“Un escenario muy probable es que se fortalezcan los procesos de articulación de los movimientos sociales, que se generen acciones de movilización en los departamentos cercanos a las áreas de conflicto y que eso permita que en la ciudad se articulen movilizaciones, con mayor resonancia hacia fuera del país”.
Por Juan Calles y Luis Ovalle
Después de diez días de instaurado el estado de sitio en el municipio de El Estor, Izabal, las personas de las aldeas retoman, tímidamente, la rutina que su vida exige: vender y comprar alimentos, acercarse a la iglesia y cumplir con sus necesidades espirituales, el exagerado número de agentes policiales en las calles no deja de intimidar a los estoreños que tratan de entender lo que sucede.
En los retenes policiales los agentes piden a las personas identificarse, mostrar su Documento de Identificación Personal. Ya son varias personas las que fueron capturadas por diferentes delitos, como violencia intrafamiliar, estafa, portación ilegal de arma de fuego, hasta homicidio. Todas las diligencias datan de meses y años atrás; hasta la fecha no se han reportado capturas que tengan relación con los hechos que provocaron al Organismo Ejecutivo a decretar el estado de sitio en el municipio.
El pasado miércoles 27 de octubre el señor Eduardo Bin Poou fue capturado de manera ilegal, por una orden de captura del año 2017 que ya había sido ejecutada. Para el Bufete de Derechos Humanos el señor Bin Poou fue detenido de forma ilegal, porque él ya está sujeto a proceso, goza de medidas sustitutivas y se prevé que enfrente juicio el próximo año. A pesar de ello, el ministro de Gobernación Gendri Reyes incluyó la captura de Bin Poou como un resultado del estado de sitio, a pesar de que se trató de una captura ilegal.
La voz silenciada ahora grita
El sábado 30 de octubre se reportó la captura de 3 comunitarios de Chichipate, en el área sur de El Estor, esto provocó que toda la comunidad saliera a obstaculizar la carretera exigiendo la liberación de sus líderes.
La comunidad señala al finquero y pastor Carlos Ruiz por acusar a la comunidad de usurpación de tierras, sin embargo, dicha comunidad existe desde hace muchos años, por lo que definen la acusación del finquero como falsa y mal intencionada.
Momentos después de obstaculizar el paso, se presentaron varias radiopatrullas, luego de dialogar con los comunitarios, estos últimos decidieron levantar la protesta. Entre las demandas de los comunitarios de Chichipate están el cese de la criminalización contra sus líderes, el levantamiento del estado de sitio, entre otros.
Mientras tanto, la PNC, por medio de la Subdirección General de Prevención del Delito, SGPD, instaló kioskos en diferentes partes de El Estor: en el monumento de la entrada al municipio, frente a la municipalidad, en el ingreso a la aldea los Cerritos, en los barrios Chupón y Las Crucitas. En estos kioskos los agentes regalan pelotas, libros para colorear, mochilas, barriletes y trifoliares con información sobre la PNC.
Esta estrategia policiaca recuerda a la utilizada por el ejército en los años ochenta, cuando después de cometer abusos contra alguna aldea, los soldados y oficiales organizaban una piñata y regalaban caramelos a los niños cuyos padres recientemente habían sido capturados, torturados o desaparecidos.
Antes de finalizar la semana, se localizaron 616 kilos de cocaína en el Puerto Santo Tomás de Castilla, puerto que utiliza la empresa minera CGN/Pronico instalada en El Estor, para trasladar sus cargamentos de tierra y ferroníquel para la exportación. Todo ello en medio de un escándalo de corrupción en el que inversionistas rusos son señalados de pagar sobornos para tener paso libre y sin supervisión en el Puerto Santo Tomás de Castilla. Hechos que continúan en investigación.
“Es previsible que se produzca un rebalse de la conflictividad”
Sería deseable que se produzca un escenario en el que la comunidad internacional se interese sobre lo que está pasando en Guatemala; “es un recurso que la sociedad civil no ha usado de forma adecuada”, dijo a Prensa Comunitaria el politólogo Enrique Álvarez.
Para el experto, un escenario muy probable es que se fortalezcan los procesos de articulación de los movimientos sociales, que se generen acciones de movilización en los departamentos cercanos a las áreas de conflicto y que eso permita que en la ciudad se articulen movilizaciones, con mayor resonancia hacia fuera del país. Cada vez hay más condiciones para que se produzcan acciones de distinto tipo, indicó.
Es vergonzosa la forma en que las autoridades vulneran a los pueblos y defienden abiertamente los intereses espurios de la empresa minera, destacó Álvarez. “Digo que son espurios porque se supone que es una empresa que exporta níquel y lo que se lleva es la tierra de Guatemala, se están llevando las montañas, con distinto tipo de minerales. Algunos dicen que hay uranio”, anotó.
Además, el Estado no tiene la capacidad de medir lo que se llevan, porque es material no procesado. Es la empresa la que dice cuánto se ha llevado y sobre eso paga las regalías, subrayó el entrevistado.
Álvarez agregó que, además, hay una clara violación al Convenio 169; “he escuchado que el ministro de Energía y Minas quiere hacer un reglamento, cuando el convenio no necesita ser reglamentado. El analista recordó que hace tres años se intentó hacer lo mismo, pero el convenio es muy claro en la forma en que se regulan las consultas, en función de las tradiciones y las formas de representación que los pueblos indígenas tienen, dijo.
Sobre la amplitud de los allanamientos a otras áreas de El Estor que no tuvieron relación con la resistencia pacífica, Álvarez consideró que, desde donde se vea, pero especialmente desde El Estor, las autoridades del Estado se han puesto al servicio de los empresarios y no tienen ninguna consideración sobre los daños que producen al medio ambiente.
“La contaminación que ocasionan la productoras de palma aceitera en los ríos es más que evidente; la descertificación que generan en la tierra. No hay ninguna consideración en ese sentido, solo una abierta y plena disposición para apoyar a esas empresas, sin importar los daños que se produzcan a la población”, refirió.
“Hay un clima de tensión que se incrementa cada vez más; lo previsible es que se rebalse el vaso”, subrayó Álvarez y comentó que hasta ahora las autoridades han jugado a la falta de unidad (de la sociedad civil), a la falta de movilizaciones, o a las movilizaciones aisladas como las que se dieron hace unos meses. Sin embargo, ahora se conjugan una serie de factores, sociales, políticos y económicos, que hacen previsible que en el país se produzca un rebalse, indicó.
Es evidente que el modelo político es obsoleto, el modelo económico no resuelve las problemáticas del país solo los intereses de los grandes grupos económicos “no me extrañaría que hubiera un desborde de manifestaciones”, insistió.
El politólogo argumentó su razonamiento, al indicar que en el gobierno anterior había una acción menos abierta a favor de los grupos empresariales. Ahora es más descarada: la forma en que se ha usado a las fuerzas de seguridad está claro que aunque no es el mismo nivel que durante el conflicto armado interno se mantiene el amedrentamiento.
Ahora se usa la justicia para reprimir, para meter miedo; antes el ejército desaparecía o asesinaba abiertamente, ahora se usan otros mecanismos, pero el resultado es más o menos el mismo: la población vive con temor de las autoridades, como vía antes; vive desamparada, igual que antes. El Estado no responde a los intereses de la población, está organizado para atender los intereses de las autoridades y de los grandes empresarios, concluyó.
El sístole y diástole de El Estor en 10 líneas
- Las personas de las aldeas retoman, tímidamente, la rutina que su vida exige.
- Hasta la fecha no se han reportado capturas que tengan relación con los hechos que provocaron al Organismo Ejecutivo a decretar el estado de sitio.
- El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, incluyó la captura de Bin Pooucomo un resultado del estado de sitio, a pesar de que se trató de una captura ilegal.
- El sábado 30 de octubre se reporta la captura de 3 comunitarios de Chichipate, en el área sur de El Estor.
- La comunidad Chichipate obstaculizó la carretera para exigir la liberación de tres de sus líderes.
- Los comunitarios de Chichipate exigen el cese de la criminalización contra líderes comunitarios y el levantamiento del estado de sitio.
- Agentes de la PNC instalan kioskos en diferentes partes del municipio para regalar juguetes, mascarillas y trifoliares informativos a comunitarios estoreños.
- “Hay un clima de tensión que se incrementa cada vez más”
- “Es evidente la forma en que el Estado vulnera a los pueblos en defensa de intereses espurios
- “El Estado no responde a los intereses de la población”
