Una ex mandataria de la CICIG y cinco fiscales y ex fiscales de la FECI llevan, más de 20 días presos, en algunos casos y deberán esperar hasta la semana entrante para ser escuchados por un juez. Analista calificó esta práctica de retraso malicioso y señaló que se violan los derechos humanos de las y los implicados.
Por Regina Pérez
Los casos contra la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Leily Santizo y los exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa, Paola Escobar, Willy Racanac, Allis Morán Mejía y Virginia Laparra, están estancados en el Organismo Judicial (OJ) debido a la suspensión de las audiencias, la inasistencia de querellantes y la excusa del juez encargado. Con ello se alarga la prisión provisional para las y los operadores de justicia.
Este martes 1 de marzo se reanudó la audiencia de primera declaración de la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y de la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa en el Juzgado Tercero, a cargo del juez Geisler Pérez, que inició desde el lunes 28 de febrero y que hoy tampoco concluyó. Se retomará recién hasta el lunes 7 de marzo.
La abogada Santizo fue detenida el 10 de febrero por un caso denominado “Cooptación y Corrupción Judicial”, en una investigación llevada a cabo por la FECI, en tanto la captura de Sosa se hizo efectiva el martes 15 de febrero, ella misma se presentó en tribunales. Ambas extrabajadoras de la CICIG y la FECI, respectivamente, llevan en prisión provisional más de 3 semanas y tendrán que esperar hasta la otra semana para saber si se las ligará a proceso o no.
Su caso, según han dicho las acusadas en Tribunales, es porque Santizo defendió a Sosa como abogada cuando esta era fiscal de la FECI y presentó acciones a su favor, por lo cual el MP procedió a pedir su captura.
#Ahora La exmandataria de la Cicig, Leily Santizo y la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa, ya están en Tribunales para la continuación de su audiencia de primera declaración en el Juzgado Tercero, a cargo del juez Geisler Smaille Pérez.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) March 1, 2022
En tanto, Virginia Laparra, quien era jefa de la FECI en Quetzaltenango no ha podido ser escuchada por un juez. Laparra tenía programado presentarse para este martes en el Juzgado Séptimo pero esto se suspendió porque uno de los querellantes, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, estaba en la audiencia de Santizo y Sosa.
Según su abogada defensora, Wendy López, la audiencia de Laparra se ha suspendido al menos 6 veces. Laparra fue detenida el pasado 23 de febrero y podrá ser escuchada por un juez hasta el jueves 3 de marzo.
Por otro lado, los exfiscales Willy Racanac, Paola Escobar y Allis Morán Mejía de la FECI, capturados el 16 de febrero, también continúan en el limbo, puesto que el juez Geisler Pérez se excusó de conocer su caso, ya que él estuvo vinculado a la investigación Comisiones Paralelas. Los exfiscales son señalados por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP de abuso de autoridad, por supuestamente coaccionar a un denunciante a declarar hechos falsos.
Una Sala asignará un nuevo juzgado, sin embargo, hasta la fecha el expediente no ha sido elevado a la sala respectiva porque no ha sido firmado por el juez Pérez, indicó López.
Detención ilegal y violación de derechos
Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) señaló que lo que está ocurriendo es una violación a los derechos humanos de los detenidos, porque al estar frente a una captura y una primera declaración estas audiencias, por ser de control y legalidad de la detención y sobre la necesidad de la privación de la libertad, debe hacerse en un plazo de 24 horas.
Están tratando de utilizar diferentes subterfugios para suspender las audiencias, para programarlas con una semana de retraso, lo cual es injustificable y hace que se incurra en varios delitos, a mi criterio, una detención ilegal y una violación a la garantía de un juicio rápido e imparcial, indicó Rodríguez.
Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, director y abogado de la Fundación contra el Terrorismo son los querellantes en estos casos. Ambos acuden a las audiencias de Santizo y Sosa, que está en reserva por lo que ni la prensa ni observadores pueden ingresar. En una ocasión se registró un intento de agresión contra ambas detenidas por lo cual fue presentada una denuncia en la Fiscalía de la Mujer en contra de ambos querellantes.
Rodríguez consideró que se está usando de manera inadecuada la reserva de los casos. “Se quiere retornar a sistemas inquisitivos en donde la prueba se mantiene en secreto, las decisiones se mantienen en secreto y donde no hay control por parte de la población de lo que está sucediendo”, señaló el consultor.
Esta situación afecta a las sindicadas, que no tienen un conocimiento exacto de lo que ocurre. “Hay mucha opacidad por parte del sistema de justicia, que quiere retardar los procesos, hay un retardo malicioso en estos casos…dada la inexistencia de pruebas de parte del MP lo único que quieren hacer es prolongar la detención”, opinó.
En una de las audiencias de los exfiscales de la FECI, el abogado Ramón Cadena, quien ingresó como observador, fue sacado por el juez Pérez, bajo protesta.
Mujeres agremiadas al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) firmaron un comunicado recientemente en apoyo a las y los exfiscales detenidos así como a favor de Santizo, en la que exigieron al MP cesar la persecución infundada en contra de abogadas y abogados que en cumplimiento de sus funciones públicas o de la abogacía han actuado en varios procesos de judiciales por casos de corrupción.
También pidieron al CANG condenar la criminalización del ejercicio de la profesión, el uso indebido del derecho penal para intimidar a profesionales independientes y la inobservancia de principios básicos al debido proceso, incluida la publicidad de los procesos penales.
Entre las firmantes están la exprocuradora adjunta de la Procuraduría de Derechos Humanos, Hilda Morales, la socióloga Ana Silvia Monzón, la exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, la exfiscal general Thelma Aldana, la abogada Carmen López, entre otros.
Santizo y Sosa vuelven a prisión provisional; juez no llega a la audiencia
