Erika Lorena Aifán Dávila, de 46 años, era, hasta hace unos días, quien presidía el Juzgado D de Mayor Riesgo, uno de los tribunales que ha conocido más de una docena de casos de corrupción en los últimos años y que, inevitablemente, ha tocado la fibra de las redes político-criminales que se han insertado en el poder. La ahora exjueza se encuentra en Washington y se ha convertido en uno más de los paladines de la justicia guatemalteca que se han visto obligados a huir de su país para proteger sus vidas, tras sufrir amenazas y hostigamiento como castigo a los fallos que ha emitido en contra de empresarios, políticos, redes de lavado de dinero y narcotraficantes.
Por Paolina Albani
A las 6:23 de la mañana del 21 de marzo de 2022, la periodista guatemalteca Michelle Mendoza tuiteaba en su cuenta que ese día sería uno triste para Guatemala. Apenas 3 horas después, Erika Aifán anunciaba su renuncia como jueza de mayor riesgo alegando hostigamiento y amenazas.
El anuncio lo hizo desde Washington, DC, en donde se encuentra desde el 10 de marzo pasado. En un video-mensaje difundido en redes sociales, la exjueza informó que su salida del país se debió a que no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida e integridad.
Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor. pic.twitter.com/eyyJcFQRsD
— Erika Aifan (@aifan_erika) March 21, 2022
Aifán tiene claro que la persecución que ha sufrido es consecuencia de haber fallado en contra de estructuras del crimen organizado pues “las redes político-criminales volvieron a cooptar a las instituciones y, ahora, persiguen a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”. Una cooptación dirigida por una macro estructura incrustada en el Estado que tiene una capacidad operativa transnacional, aseguró.
A lo largo de sus 19 años de carrera, 6 de los cuales los desempeñó frente al Juzgado D de Mayor Riesgo, ha sido denunciada y difamada de forma constante, incluso por sus propios oficiales. Hasta ahora, el sistema de justicia había sido lo suficientemente fuerte para protegerla y permitirle seguir juzgando casos de alto impacto.
Todo cambió desde febrero pasado, cuando el medio salvadoreño El Faro, reveló que un testigo en uno de los casos que Aifán conocía, admitió haber financiado la campaña política del presidente Alejandro Giammattei, pagando USD$2.6 millones. El dinero habría salido de los sobornos pagados por las empresas constructoras al Ministerio de Comunicaciones y que, el partido de Giammattei no reportó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Tras la publicación de esta noticia, Giammattei solicitó al Juzgado D la carta de declaración del testigo que lo acusó, a lo cual Aifán se negó.
A partir de ese momento, la exjueza recibió al menos siete solicitudes de antejuicio de parte de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, aliada política de Giammattei, con el objetivo de quitarle la inmunidad y encarcelarla.
Aifán resistió por más de un mes los ataques y el asedio del MP. En la entrevista con El Faro aseguró que de quedarse no temía enfrentar la cárcel, pero sabía que no encontraría un sistema de justicia que le permitiera defenderse con el debido proceso.
Finalmente, abandonó Guatemala la noche del 9 de marzo “sin avisar a sus guardaespaldas”. Llegó a El Salvador por carro y de ahí voló hacia Costa Rica para, posteriormente, llegar a Estados Unidos.
En una entrevista con Prensa Comunitaria, Aifán reveló que la decisión de salir del país la tomó luego de analizar el contexto de su defensa antes las denuncias del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones y el incremento del hostigamiento, amenazas e intimidaciones en su contra.
Aifán también dijo que quiso postularse a Fiscal General del Ministerio Público (MP), pero la Corte de Constitucionalidad (CC) vedó la alternativa para los jueces de primera instancia.
“He presentado mi renuncia al juzgado, pero no he renunciado a mi derecho de defenderme”, aclaró.
El juzgado de Aifán conoció casos como “Caja de Pandora”, donde una estructura criminal desde la cárcel decidía el nombramiento de funcionarios en el sistema penitenciario; “Construcción y Corrupción”, donde empresarios pagaron sobornos al exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para agilizar desembolsos y conseguir contratos de ese ministerio; y “Fénix”, sobre el desfalco millonario al Seguro Social.
Otro de los casos emblemáticos que llevó su judicatura está ligado al procesamiento de cinco empresarios que fueron señalados de haber financiado ilícitamente la campaña política del partido FCN-Nación, mismo que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia de la República en 2016.
La exjueza en el exilio ha reconocido que la mayoría de las amenazas que ha recibido durante su carrera, han venido de las redes criminales a las que ha llevado a juicio.
El pulso entre Aifán y el Instituto de Magistrados
Apenas unos días antes de su renuncia, Aifán aseguró a Plaza Pública que quienes han persistido en denunciarla y exigido que sea investigada son miembros de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, una entidad privada que reúne al 95% de los magistrados de Corte de Apelaciones.
El Instituto la denunció pues, supuestamente, habría emitido resoluciones ilegales para investigar comunicaciones telefónicas entre jueces y magistrados. Esas acusaciones no aparecen en el expediente como pruebas, pese a ello, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio en su contra.
La denuncia fue presentada ante la corte, que mantiene intereses en común con el Instituto de Magistrados, en donde los titulares Vitalina Orellana y Manuel Duarte fungen como el canal de comunicación entre ambas instancias.
Cuando la CSJ fue integrada por magistrados de apelaciones a falta de magistrados titulares, uno de los designados para conformar el pleno fue Jaime González, presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. González, quien tiene una rivalidad con Aifán, es, también, el tesorero de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados que la denunció.
La corte nombró a Roaldo Chávez quien, a la vez, es el secretario del Instituto de Magistrados, para que investigara y redactara un informe en el que sugeriría a los magistrados si debían o no permitirle conservar su inmunidad, relató Aifán.
Sumado a esto, Aifán aseguró que Chávez le ha advertido que no recibiría sus medios de prueba si no se presentaba a las audiencias que le ordenara, aun cuando esa sanción no la contempla la ley.
Esta no es la primera vez que Aifán se enfrenta al instituto. En 2019, tuvo que ampararse ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para detener un antejuicio en su contra. Incluso la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad alegó que la denuncia en contra de la entonces jueza tenía inconsistencias.
Aifán ha declarado que al menos 7 integrantes de la Junta Directiva del instituto figuran en el caso de corrupción Comisiones Paralelas 2020.
Desde el exilio, Aifán señaló que no planea rendirse pues “es tiempo de unirnos y recuperar fuerzas para encontrar nuevas rutas para transformar a Guatemala”. “Me niego a pensar que esto sea imposible”.
Una judicatura vacante acechada por el poder
El exilio de la exjueza es uno más en la lista que incluye al menos a 22 operadores de justicia, entre ellos jueces, fiscales y magistrados que han tenido que refugiarse en otros países para proteger sus vidas.
La renuncia y salida de Guatemala de Aifán es mucho más que una revancha personal. Forma parte de una estrategia de debilitamiento del sistema judicial para que vuelva a estar al servicio de las mafias, de acuerdo a la opinión de varios expertos consultados para esta pieza.
“La salida de Erika Aifán es el evento más reciente de un patrón cada vez más común en la región, donde operadores de justicia se ven obligados a dejar su país y su trabajo por presiones y amenazas de los poderes fácticos con la complicidad de las instituciones estatales -incluyendo las propias instituciones de justicia-. Hace tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) equiparó el trabajo que realizan los defensores con el que realizan los jueces y fiscales”, refirió Katya Salazar, de Due Process of Law Foundation.
Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), opinó que el exilio de la exjueza “significa un grave retroceso a la lucha contra la corrupción e impunidad… Erika Aifán tenía bajo su responsabilidad casos de gran corrupción. Es una voz de alerta que estamos llegando a un régimen autoritario en donde la justicia independiente ya es una utopía”.
El impacto inmediato lo sufrirán los casos de la judicatura D mayor riesgo, que “ya no serán juzgados con independencia e imparcialidad”, indicó Oswaldo Samayoa, analista político independiente y docente de derecho.
Hasta ahora, el mensaje de las redes político-criminales es claro: ser cómplices o ir a prisión.
“El objetivo es que el sistema funcione solo para los intereses de las mafias. El bien común es una mentira. Quieren aparentar que todo es un estado de derecho, pero lo que hay es una dictadura. Es triste porque es una minoría quien gobierna. No son más de 200 gentes y sus redes”, aseguró Helen Mack, directora de Fundación Mack, en una llamada telefónica.
Samayoa concuerda con Mack al decir: “todo el sistema de justicia está hecho para que ciertos grupos ganen impunidad”.
El experto también indicó que “el ejercicio del derecho se volvió un circo y un mercado, al punto que cualquiera puede estudiar derecho para favorecerse de la institucionalidad corrupta del Estado… encontramos procuradores de la impunidad en muchos colegas que estudian para replicar un modelo corrupto e impune en donde no se procura la justicia. Eso crea una cultura que destruye la independencia judicial y la convivencia pacífica, y crea oportunidades para que cualquier abogado que imparte justicia sea señalado, perseguido y exiliado”.
Con la salida de Aifán, está en riesgo la filtración de información de casos clave. Es así que el Ejecutivo, es decir, el presidente Alejandro Giammattei, tendría el camino libre para obtener el testimonio de la persona que lo señaló de haber aceptado dinero de sobornos para su campaña política, declaró Samayoa.
El secuestro del sistema judicial
Lo cierto es que ya no quedan muchos más jueces de alto riesgo. Yassmin Barrios y Miguel Ángel Gálvez son algunos de los remanentes de la revolución judicial que inició en el último período de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), antes de que fuera desintegrada por el gobierno de Jimmy Morales.
La primavera judicial que permitió a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y a CICIG investigar y encarcelar a funcionarios, empresarios y a redes criminales de cuello blanco, también ha sufrido un inevitable golpe en manos de Giammattei: la desintegración de la fiscalía y de las judicaturas de alto riesgo.
Ahora, fiscales del MP y la FECI como es el caso de Juan Francisco Sandoval y Oscar Schaad; exmandatarios nacionales de CICIG como Leily Santizo; exfiscales generales como Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz; y exmagistradas y exjueces como Gloria Porras y Claudia Escobar; viven en el exilio. A pesar de eso, siguen cerca la situación en Guatemala como si nunca se hubiesen ido.
Hagamos un recuento de Medidas Cautelares y Funcionarios de Justicia exiliados, procesados etc, veamos el termómetro 🌡 de la supuesta República en que vivimos🧶🧵
— Oswaldo Samayoa Sosa (@hoss06) March 21, 2022
Aunque las figuras de Sandoval y Erika Aifán han sido simbólicas desde la investigación y el juzgamiento, hay más operadores de justicia que están siendo perseguidos.
“Se están deshaciendo de los fiscales y jueces que han luchado contra la corrupción. Irán en contra de los que no hagan lo que ellos -las redes político-criminales- quieren”, señaló Mack. El caso del juez Pablo Xitumul es otra prueba de ello.
🚨URGENTE🚨
La Corte Suprema de Justicia separó del cargo al juez Pablo Xitumul, con goce de salario. Esto para que pueda defenderse en un proceso penal en su contra. El juez debe retirarse del juzgado de mayor riesgo.
Esta es la notificación que la Corte Suprema le envió hoy. pic.twitter.com/KNgcKlWBhq
— Jody García (@JodyReporta) March 22, 2022
El 22 de marzo, un día después de la renuncia de Aifán, el juez Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, fue separado del cargo después de perder la inmunidad en febrero, por una denuncia de “abuso de autoridad” antepuesta por un policía que lo detuvo en 2019. El caso lo tramitó la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP.
Xitumul ha juzgado casos que han ido desde el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, el procesamiento de cinco militares por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, el caso “Dos Erres” y el denominado “Agua mágica”, en el que condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción.
Para Mack, las circunstancias actuales del país se asemejan al terror que se vivió durante la guerra interna. Aunque, esta vez, la persecución tiene matices de legalidad, aseguró.
Si bien es cierto que el panorama es poco alentador, que la ausencia de Aifán y Xitumul deja aún más débil a los ciudadanos guatemaltecos, pues significa que los caminos de la justicia se encogen cada vez más y se ciernen sobre los cuellos de quienes, inevitablemente, permanecen sometidos por un sistema corrupto secuestrado por las mafias, los expertos insistieron en que aun hay atisbos de esperanza: el respaldo a los jueces, fiscales y magistrados que hacen un trabajo honesto conforme a la ley, y la presión ciudadana.
“Cuando más crisis hay, es cuando estamos mas cerca de conseguir una solución. Una que debe de venir de la mayoría de las personas que buscan que el sistema sea justo y no corrupto”, concluyó Samayoa.
