Entre martes y miércoles se confirmó la prisión de una ex mandataria de la CICIG, una ex fiscal de la FECI, se encauzó a otros dos fiscales y hay ordenes de captura contra dos más.
Por Regina Pérez
A pocos meses de concluir su gestión como fiscal general, Consuelo Porras, arreció su ofensiva en contra de personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), incluso poniendo en peligro su vida e integridad. Un ejemplo de ello es el caso de la exmandataria de CICIG, Leily Santizo y la exsubjefa de la FECI, Eva Siomara López quienes tendrán que esperar hasta el 18 de febrero, una semana después de su detención, para su audiencia de primera declaración y lo harán en Mariscal Zavala, en la misma prisión que varias personas a las que investigaron y ayudaron a procesar, incluso con vinculaciones al narcotráfico.
Sobre el caso, ni Santizo ni sus abogados pueden decir nada, ya que el mismo se encuentra en reserva. Lo poco que se sabe es que se trata de la criminalización del derecho de defensa, ya que Santizo ejercía la defensa de exfiscales de la FECI y se la acusaría por la presentación de un recurso legal.
Para este martes estaba programada la audiencia de primera declaración de Santizo en el Juzgado Tercero, a cargo del juez Geisler Smaille Pérez, quien estuvo señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, sobre las acciones del empresario Gustavo Alejos, que influyó en algunos comisionados, políticos y jueces para elegir a magistrados a su conveniencia.
Al salir del juzgado, Santizo dijo ayer temer por su vida, pero no pudo decir nada sobre su situación jurídica puesto que el caso está en reserva. Lo que sí dejó claro es que lo único que hizo fue realizar acciones vinculadas al derecho de defensa de una fiscal del MP, lo que afirmó, en ningún momento puede considerarse como delito.
“Existe mala intención de que mi vida e integridad física corra peligro debido a ese tema y a los casos vinculados con narcotraficantes”, señaló ante personal de las embajadas de Canadá y del Reino Unido; y representantes de la organización Abogados Sin Fronteras, observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA).
Unos momentos antes, Siomara Sosa, exsubjefa de la FECI, había salido del juzgado, donde calificó su situación de “increíble”, ya que desde el día que se enteró que tenía orden de captura se presentó pero no fue atendida por el juez.
Con la voz entrecortada, la exfiscal señaló: “Yo creo en el sistema de Guatemala, por lo menos hasta ahora lo había hecho”.
#Ahora | "Me vine a entregar tantas veces, yo creo en el sistema de justicia de Guatemala y por lo menos hasta ahora lo había hecho", señaló la exsubjefa de FECI, Eva Siomara Sosa, quien todavía tendrá que esperar para resolver su situación legal.
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El día que se enteró de la orden de detención indicó que estaba haciendo diligencias en Tribunales. “Es donde me entero de esa situación, inmediatamente me puse a disposición del juez, aquí hay una cosa increíble en el proceso penal, como no había una consignación, (el juez) no me podía recibir, y tampoco había ejecutado la orden, se quedó como en un impasse”, agregó sobre su caso.
Sosa recibió el apoyo del personal de varias embajadas y observadores de derechos humanos. “Como lo dices, hay que creer en el sistema de justicia en Guatemala, estamos acompañando para ver que sea así, que el caso tuyo se procese como lo manda la ley”, dijo uno de los observadores.
Afuera de la Torre de Tribunales, familiares de la abogada y miembros del sector religioso Centinelas mostraron su solidaridad con ambas detenidas y pidieron un juicio justo para ellas.
Mayra Rodríguez, de Centinelas, señaló que piden al MP que deje de perseguir a las personas que se han dedicado a defender la justicia y que han luchado contra la corrupción y la impunidad. Creemos que el caso de Leyly es paradigmático porque están criminalizando incluso el derecho de la defensa, indicó.
Integridad de Santizo y Sosa se encuentra en riesgo
Claudia González y Flor Gálvez, las abogadas de Santizo y Sosa, informaron que la audiencia programada para este día se suspendió y fue reprogramada para el viernes 18 de febrero. Además, el juez Pérez dictó prisión provisional en contra de Sosa, a quien envió al centro de Detención Mariscal Zavala.
No obstante, Gálvez manifestó que hacen responsables al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario por la vida e integridad de sus dos defendidas, debido a que fueron enviadas al Mariscal Zavala, donde se encuentran con mucha vulnerabilidad y en riesgo.
Gálvez indicó que pidieron una exhibición personal y una verificación a favor de las abogadas, por los vejámenes que pudieran sufrir. En ese centro carcelario guardan prisión varios de los sindicados en casos de corrupción y crimen organizado de cuya investigación participaron las dos abogadas.
Santizo procesó a miembros de la familia Mendoza, vinculada al narcotráfico, en el caso “Génesis” y afirmó que con anterioridad fue víctima de un atentado en contra de su vida, por parte de uno de los abogados de esa familia. “Yo no puedo estar privada de la libertad en ningún centro carcelario debido a estos casos de narcotráfico y que ellos se encuentran dispersos en cualquiera de las cárceles”, indicó.
#Ahora | Al salir de su audiencia, Leyli Santizo, exmandataria de la CICIG dijo que teme por su vida en Mariscal Zavala, donde guarda prisión preventiva luego de que el MP girara una orden de captura en su contra por defender a una exfiscal.
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El abogado defensor, Alfredo Ortega, dijo tener información de que Santizo fue amenazada por personas presuntamente vinculadas a la familia Mendoza. “Eso nos preocupa, no solo ella, sino la exfiscal Sosa que seguramente será enviada a un centro de detención, también ella tiene una historia de ser una fiscal eficaz en contra del crimen organizado”, indicó.
Persecución contra fiscales, exmandatarios de CICIG y jueces
Las capturas en contra de la exmandataria y otros fiscales de FECI, se dan en un clima de persecución contra exfiscales y jueces independientes, tras la salida de la CICIG en el país, que llevan casos clave en el sistema de justicia, como Érika Aifán, quien conoce el caso Comisiones Paralelas 2020 y el juez Pablo Xitumul, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acaba de despojar de su inmunidad.
Durante su permanencia en el país y sobre todo de 2015 a 2019, la Comisión liderada por Iván Velásquez y con el apoyo del MP dirigido por Thelma Aldana judicializó decenas de casos de corrupción al más alto nivel llevada a cabo por políticos, empresarios y militares. Incluso se presentaron antejuicios contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito que no prosperaron porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que continúan en sus puestos lo protegieron.
Claudia Samayoa, defensora de derechos humanos, señaló que lo que está pasando en Guatemala es la captura del Estado. La CICIG, dijo, develó casos de financiamiento electoral ilícito donde se ve cómo la oligarquía manejaba las elecciones, a partir del caso Comisiones Paralelas II, sobre la cooptación de las Cortes, se ve como ese manejo se desplaza hacia otro sector corrupto, que ahora llaman las nuevas élites.
Ahora estamos en el cierre, con la CICIG logramos ver y saber qué estaba pasando, ahora es el retorno del péndulo y por eso hay cosas que ocurren que parecen ser la típica persecución de Ubico, de meter a la cárcel a mis enemigos y sacarlos del país, menos radical que mandar a matar, pero hay que recordar que están matando en el campo, indicó.
Al cierre de esta nota, el Ministerio Público (MP) informó que coordinó la captura de dos fiscales de la FECI, Willy Roberto Racanac y Paola Mishelle Escobar, a quienes señala de abuso de autoridad, quienes ya fueron llevados a la Torre de Tribunales.
Otros dos exfiscales, Rudy Herrera, quien hasta la semana pasada laboraba en la FECI, y Noemí Morán Mejía, también tienen orden de captura. Según la Fiscalía, estas órdenes de detención se derivan de una denuncia en el caso Comisiones Paralelas 2020, que señala a los fiscales, bajo el mando de Herrera, de obligar a un denunciante a suscribir un convenio de colaboración y prestar declaraciones testimoniales de hechos falsos.
Mientras tanto, la respuesta ciudadana no ha sido contundente. En una protesta convocada el martes frente a la sede del MP, se presentaron pocos ciudadanos a rechazar las acciones de Porras, la persecución de fiscales y los nuevos hechos de corrupción que han salido a la luz, el más reciente, sobre el financiamiento electoral ilícito que el presidente Alejandro Giammattei Morales pudo haber recibido por vía del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, según un artículo del medio digital El Faro.
La activista Brenda Hernández hizo un llamado a la población a manifestarse desde sus barrios y calles, a tomarse fotos y subirlas a las redes sociales. “Que se enteren que la gente está en las calles, que se mire en concreto que la gente está dispuesta en no dejar que la sigan aplastando de la manera tan brutal como lo está haciendo esta mafia”, indicó.
#Ahora Ciudadanos protestan frente a la sede del @MPguatemala en rechazo a la gestión de Consuelo Porras, jefa del MP y su reelección como Fiscal General.
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