En las últimas dos décadas, Luis Antonio Suárez Roldán, de 58 años, decano de la Facultad de Ciencias Económicas (CCEE), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ha ocupado altos cargos en diferentes instancias públicas como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, entre otros. Ahora aspira a llegar a la rectoría universitaria con la planilla 3: “Identidad San Carlista”. Sin embargo, cuenta con una denuncia por pensión alimenticia, un arraigo y una serie de señalamientos por tener alianzas con personajes y grupos de poder alineados al “pacto de corruptos”, además de la sospecha de haber recibido fondos del presidente Alejandro Giammattei para financiar su campaña política.
Por Paolina Albani
Suárez, quien cuenta con una licenciatura en Economía, graduado de la USAC desde 1995, tiene una larga trayectoria como empleado público. A lo interno de la Universidad, fue elegido como vocal primero de Económicas, hace 12 años. Cuatro años después ganó su primer período como decano de la misma facultad y, en 2019, logró la reelección. Ese año, recibió un reconocimiento del Consejo Superior Universitario (CSU), “por su entrega, dedicación y valiosos aportes al desarrollo académico durante su administración como decano”.
Sus aspiraciones políticas dentro de la Universidad no se han detenido desde que logró el puesto de profesor titular de matemáticas en la facultad, en el 2000. Ocupar la cabeza de la Rectoría ha estado en sus planes desde hace algún tiempo y la elección de 2022 sería su oportunidad. Cómo decano ha ocupado una silla en el Consejo Superior Universitario (CSU), durante dos períodos.
En 2021, cuando la preparación de la contienda para dirigir el gobierno universitario iniciaba, se perfilaba como el candidato oficial que las estructuras de poder conservadoras de la USAC apoyarían. Redes representadas por personajes como Estuardo Gálvez y Murphy Paiz, ambos exrectores señalados de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita en el caso Comisiones Paralelas 2020. Ambos, en línea de sucesión, permanecen en prisión preventiva, en un cuartel militar, señalados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con investigaciones dirigidas por Juan Francisco Sandoval.
Pero hubo una ruptura de alianzas meses después de la captura de Paiz y esto reconfiguró la elección. Esto habría provocado que Walter Mazariegos, decano de Humanidades y quien antes apoyaba la postulación de Suárez, se lanzara como contendiente.
La ruptura se hizo más evidente el 31 de marzo, cuando Mazariegos pidió a Suárez que no presentara un amparo en contra del Tribunal Electoral del Colegio de Ingenieros de Guatemala, por haber convocado a una tercera vuelta para el 8 de abril, después de que el colegio lo hubiese declarado como ganador en la segunda vuelta, pero Suárez se negó a su petición. En esa ocasión, “Identidad San Carlista” y la planilla de Mazariegos llamada “Innova” compitieron por los votos.
Ahora, Innova se disputa la elección frente a la planilla de “SOS Usac”, representada por Jordán Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Ambas agrupaciones acumulan la mayor cantidad de cuerpos electorales.
En este contexto, personas de los sectores opositores consultados, que prefirieron no ser nombradas, avizoran que es casi seguro que Suárez no gane la rectoría.
Es más, de los 34 cuerpos electorales disputados (integrados por 170 personas, entre ellos estudiantes, catedráticos, egresados, colegiados y el voto doble del actual rector Pablo Ernesto Oliva Soto), el decano de Económicas solo ha conseguido cuatro y queda uno pendiente por confirmar, lo que lo ha dejado en el cuarto lugar. Mientras tanto, Innova y SOS Usac tienen 9 cuerpos electorales cada uno.
En las redes sociales fue publicada la fotografía del candidato Walter Mazariegos comiendo en un restaurante capitalino con Oliva Soto, un hecho intrascendente si no fuera porque el rector de la USAC tiene un voto doble en relación con los 170 electores restantes.
Las mismas fuentes han referido que tanto Suárez como Mazariegos habrían recibido fondos de parte de Giammattei para financiar sus campañas políticas, en las cuales han dado regalos y han realizado actividades para despilfarrar el dinero, por ejemplo, en la impresión de gigantografías en vinilo en todo el país, jaripeos, o conciertos con grupos musicales.
Esto, además de la abrumadora publicidad que han desplegado tanto dentro como fuera del campus. Ambos han asegurado ante medios de comunicación que el dinero de la campaña proviene de amigos y conocidos., pero este extremo no pudo ser comprobado por Prensa Comunitaria.
Amistades dudosas
A lo interno de la USAC, Suárez ha sido cuestionado por la amistad que mantiene con Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), quien ha respaldado la persecución judicial en contra de magistrados, jueces y fiscales que apoyaron las investigaciones de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, como parte de un esquema de venganzas que ha llevado a operadores judiciales al exilio.
Según fuentes consultadas, Suárez habría ayudado a que Porras (quien fue incluida en la Lista Engels en la que aparecen actores corruptos identificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos) para que consiguiera una cátedra en CCEE, pero de acuerdo a un informante que pertenece al Colegio de Economistas, Porras habría ingresado a Económicas en el año 2001, cuando Miguel Ángel Lira Trujillo era decano de la unidad. Lo que se desconoce hasta ahora es si Suárez le otorgó la titularidad de la clase que imparte.
Durante su decanatura, el candidato a rector le ha otorgado reconocimientos por obtener un doctorado, algo que ha publicitado en sus redes sociales y que varios medios de comunicación documentaron.
Desde el año pasado, poco después de que se supiera que Porras había destituido del MP a Juan Francisco Sandoval, exfiscal de FECI, varios estudiantes que se conectaban en línea para recibir su clase protestaron y la llamaron corrupta. Otro grupo de estudiantes exigió a Suárez la destitución de Porras y su declaración como persona non grata, pero ella siguió dando clases como si nada.
Al candidato a rector también se le ha cuestionado la alianza que mantiene con José Rolando Secaida Morales, apodado como “chucha flaca”, quien fue decano de Económicas antes que él. Secaida habría sido nombrado como asesor específico de la decanatura de Suárez, donde habría devengado Q20 mil mensuales, pese a que ya era jubilado de la USAC, refirieron los sectores de oposición.
Otra de las fuentes consultadas, quien también pidió no ser nombrada por seguridad, mencionó que Secaida Morales estaría vinculado a una mafia que opera en la zona 6 y que tiene relación con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, señalado en cinco casos: la Coperacha, Cooptación del Estado, Blindados, Patrullas Fase II y narcotráfico. Por otro lado, uno de sus hijos habría sido asesor del expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, señalado de corrupción en el caso Cooptación del Estado y el caso IGSS-Pisa.
Suárez también es señalado de tener vínculos con una asociación de estudiantes de la facultad de Económicas que funciona como grupo de choque y que delinque durante las actividades de la Huelga de Dolores. Este grupo de huelgueros habría apoyado la candidatura del decano, pero Suárez ha negado tener relación alguna con el grupo.
Una denuncia y una orden de arraigo por pensión alimenticia
En marzo de 2021, Suárez fue denunciado por su expareja por no proveer la cuota de pensión alimenticia que serviría para sostener a una de sus hijas. Como consecuencia, el Juzgado Pluripersonal de Instancia Familiar con Competencia Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias ordenó su arraigo y congeló sus cuentas bancarias para asegurar el pago de la cuota mensual.
La huella pública de Suárez
Durante su decanatura inauguró el programa de Doctorado en Ciencias Económicas con Especialidad en Administración Financiera y la Maestría en Gestión, Fiscalización y Control Gubernamental.
También ha sido integrante del CSU, órgano que regula y administra a la USAC, ha sido representante de la universidad ante la Junta Monetaria durante los últimos seis años y fue integrante de la comisión de postulación para elegir contralor de cuentas en 2018.
En 2021, mientras el CSU elegía a quién designaría para ser magistrado ante la Corte de Constitucionalidad (CC), Suárez votó en repetidas ocasiones por Omar Barrios, abogado de Murphy Paiz en el caso Corrupción de la USAC, quien además es un opositor a la labor de la FECI y la CICIG. Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, está detenida por acusaciones de Barrios, quien además está contratado como asesor de Alejandro Giammattei, un contrato que le garantizo la magistrada de la CC, Leyla Lemus.
Asimismo, las fuentes mencionaron que existen sospechas de malversación por parte de Suárez sobre los fondos de CCEE, por ejemplo, en la impermeabilización de techos de la facultad, obra que no se ha podido comprobar que haya sido ejecutada.
Fuera de la USAC, ha sido jefe de compras en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, jefe de recursos humanos en el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), director administrativo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gerente en el Ministerio de Economía (MINECO), coordinador administrativo-financiero del Comité Permanente de Exposiciones (Coperex), y contralor Contraloría General de Cuentas.
