Parlamento Europeo condena criminalización a operadores de justicia y periodistas

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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

Integrantes del Parlamento Europeo expresaron su preocupación por el clima de criminalización en Guatemala en contra de jueces independientes, abogados y fiscales que han investigado casos de corrupción, esto tras las acciones legales emprendidas por el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dirigidas a operadores de justicia y periodistas, e hicieron un llamado a detener la persecución en contra de los mismos.

El pasado 6 de abril, en el Parlamento Europeo, se debatió una Resolución de Emergencia sobre la Situación de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos en Guatemala presentada por varios eurodiputados, manifestaron su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala.

Según información del Parlamento Europeo, en una votación a mano alzada, la Cámara criticó las acciones judiciales iniciadas por la fiscal general, Consuelo Porras y la CSJ, en contra de jueces, abogados y fiscales que investigan o persiguen estructuras criminales señaladas de estar vinculadas a altos cargos del Estado y a algunos empresarios.

En julio pasado, la fiscal Porras, destituyó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y emprendió una serie de acciones legales en contra de varios jueces de Mayor Riesgo como Erika Aifán, quien se vio forzada a salir del país, y Pablo Xitumul, a quien la CSJ despojó de su inmunidad, tras una denuncia del MP.

Los eurodiputados también denunciaron la criminalización y detención de periodistas y el descrédito de algunos medios de comunicación; las amenazas y actos de acoso contra los operadores de justicia que han llevado a juicio casos de corrupción, así como contra defensores de derechos humanos.

En la resolución, los parlamentarios europeos señalaron que las autoridades guatemaltecas deben poner fin a estas acciones, defender el Estado de derecho y garantizar el pleno respeto de la independencia de los poderes como elementos clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Los eurodiputados pidieron a las autoridades guatemaltecas investigar las amenazas, los actos de acoso y las campañas de estigmatización contra funcionarios de justicia y de la sociedad civil y tomar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de los jueces, fiscales, abogados y activistas.

Asimismo, solicitaron a las autoridades guatemaltecas adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de los jueces, fiscales, abogados, incluyendo a los antiguos mandatarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y defensores de derechos humanos.

En otro apartado instaron al Gobierno a tomar medidas necesarias para reforzar la legislación y las políticas destinadas a proteger los derechos humanos, incluidos los defensores del medio ambiente y los periodistas.

Intervenciones de eurodiputadas sobre la situación de Guatemala

Helena Dalli, comisaria Europea de Igualdad, señaló que la Unión Europea está preocupada por los retrocesos en el Estado de derecho en Guatemala e hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los detenidos y un proceso justo.

En febrero pasado, el MP dirigido por Porras capturó a la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y a cinco fiscales y exfiscales de la FECI, una de las cuales, Virginia Laparra, continúa en prisión preventiva, con riesgo a su integridad física.

Dalli calificó de preocupante la situación en contra de operadores de justicia y advirtió que el espacio de la sociedad civil de Guatemala para actuar libre de obstrucciones está disminuyendo.

“El camino hacia la dictadura siempre arranca en el mismo sitio, se destruye la independencia del poder judicial, se amenaza la libertad de prensa y de expresión, se persiguen los disidentes y las organizaciones que los agrupan y se laminan todos los mecanismos de control”, dijo la parlamentaria Izaskun Bilbao.

La Guatemala de Alejandro Giammattei baja por esa cuesta de la corrupción y la impunidad, agregó.

Por su parte, Tilly Metz, diputada al Parlamento Europeo, expresó su preocupación por las acciones legales iniciadas por las autoridades guatemaltecas y urgió a las mismas a poner fin a la criminalización de operadores de justicia para asegurar la independencia del sistema de justicia y garantizar un proceso transparente en la elección de Fiscal General.

Metz indicó que también han visto un incremento en los ataques y la criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente.

Aifán en el exilio y Xitumul suspendido, el secuestro del sistema judicial guatemalteco

En la resolución del Parlamento Europeo también se pidió garantizar la elección justa de magistrados, en particular a lo que respecta a la elección de Fiscal General y del Procurador de Derechos Humanos. Ambos procesos están en marcha en Guatemala.

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