Por Prensa Comunitaria
Representantes de la comunidad de Laguna Larga y autoridades de gobierno visitarán esta semana cuatro fincas en el departamento de Petén, como parte de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluye brindar las condiciones adecuadas para el regreso de la población que fue desplazada de San Andrés, Petén el 2 de junio de 2017.
El pasado 21 de abril, Cristina Muñoz, integrante del equipo de procesos populares de Indignación, en el medio mexicano Rompe Viento TV, denunció que el ejército guatemalteco entró a territorio mexicano con el objetivo de amedrentar a las personas desplazadas de la comunidad Laguna Larga, que viven en un campamento en la zona de adyacencia entre México y Guatemala desde hace tres años y diez meses, cuando el gobierno de Guatemala los desalojo de un área considerada protegida, sin que hasta la fecha haya ofrecido una respuesta adecuada a las condiciones “inhumanas” en las que viven unas 100 familias (aproximadamente 500 personas).
Muñoz agregó que la población desplazada de Laguna Larga alertó sobre la incursión de autobuses que transportaban a soldados y oficiales del ejército guatemalteco; y que “el gobierno de Guatemala ha mentido sistemáticamente con relación al caso”.
Para Muñoz, el problema de fondo es “que de nuevo el ejército entra al campamento, armado. Ya les explicamos que el ejército de Guatemala que no puede entrar armado al territorio nacional (México)”. La población, agregó, “lo ve como un proceso de intimidación. Han vuelto a oír vuelos rasantes, entendiendo que debe haber pistas clandestinas y siguen viendo pasar camiones de madera talada”. Para la defensora, estas condiciones se suman a la criminalización de la zona.
La situación de la población desplazada forzosamente por la violencia del Estado de Guatemala es insostenible, argumentó Muñoz, “para la prensa (guatemalteca) esto ya no es noticia, ya está normalizado tener a 500 personas viviendo en el lodo, bajo unas lonas que regaló la Cruz Roja hace cuatro años que ya están llenas de huecos, sin agua potable, esperando”.
La oenegé mexicana, como acompañante de las víctimas de Laguna Larga, recordó que la comunidad ha propuesto cuatro puntos para su regreso: el retornó a la ubicación de la que fueron desalojados como condición para iniciar el diálogo, reparación del daño inmediato, investigación y sanción, y, finalmente la no repetición.
Durante los casi cuatro años que lleva la población de Laguna Larga, en condiciones calificadas por organizaciones de derechos humanos de Guatemala y México, como inhumanas, han fallecido 15 personas, sin escuela solo han contado con la asistencia humanitaria de organizaciones del gobierno y sociedad civil mexicana y organismos internacionales y autoridades.
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La desatención del Estado de Guatemala se ha dado pese a que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 8 de septiembre de 2017, dicen explícitamente “la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas”.
La comunidad de Laguna Larga se asentó en San Andrés, Petén, en la segunda mitad de la década de l980. Posteriormente el área fue declarada protegida. En 2017 a petición del Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) se ordenó su desalojo; las familias decidieron salir de la comunidad para para evitar cualquier situación violenta. En la madrugada del 2 de junio de 2017 se desplazaron a donde actualmente se encuentran.
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El campamento de Laguna Larga está ubicado en el estado de Campeche, México. Durante los más de tres años han tenido que vivir en condiciones consideradas por organizaciones guatemaltecas e internacionales como inhumanas, han enfrentado la pandemia y el Estado de Guatemala no ha respondido a las medidas cautelares ordenadas por la CIDH.
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Desde su desplazamiento han intentado por la vía legal regresar al lugar de donde fueron expulsados.
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