Un juez acusado por su participación en maniobras para elegir las Cortes y con vinculaciones con el prófugo de la justicia, el también juez Mynor Moto, será quien conozca el caso contra la ex mandataria de la CICIG, Leily Santizo. Convocaron a protestas este martes en rechazo a la criminalización de Santizo. Alianza para las Reformas demandó que se garantice su integridad física.
Por Regina Pérez
El juez Geisler Smaille Pérez, titular del Juzgado Tercero Penal, será el encargado de conocer el caso en contra de la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo, detenida el pasado jueves. La detención de Santizo ha despertado mucha preocupación a nivel nacional e internacional de organizaciones, abogados y gobiernos que han pedido un debido proceso a favor de la abogada.
Hasta ahora se conoce que la orden de detención contra Santizo fue por “obstrucción la justicia” en el marco de un caso que el Ministerio Público (MP) denominó “Cooptación y Corrupción Judicial”, por ejercer la defensa técnica de la fiscal Eva Siomara Sosa, quien también tiene una orden de captura.
El martes 15 de febrero, el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez realizará la audiencia de primera declaración de Santizo a puerta cerrada ya que el caso está en reserva. El juez estuvo señalado en el caso Comisiones Paralelas y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de antejuicio en su contra en julio de 2020, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
Según la investigación de FECI, el juez junto a otros señalados, se reunió con Gustavo Alejos, empresario en prisión por varios hechos de corrupción, con el fin de influir en el proceso de selección de magistrados para las Cortes. Sin embargo, en agosto de 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar la solicitud de antejuicio en contra del juez y otros señalados en el caso.
En una solicitud de antejuicio que el MP presentó en contra del juez Mynor Moto, ahora prófugo de la justicia, la Fiscalía reveló que antes de que Moto anunciara su candidatura para magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue visto en una reunión con el juez Pérez Domínguez y el abogado Juan Carlos Borrayo, defensor del empresario Gustavo Alejos. La intención de Moto era asumir el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas.
El juez Pérez también es aspirante a una magistratura en la Corte de Apelaciones y presentó su expediente en el proceso de 2019, el cual por el momento se encuentra detenido en el Congreso, debido a que los diputados no han querido elegir a las y los magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones.
Entre los casos que conoce el juzgador está la acusación en contra del periodista Juan Luis Font, presentada por la FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, que también se encuentra bajo reserva. Pérez también conoce un caso que involucra a la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima (IDV), Alejandra Carrillo, por supuestas irregularidades en el arrendamiento de un terreno que hizo esa institución.
En junio de 2021, elPeriódico publicó que el juez firmó una orden de allanamiento en casa del editor de Deportes de ese medio, Juan José Corado. En esa diligencia no se dio a conocer el motivo de la acción judicial.
En un foro realizado en la red social Twitter, el exjefe de la FECI, Sandoval, señaló que se está criminalizando a la abogada Santizo y a la exfiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa por un derecho de petición, pero que el MP no persigue la manera en cómo se conformó la CSJ en 2014, ni ha ahondado en la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020.
Justicia en riesgo de caer en control del crimen organizado
El abogado independiente Ramón Cadena señaló que en Guatemala se está viviendo una acción de los grupos del crimen organizado y uno de los principales factores con los que operan es el conflicto de interés.
Es muy obvio que a este juez se le nombra para que persiga a la abogada Santizo y a cambio de eso va a ser nombrado en una magistratura en la Sala, opinó el abogado.
Según Cadena, lo que está ocurriendo en contra de Santizo y otros abogados de CICIG, además de meterlos a la cárcel y castigarlos, es que estos grupos aprovechan este tiempo para depurar las listas para candidatos a CSJ y Salas, “después de esto el Congreso va a exigir a los magistrados de la Corte y Salas que hayan cumplido con meter presos o hayan atacado a funcionarios, abogados que cumplen una tarea en contra de la corrupción”.
El consultor jurídico Andy Javalois coincidió en que hay un conflicto de interés y una consideración subjetiva en el caso que podría nublar su imparcialidad. Javalois recordó que el caso Comisiones Paralelas 2020 apuntaba a la injerencia en el proceso de postulación de magistrados del Organismo Judicial “y por lo tanto un juez que pudiera estar vinculado…sería más prudente que él se abstuviera de conocer del asunto y que se excusara”.
Por otro lado, el entrevistado señaló que si el juez se excusa podría poner en una situación compleja a Santizo porque no se conocería de inmediato su primera declaración, lo que prolongaría su situación legal.
Para Cadena, la repercusión de lo que está pasando va a ser grave si la sociedad no se involucra. “La justicia está en un riesgo grave de caer en el control del crimen organizado”, señaló.
El abogado señaló que es importante recordar que en el caso Comisiones Paralelas 2020, la FECI envió un informe al Congreso con el listado de aspirantes que tienen investigaciones y señalamientos en el caso, entre esos aparece el juez Pérez Domínguez. “La ciudadanía debe comprender que lo que se está jugando en Guatemala es una justicia independiente e imparcial, en contraposición a la posibilidad de que la justicia caiga en manos del crimen organizado”, señaló.
Protestarán a favor de Santizo
Para mañana la Alianza por las Reformas está convocando a la ciudadanía a mostrar su apoyo a Santizo frente a Torre de Tribunales a las 8:30, de quien señalan está siendo criminalizada por el MP por ejercer su profesión.
También hay una convocatoria para una concentración frente al Ministerio Público, a las 15 horas, para rechazar las acciones del MP contra juezas, jueces y abogados.
Estos llamados de protesta se unen a las expresiones de rechazo y condena del Departamento de Estado de EEUU, la Unión Europea, que se pronunciaron sobre este caso, sobre la persecución a la jueza Erika Aifán y el juez Pablo Xitumul y en general. Ayer la Alianza Para las Reformas, en un comunicado público, rechazó “la captura de la abogada Leily Santizo, ex mandataria de la CICIG, y la acusación contra la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa” y calificó estos hechos como “actos de criminalización descarada por haber conducido investigaciones contra peligrosos criminales cuyos intereses ahora son protegidos desde la cúpula del MP”.
#Ahora @AlianzaRgt condenó la persecución del @MPguatemala en contra de personal de la CICIG y la FECI y señaló que la acusación en contra de Leily Santizo, exmandataria de la CICIG y en contra de la exfiscal de FECI, Siomara Sosa son actos de criminalización descarada. pic.twitter.com/g4eeswdJIX
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 14, 2022
Recordó que Santizo estuvo a cargo de investigaciones como “el caso Manipulación de la Justicia, en el que está acusado Erkc Melgar Padilla. También participó en el caso Génesis, que involucró una estructura criminal liderada por Walter Obdulio Mendoza. Además, ha defendido fiscales de la FECI que llevaron casos como Odebrecht, Construcción y Corrupción y Comisiones Paralelas”.
El comunicado reclama que “por su perfil particular, las autoridades del Sistema Penitenciario deben garantizar su integridad ya que fue trasladada a Mariscal Zavala donde está compartiendo espacio con personas que se encuentran privadas de libertad derivadas de casos que la licenciada Santizo litigó, lo cual la coloca en una situación de altísima vulnerabilidad”.
En cuanto a este punto, Javalois señaló que este caso no es solo una afrenta a la abogada Santizo sino una amenaza directa al ejercicio de la defensa técnica en los procesos penales. Si ahora, por hacer una petición ante un juez en el OJ, el MP dirigido por Porras puede solicitar órdenes de captura, no hay derecho a la defensa en este país y estamos lo mas parecido a una dictadura, mencionó.
El consultor jurídico dijo que este es un ejemplo claro de lo que la Fiscalía puede hacer contra abogados que realizan la defensa técnica de la mejor manera posible y el MP, en vez de interponer los recursos que permite la ley, pide una orden de captura por obstrucción a la justicia, como sucedió en este caso. En última instancia, esto también afecta a la población, señaló.
Santizo se suma a la lista de otros exmandatarios de CICIG que han estado bajo la mira del MP, como Aníbal Argüello, detenido en mayo de 2021, señalado de varios delitos que la FECI a cargo de Curruchiche no pudo probar y la más reciente investigación que se emprendió en contra de David Gaitán, quien fue nombrado decano de la Universidad da Vinci y que integró la Postuladora para la elección de Fiscal General.
Gaitán, quien fue mandatario de la CICIG renunció a formar parte de la Postuladora tras conocerse que Porras agilizó una denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, por haber sido nombrado decano de dicha casa de estudios sin contar con un título de maestría. La verdadera razón, según analistas, es que Porras temía contar con un voto menos en la Postuladora, donde aún se desconoce si presentará expediente para su reelección.
Consuelo Porras continúa su cruzada contra investigadores anticorrupción
