Por Simón Antonio Ramón
La audiencia de ofrecimiento de pruebas por el caso penal de detención de la periodista Norma Sansir, contra tres mujeres agentes y un excomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), que se tenía programada para hoy, se suspendió por segunda ocasión, porque el abogado de las tres policías presentó una excusa.
Al momento, no se ha informado de la nueva fecha para realizar la audiencia, en un proceso que se ha caracterizado por la constante suspensión y reprogramación.
La primera audiencia de esta fase del proceso iba a realizarse el 28 de septiembre pero el abogado Lucio Valdez Rodríguez quien defiende a las agentes Mirna Marleni Agustín Álvarez, Olga Leticia Segura y Marcelina López Pérez, presentó un memorial al juzgado, por lo que se había programado para este 12 de octubre, pero el mismo abogado volvió a presentar un segundo memorial, lo que obligó al juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad de Turno de Chiquimula, a suspender la audiencia por segunda vez.
Según la abogada Jovita Tzul, así ha actuado este abogado a lo largo del proceso; sólo la audiencia de etapa intermedia, que debió llevarse a cabo el 5 de enero, se realizó hasta el 22 y 23 de septiembre, nueve meses después.
“Esta es una actitud de litigio malicioso, es una estrategia de desesperación que tal vez en otros casos le ha funcionado y quiere usarlo aquí”, denunció la abogada Tzul y añadió que este tipo de prácticas también afecta a las policías.
En más de una ocasión el abogado se ha presentado al juzgado a través de apercibimiento, como es conocido el mecanismo a través del cual se le advierte que puede ser separado del proceso o se notificará al Colegio de Abogados y Notarios por una posible sanción.
Antecedentes del proceso
Sancir fue detenida el 18 de septiembre de 2014, mientras cubría una movilización del pueblo Ch´orti´, en Camotán, Chiquimula, que terminó en un desalojo violento de parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuatro días después, el 22 de septiembre, quedó en libertad, porque los agentes no tuvieron argumentos ni pruebas para demostrar que hubiera cometido algún delito durante la manifestación.
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