Laguna Larga y el riesgo de que ocurran más desalojos en Petén

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Créditos: Más de 400 personas fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga y ahora viven como refugiados en la línea fronteriza con México. Foto Voces Mesoamericanas
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“Si la lucha de Laguna Larga cae, podrán cumplirse las otras órdenes de desalojo y qué va a pasar cuando tengamos que dirigirnos a 400 mil personas en una situación de este tipo y que hoy podría ser evitable”, Aldo Ledón.

Por Regina Pérez

El caso de Laguna Larga, la comunidad que fue desalojada en San Andrés, Petén en junio de 2017, puede ser un caso ejemplar y marcar una serie de desalojos en dicha área donde al menos 55 comunidades pueden correr una suerte similar dijeron abogados y organizaciones de derechos humanos que les han dado acompañamiento. Cuatro años después del desalojo, más de 400 personas siguen viviendo como refugiadas en un campamento, en la línea fronteriza con México y Guatemala, sin que hasta la fecha hayan sido reinstaladas.

Camino de terracería hacia la comunidad Laguna Larga. Foto Voces Mesoamericanas

En una conferencia de prensa virtual, el abogado Rubén Domingo, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que asesora a la comunidad, dijo que la población de Laguna Larga se enfrentó a desalojos y desplazamientos, y que en Guatemala se creía ya se había superado lo sucedido en el conflicto armado interno, pero siguen los mismos patrones de criminalización.

Campamento de refugiados en la línea fronteriza con México donde habitan los pobladores de Laguna Larga. Foto Red TDT México

En junio de 2017, 115 familias de la comunidad Laguna Larga fueron desplazadas por el Estado con el argumento de que estaban viviendo en un área protegida. A falta de tener a un lugar a dónde ir, los pobladores construyeron un campamento en la línea fronteriza con México, en el que han vivido los últimos cuatro años en condiciones inaceptables.

En la Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón hay 55 comunidades que están en riesgo de correr la misma suerte, creemos que el caso de Laguna Larga va a sentar un precedente y está sirviendo como un muro de contención para que las demás comunidades por lo menos tengan una moratoria sobre un posible desalojo, dijo el abogado.

Eso es latente, es una política del Estado, hay una fuerte persecución del Ministerio Público y Tribunales, en este tipo de casos en que se violan los derechos de defensa y del debido proceso, son comunidades sin derechos, señaló Domingo, quien hizo un llamado para el acompañamiento internacional.

En una reciente visita al campamento se constató que los pobladores siguen viviendo en condiciones inhumanas. Foto Red TDT

Aldo Ledón, coordinador de Voces Mesoamericanas que ha acompañado la exigencia de justicia, dijo que Laguna Larga es la primera comunidad desalojada del área protegida de Petén, pero si se ejecutan las demás órdenes de desalojo, se podría hablar de un éxodo de guatemaltecos que recordaría el conflicto armado interno que sufrió Guatemala, ante lo cual tendrían a unas 400 mil personas apostadas en la línea fronteriza entre México y Guatemala que requerirían atención inmediata.

Si la lucha de Laguna Larga cae, podrán cumplirse las otras órdenes de desalojo y qué va a pasar cuando tengamos que dirigirnos a 400 mil personas en una situación de este tipo y que hoy podría ser evitable, señaló Ledón.

El integrante de Voces Mesoamericanas agregó que seguirán acompañando este proceso e impulsando diálogos con el estado mexicano, sabiendo que la resolución final y la garantía de justicia corresponden al gobierno guatemalteco.

Asimismo indicó que mientras estas personas estén viviendo entre la línea fronteriza de México y Guatemala y mientras esté conformada por niñas y niños mexicanos que han nacido en el campamento, hay obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos de estas personas.

Verifican condiciones en el campamento

En una reciente visita al campamento de refugiados y desplazados guatemaltecos de la comunidad Laguna Larga, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), así como otras organizaciones constataron que los pobladores continúan viviendo en condiciones inhumanas y deplorables.

El consultor Enrique Maldonado señaló que en la visita se encontró que niñas y niños de la comunidad no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Solo en 2021, nacieron 8 bebés y ninguno está registrado en el Renap y por lo tanto no pueden ser inmunizados en un puesto de salud en Guatemala y para ello han acudido al sistema de salud, mexicano para sus vacunas.

Aunque la fase más crítica de inseguridad alimentaria ya la superaron, todos los días las y los niños de esa comunidad tienen una dieta limitada a poca diversidad de alimentos y los adultos por lo general no se alimentan tres veces al día. Todos sabemos que los primeros mil días son vitales en la existencia del ser humano, y no contar con diversidad de alimentos para su nutrición compromete su desarrollo humano, indicó Maldonado.

Asimismo, están muy expuestos a enfermedades transmitidas por el agua y alimentos. La única donación de ecofiltros que tuvieron fue en 2018.

Maldonado mostró fotografías donde se ven un aula de pre primaria y el aula de primer grado primaria en malas condiciones. “Lo más ofensivo de esta situación es que la escuela que deberían estar utilizando en la comunidad está ocupada por miembros del ejército, los soldados adentro de la escuela y las niñas y niños afuera”, dijo.

En materia de salud es el Estado de México el que ha garantizado la salud a la niñez. Lo mas grave es que las mujeres cuando están en etapa de gestación en los últimos meses, o deben salir en moto para tener el trabajo de parto en el municipio de Candelaria o salen caminando tres kilometros es una terracería, en caminos intransitables, esto ha provocado que haya muchos abortos en la comunidad porque no hay ni una sola presencia en materia de salud por parte del Estado para prevenir la mortalidad materna y la desnutrición crónica y aguda, señaló el consultor.

Sobre la reinstalación de los comunitarios, las organizaciones señalan que aún no hay una respuesta positiva del Estado guatemalteco, pese a que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo recomendaciones al Estado para que cumpla con sus obligaciones por lo que responsabilizan principalmente al gobierno de Alejandro Giammattei, de no haber realizado ninguna acción para restablecer los derechos de los pobladores, incluyendo la reinstalación, ya sea en la aldea de donde fueron desalojados o en otra finca.

“El gobierno de Guatemala ha mentido sistemáticamente sobre el caso de Laguna Larga”

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