita retiro de inmunidad de 10 magistrados de CSJ, TSE y CC, Prensa Libre (8 de junio de 2021), https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso–comisiones–paralelas–2020–feci–solicita–retirode–inmunidad–de–10–magistrados–de–csj–tse–y–cc–breaking/

[6] La guerra contra los jueces y fiscales independientes que luchan contra la corrupción en Guatemala, El País (febrero 21, 2022), https://elpais.com/internacional/2022–02–21/la–guerra–contra–los–jueces–y–fiscales–independientes–que–luchancontra–la–corrupcion–en–guatemala.html; ³:KHWKHURQWKH&RXUWRU1RW,6ZRUHWR3URWHFWWKH&RQVWLWXWLRQ´, El Faro (20

[7] Naciones Unidas, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura: ³/DLQGHSHQGHQFLDGHODMXGLFDWXUDVHUi garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales \GHRWUDtQGROHUHVSHWDUiQ\DFDWDUiQODLQGHSHQGHQFLDGHODMXGLFDWXUD´ ¹⁴ Constitución de la República de Guatemala, Supra n.2.

[8] Naciones Unidas, Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Principio 17: ³7RGDDFXVDFLyQRTXHMD formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión VHUiFRQILGHQFLDODPHQRVTXHHOMXH]VROLFLWHORFRQWUDULR´

[9] Garantías Para Independencia De Las Y Los Operadores de Justicia, CIDH. (5 de diciembre de 2013), https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores–de–Justicia–2013.pdf.

[10] Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH expresa preocupación por nuevas afectaciones a la independencia judicial en Guatemala (22 de febrero de 2022),

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/037.asp, 

[11] Comunicado de Prensa, Organización de los Estados Americanos, CIDH otorga Medidas Cautelares para proteger a operadores          de                 justicia    en            Guatemala              (28          de            octubre    de            2019), https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/276.asp;

véase también Erika Lorena Aifan v. Guatemala, Medidas Cautelares, Resolución 55/2019, Comunicación Interam., Medida Cautelar No. 682-18 (23 de octubre de 2019), https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/55–19MC682–18–GU.pdf. 

[12] Guatemala:        Statement     by    the    Spokesperson    on     the    rule     of     law     situation    (febrero     11,     2022),

https://www.eeas.europa.eu/eeas/guatemala–statement–spokesperson–rule–law–situation_en, 

[13] U.S. Concern for Integrity of Guatemalan Judicial System (enero) 16, 2022), https://www.state.gov/u–s–concern–forintegrity–of–guatemalan–judicial–system/,