Créditos: Leily Santizo fue trasladada al Mariscal Zavala. Organizaciones temen por su seguridad. Foto Juan Rosales
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Por Héctor Silva Ávalos

El personal guatemalteco que trabajó para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció ser objeto de “persecución política” por parte del Estado nacional en un comunicado publicado ayer en diversas redes sociales.

“Hemos sido y seguimos siendo víctimas de ataques sistemáticos contra nuestra integridad, los cuales han incrementado desde que el Estado de Guatemala decidió terminar de forma unilateral el Acuerdo que daba vida a la CICIG”, denunciaron los extrabajadores de la Comisión en un comunicado fechado este 15 de febrero.

La comunicación de los extrabajadores de CICIG llega el mismo día en que Leily Santizo, quien fue mandataria de la Comisión y estuvo a cargo de casos complejos de corrupción y narcotráfico, enfrenta una audiencia judicial por una acusación del Ministerio Público (MP) que dirige Consuelo Porras. Varios actores nacionales e internacionales, como el gobierno de los Estados Unidos, han calificado de espurio el proceso.

El caso contra Santizo, reclaman los extrabajadores de CICIG, es un “acto de criminalización”. Junto a Santizo fue acusada Eva Siomara Sosa, una exfiscal del Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien también trabajó en casos complejos.

La CICIG salió de Guatemala en agosto de 2019, luego de que el entonces presidente Jimmy Morales dio por terminado el acuerdo diplomático del Estado guatemalteco con la Organización de Naciones Unidas (ONU) que dio vida legal a la Comisión. Morales fue uno de decenas de funcionarios públicos a los que la CICIG investigó por corrupción.

Cuando estuvo en Guatemala, la CICIG contrató a profesionales guatemaltecos del derecho y otras profesiones para que apoyaran las investigaciones. A algunos de ellos se les conoce como mandatarios de CICIG, como es el caso de Santizo. Tras la salida de la Comisión, ese personal guatemalteco ha quedado desprotegido a pesar de que el mismo acuerdo entre la ONU y el Estado de Guatemala contemplaba “la protección del personal durante y después de la misión”.

Contrario a eso, el gobierno de Alejandro Giammattei, sucesor de Morales, ha emprendido una persecución contra operadores de justicia que han investigado casos de corrupción, incluidas Santizo y Sosa.

La situación puede ser más grave de lo que se conoce hasta ahora. Un extrabajador de la Comisión, quien habló con Prensa Comunitaria bajo condición de anonimato por seguridad, explicó que cuando CICIG salió de Guatemala entregó un listado de mandatarios al Ministerio Público, que ya entonces dirigía Porras, con la idea de incorporarlos a la FECI u a otras instancias en la fiscalía. En lugar de eso, dice esta fuente, la lista sirvió para perfilar a extrabajador como Santizo, que hoy está criminalizada.

Consuelo Porras continúa su cruzada contra investigadores anticorrupción

Ya en el pasado, Porras y el gobierno Giammattei habían criminalizado a Aníbal Argüello, otro mandatario de CICIG, a quien capturaron junto a Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente tributario que también investigó a empresarios y políticos poderosos en Guatemala por delitos fiscales y hacendarios.

Iván Velásquez, el juez colombiano que fue el último comisionado de CICIG, lamentó el domingo durante un espacio en Twitter la persecución a los extrabajadores de la Comisión, y consideró que la ONU, que fue la principal auspiciadora financiera y política de CICIG, debería de tener una reacción más contundente ante el Estado de Guatemala.

La persecución del Estado

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha sido el encargado, junto a la fiscal Porras, de desmontar todo el andamiaje anticorrupción que se creó en Guatemala durante los años en que CICIG estuvo en el país.

Las alianzas legislativas y judiciales leales a Giammattei garantizaron la salida de las altas cortes de los jueces y juezas que habían conocido casos investigados por CICIG y FECI, mientras Porras hizo del desmantelamiento de FECI una de sus prioridades.

En julio de 2021, Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, el exjefe de FECI, y le quitó todas las protecciones, con lo que el exfiscal tuvo que irse al exilio. Esto ocurrió luego de que Sandoval dirigió investigaciones de un supuesto soborno que Giammattei recibió de empresarios rusos y, sabemos ahora, de otra trama de corrupción que involucra a un exministro de Jimmy Morales que hizo tratos debajo de la mesa para financiar la campaña electoral del hoy presidente, según reveló una investigación del medio salvadoreño El Faro.

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En lugar de Sandoval, Porras instaló en la FECI a José Rafael Curruchiche, quien se ha convertido en una especie de liquidador de la fiscalía especial y en perseguidor en jefe de quienes en el pasado investigaron grandes tramas de corrupción, como Leily Santizo.

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En este contexto, y ante el proceso judicial contra Santizo, los extrabajadores de CICIG piden “garantizar un juicio justo por medio del respeto al debido proceso para la exmandataria Leily Santizo, que se traduce en declarar la falta de mérito del proceso en su contra por no existir delito a perseguir”.

Y, en general, exigen al Estado de Guatemala “tomar las medidas oportunas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos del ex personal nacional de CICIG”.

Por ahora, parece evidente que el peligro que estas personas enfrentan es real y grave. El mismo 15 de febrero, cuando los extrabajadores de CICIG publicaron su carta, defensores de derechos humanos que intentaban visitar a Leily Santizo en la cárcel Mariscal Zavala fueron golpeados y amenazados por reos relacionados con la familia Mendoza, uno de los clanes de narcotráfico más sanguinarios de Guatemala, a quienes Santizo investigó.

Según una denuncia publicada por la abogada defensora de Santizo en redes sociales quienes golpearon a los defensores “les dejaron saber que por culpa de la exmandataria de CICIG sus patrones estaban privados de libertad y eso se lo iban a cobrar”.

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