Por Regina Pérez
El pasado 10 de febrero fue detenida la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo y se giró una orden de captura en contra de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en un caso que se mantiene en reserva. Este jueves se programó por tercera vez su audiencia de primera declaración y fue suspendida porque el juez Geisler Smaille Pérez no se presentó al Juzgado.
Ambas extrabajadoras de la CICIG y la FECI permanecen en prisión provisional en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Mariscal Zavala”, cárcel donde han reiterado en numerosas ocasiones que temen por su integridad física, ya que ahí guardan prisión varios privados de libertad que ellas mismas procesaron.
La audiencia estaba programada para las 8 de la mañana, pero después de las 10 se suspendió, porque el juez Geisler Pérez no acudió, supuestamente para acudir a una cita médica. Esta se reprogramó para el 28 de febrero.
Siomara Sosa, exfiscal de la FECI expresó su frustración porque el juez se excusó bajo el argumento de su condición de salud. La extrabajadora del MP indicó que cree en el sistema de justicia y por eso se entregó el día en que se enteró de la orden de captura en su contra, “fui funcionaria 13 años…y esperaría ese mismo compromiso de quienes nos llamamos funcionarios públicos, también nosotros merecemos ese compromiso de parte del Organismo Judicial”, señaló.
Sosa agregó: “si el juez estaba enfermo, ustedes creen que desde las 10 de la mañana se iba a ir al médico”.
Mostrando sus esposas, la exfiscal señaló que las mismas no eran necesarias y que su detención es un atropello a sus derechos. “¿Esto es necesario? Esto no es necesario, yo siempre comparecí a los juzgados y por ejercer mi derecho de defensa es que estoy así, ¿Cuál es el miedo del Ministerio Público? De que esto de verdad se resuelva, esto es una injusticia”, indicó.
Siomara Sosa, exfiscal de la #FECI muestra sus esposas y preguntó "¿Esto es necesario? Yo siempre comparecí a los Juzgados y por ejercer mi derecho de defensa es que estoy así, cual es el miedo del @MPguatemala?", esto luego de que su audiencia se suspendiera.
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Sosa y Santizo, su abogada, fueron detenidas por un caso que la Fiscalía dirigida por Rafael Curruchiche llamó “Cooptación y Corrupción Judicial”, tras una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo. Desde su detención, otros cuatro exfiscales de la FECI han sido capturados por otros casos, entre ellos Virginia Laparra, jefa de esa Fiscalía en Quetzaltenango, el pasado miércoles.
Laparra fue trasladada este martes a la torre de Tribunales donde esperaba que el juez del Juzgado Séptimo la atendiera para la audiencia de primera declaración.
Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), que acudió como observadora a la audiencia, indicó que esto es una estrategia para mantener a las personas en prisión, cuando ni siquiera están ligadas a proceso. “Si eso está pasando a los fiscales, imagínese lo que le pasa al ciudadano común”, señaló.
Claudia Samayoa, @tucurclaux de @UDEFEGUA habla sobre el sistema de justicia, luego de que se suspendiera la audiencia de Leily Santizo Santizo y Siomara Sosa.
"Vemos un retroceso en el sistema en el que los jueces corruptos están prevaleciendo" indicó.🎥 Regina Pérez pic.twitter.com/gFhNgRITCn
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Samayoa mencionó el caso de Laparra, quien todavía no sabía qué juzgado la atendería, si uno de Paz o el juzgado que ordenó su captura. “Tenemos una estrategia de impunidad, porque es cuando estás en el limbo, porque no conoce tu caso ni el juez de Paz de Primera Instancia ni el juez natural”, indicó.
Sobre la persecución de operadoras y operadores de justicia en Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación esta semana y urgió al Estado garantizar un sistema de justicia independiente e imparcial.
La respuesta del Estado a la CIDH fue que no se criminaliza a los funcionarios, jueces o abogados, sino que se pretende el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso.
CIDH expresa preocupación por nuevas afectaciones a la independencia judicial en Guatemala
