El Ministerio Público de Guatemala dirigió su más reciente estocada a una exinvestigadora de la extinta CICIG y a una abogada. Las cajas de resonancia de Consuelo Porras piden también, criminalizar al procurador de derechos humanos y otros exmandatarios de la Comisión.
Por Héctor Silva Ávalos
Dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos que Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, es una funcionaria “corrupta y antidemócratica”. Ayer, Porras, que sigue en su puesto a pesar del señalamiento de Washington, lanzó una nueva ofensiva contra exfuncionarios que investigaron la corrupción en el país.
Antes de las 9:00 a.m. de ayer, el MP anunció que realizaba allanamientos por un caso al que llamó Cooptación y Corrupción Judicial y que nadie, más que Porras y sus agentes, sabe de qué se trata ya que los fiscales pidieron la reserva del expediente. Poco después, la Policía detuvo a Leily Santizo, una investigadora que trabajó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y llevó casos relacionados a corrupción empresarial y a la manipulación de la elección a las altas cortes.
El operativo de ayer también contemplaba la captura de Xiomara Sosa, exintegrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Por la tarde, Sosa se presentó a un tribunal y se le programó una audiencia para la próxima semana. No quedó detenida.
Todo el periplo de persecución del Ministerio Público ayer estuvo acompañado casi en tiempo real por cuentas de Twitter de netcenters y la de Ricardo Méndez Ruiz, el líder de la Fundación contra el Terrorismo, quien suele protagonizar ataques cibernéticos contras las víctimas del MP e, incluso, revelar acciones fiscales antes de que estas ocurran. A Méndez Ruiz, el Departamento de Estado también lo incluyó en la lista de personas corruptas y antidemocráticas.
Méndez Ruiz anunció que su fundación buscará presentarse como querellante en el caso.
Al final del día, la investigadora Santizo fue enviada a la cárcel de Mariscal Zavala, donde guardan prisión varios de los funcionarios corruptos a los que CICIG y FECI, en la época previa a Consuelo Porras, investigó, acusó y en juicio logró su condena, con lo que terminaron en la cárcel.
Ayer mismo, Juan Francisco Sandoval, el exjefe de FECI que tuvo que abandonar Guatemala tras investigar un supuesto esquema de corrupción en el que está involucrado el presidente Alejandro Giammattei, advirtió que la vida de Santizo corre peligro en Mariscal Zavala. Entre otras estructuras criminales, Santizo también investigó al clan Mendoza de Izabal, uno de los grupos de narcotráfico más sanguinarios del país.
Los acólitos de la fiscal general, como Méndez Ruiz, se esfuerzan en presentar las capturas como un proceso legal. Diversos críticos de las acciones de Porras, sin embargo, no dudan en decir que se trata de un nuevo esfuerzo de persecución a quienes investigaron actos de corrupción.
La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, calificó las acciones del MP como parte de un “esfuerzo organizado para proteger los intereses corruptos de las élites y de quienes están en el poder”.
La congresista estadounidense @NormaJTorres condenó la captura de la mandataria de #CICIG Leily Santizo. "Estos ataques consistentes -dijo- contra el Estado de derecho son un esfuerzo organizado para proteger los intereses corruptos de las élites y de quienes están en el poder". pic.twitter.com/8bMzwbMh3B
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 11, 2022
Torres también adelantó que ha pedido a la administración de Joe Biden que tome medidas inmediatas contra los responsables de los ataques. “He llamado al Departamento de Estado para que tome acciones rápidas y fuertes para que estos líderes corruptos rindan cuentas”, dijo la congresista a Prensa Comunitaria. A finales de enero, Torres pidió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que solicite la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, cuyo nombre también aparece en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia, controlada también por magistrados afines a la alianza oficialista que preside Giammattei, había quitado la inmunidad al juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul, por cuyo tribunal pasaron varias causas contra exmilitares por crímenes de guerra y otras de corrupción. Xitumul, como la congresista Torres, entiende que la persecución del MP es un mensaje macabro: “esto te va a pasar si nadás contracorriente”, dijo en una entrevista con Prensa Comunitaria.
Entérese más aquí:
Juez Pablo Xitumul: “Es un mensaje de represalia, de escarmiento”
La operación reconquista
La captura de Leily Santizo es un capítulo más de lo que bien pudiera llamarse operación reconquista, la arremetida de políticos y funcionarios guatemaltecos contra la arquitectura anticorrupción que el país instaló desde mediados de la década 2000, mientras la CICIG estuvo en Guatemala.
El principal temor de exoperadores de justicia en Guatemala, quienes trabajaron en la FECI o en CICIG, es que la captura de Santizo sea solo el inicio de una cacería de brujas que incluya a investigadores y abogados que apoyaron a la Comisión y quienes quedaron desprotegidos cuando esta fue clausurada en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales.
Un investigador guatemalteco que trabajó de cerca con CICIG comentó a Prensa Comunitaria que, al salir, la Comisión entregó al MP una lista de trabajadores que, como parte de los acuerdos iniciales entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, podrían incorporarse a FECI o a otras fiscalías. Esa lista, de unas 70 personas, llegó a las manos del MP cuando Porras ya era fiscal general y al final sirvió para perfilar a los investigadores de acuerdo con los casos que cada uno llevó.
La operación reconquista la empezó el expresidente Morales en 2019, cuando expulsó a la CICIG. Alejandro Giammattei, de la mano de Porras, a quién él eligió, ha actuado como liquidador de todas las instituciones y funcionarios anticorrupción.
El rol de Giammattei en el desmantelamiento institucional se hizo evidente a mediados de 2021, cuando Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que de la mano de CICIG investigó y presentó a tribunales casos contra expresidentes, exministros, operadores políticos y los empresarios más poderosos de Guatemala.
Para abril del año pasado, Sandoval empezaba a investigar si Giammattei había recibido un soborno de empresarios rusos a los que su gobierno entregó una licencia de extracción minera en Izabal y quienes están relacionados con una mina que recibió el respaldo de la que la Policía Nacional Civil y el ejército, que ayudaron a reprimir a la población Q’eqchi’ de la zona que se opone a esta actividad.
La FECI de Sandoval también investigaba hasta dónde llegan las implicaciones del caso que involucra a José Luis Benito, el exministro de Comunicaciones de Morales, con el hallazgo de 122 millones de quetzales en una casa en Antigua Guatemala.
En el desmantelamiento institucional, u operación reconquista como aquí la llamamos, hay implicados, además del presidente y la fiscal general, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces y lobistas.
Todo esto ocurre en Guatemala en medio de una reacción general más bien pasiva de la comunidad internacional. Desde la Organización de Naciones Unidas, principal madrina política y financiera de CICIG, no llega una condena contundente a quienes atacan a sus extrabajadores.
Y aunque la reacción de la congresista Norma Torres es hasta ahora la más contundente que llega desde Washington, la administración Biden tampoco termina de reaccionar de forma consistente.
Desde la subsecretaría para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado ya se publicó un tuit de condena a las acciones del MP de Porras, pero un día antes de las capturas de Santizo y Sosa, la subsecretaria adjunta de asuntos contra el narcotráfico, de ese misma dependencia del gobierno de EEUU, Heide Fulton, se fotografiaba con funcionarios del Ministerio de Gobernación de Giammattei, durante una visita oficial a Ciudad de Guatemala para “fortalecer lazos de cooperación”.
La persecución política de fiscales de #FECI o de investigadoras de #CICIG en #Guatemala provocó la reacción de funcionarios desde el @StateINL en los #EEUU. Esta es la reacción de @WHAAsstSecty sobre las acciones del @MPguatemala en contra de Leyli Santizo y Eva Sosa.📢 pic.twitter.com/cv32GoNkQa
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 11, 2022
La Unión Europea también expresó su preocupación por el continuo deterioro del Estado de derecho en Guatemala, “en el que la CSJ y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad”.
Peter Stano, portavoz de la UE dijo: “Notamos que estas acciones fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la FECI y de la CICIG”.
La Unión Europea expresó su preocupación por el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala, “en el que la CSJ y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad”. pic.twitter.com/JjLxzwG0jI
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 11, 2022
Mientras tanto, como dijo una operadora judicial guatemalteca que también trabajó de cerca con CICIG y FECI, en Guatemala el gobierno en este momento se va contra “los más débiles”, los trabajadores locales de la Comisión que ahora no tienen protección alguna.
