Por Regina Pérez
La fiscal general, Consuelo Porras, atacó al exfiscal Juan Francisco Sandoval en una conferencia pregrabada y anunció que el Ministerio Público realiza investigaciones en su contra por “delación de información confidencial” y una serie de delitos, porque después de su destitución, varios ciudadanos le plantearon posibles ilegalidades cometidas por él cuando fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Al inicio de la conferencia, Porras enfatizó que el ordenamiento jurídico guatemalteco establece que se puede incurrir en algún “ilícito penal por quienes quieran deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos que hayan sigo legítimamente nombrados, así como ejercer actos de odio o venganza en la persona”.
Porras exhortó a la población a no dejarse sorprender por quienes “mediante actos de odio buscan deponer a un funcionario legítimamente nombrado y con ello obstruir la justicia”.
Mientras decía esto, miles de ciudadanos le exigían su renuncia en la red social de Facebook, donde transmitió su conferencia.
La fiscal dijo que el MP no va a reaccionar a “presiones vertidas mediáticamente”, en referencia a las declaraciones que el exfiscal Sandoval ha dado a varios medios de comunicación.
La jefa del MP se refirió a la información que Sandoval brindó sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra al presidente Giammattei. “Debido a que el exfiscal nunca informó nada en relación al tema, el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, -Rafael Curruchiche- procedió a solicitar por escrito a las agencias fiscales que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación al respecto, a lo cual cada agente fiscal respondió por escrito que no existe ninguna”, dijo.
En respuesta a esa conferencia, Sandoval emitió un comunicado argumentando que la fiscal general está al frente de una estrategia para criminalizar y perseguir a las personas que han contribuido al fortalecimiento de la justicia y el combate a la corrupción y la impunidad.
Reiteró que Porras intervino el trabajo de la FECI cuando esta recibió indicios del posible involucramiento del presidente Alejandro Giammattei, en estructuras de corrupción, entre ellas un testimonio que señalaba al mandatario de recibir fondos de empresarios con interés en controlar las operaciones portuarias en el puerto en Santo Tomas de Castilla.
Asimismo, el exfiscal indicó que Porras sugiere, sin fundamento ni respaldo, que sus acciones en la FECI violaron los derechos humanos “dando credibilidad a ataques infundados de detractores y cuentas anónimas en redes sociales”.
Los delitos por los que Porras señaló a Sandoval están: delación de información confidencial, manipulación de la investigación, coacción y amenaza, obstaculización del ejercicio del derecho a la defensa, exhibición en medios de comunicación de personas detenidas sin haber sido presentadas ante un juez, asumir funciones de juez, entre otras más.
El exfiscal @JSandoval1982 señala que la Fiscal General, Consuelo Porras, está al frente de una estrategia para criminalizar y perseguir a todas las personas que han contribuido al combate a la corrupción a la impunidad, lo que se confirma tras la conferencia de Porras. pic.twitter.com/Ism3npUded
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 2, 2021
Criminalización de Sandoval
Alejandro Rodríguez, asesor del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG), señaló, tras las declaraciones de Porras, que existe desde hace tiempo la intención de criminalizar a Sandoval, las más de 40 denuncias que la Fundación contra el Terrorismo interpuso contra él y otros fiscales de la FECI, son una muestra de ello.
Cuando hablamos de criminalización estamos hablando de un ejercicio indebido de la persecución penal, con la intención de impedir el trabajo de los funcionarios y operadores de justicia, indicó Rodríguez.
El asesor del ICCPG reiteró que la destitución de Sandoval fue “ilegal, arbitraria e ilegítima”, primero, porque no hubo causal para despedirlo; y segundo, porque va en contra del procedimiento establecido en la Ley Orgánica del MP y porque no se observó el debido proceso, donde él pudiera ejercer su derecho de defensa.
Vemos con estas manifestaciones que la intención de Porras es intervenir investigaciones, no es la primera vez que se dan estas situaciones, dijo, mencionando el cambio de fiscales que ordenó la jefa del MP, como el caso de Stuardo Campos, de la Fiscalía contra la Corrupción a otra Fiscalía.
Por su parte Sandoval señaló en el comunicado que si el compromiso de Porras con los derechos humanos es verídico, “debería respetar mi derecho al debido proceso y la libertad de expresión”.
El abogado David Gaitán opinó que es evidente la intención de Porras, desde que destituyó de manera ilegal a Sandoval, que sus intenciones eran iniciar procesos penales en su contra. “Es penoso ver como puede decir todas estas acciones cuando lo que debió hacer es adelantar un proceso que está establecido en la Ley Orgánica del MP, para que una Junta de Disciplina se encargara de investigar todo eso que ella está diciendo, esto daría sustento a lo que dice y haber iniciado el proceso correspondiente”, indicó Gaitán.
“Porras debe renunciar”
Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), consideró que la jefa del MP está muy desprestigiada. Nadie que no está del lado del “Pacto de Corruptos” cree en ella, EE.UU., ya le ha manifestado su desconfianza, porque vemos que su labor en el MP ha sido proteger a los corruptos, manifestó.
Muralles agrega que Porras se contradijo cuando señaló que en la FECI no había una investigación en contra del presidente Giammattei, pero al mismo tiempo dijo que Sandoval, valiéndose del cargo “se encuentra revelando presunta información que él mismo indica que sustrajo del MP, con el único fin de convencer a diversos actores, a quienes la ley no les faculta para generar acciones de investigación en el territorio guatemalteco”.
Para la integrante de FADS y del Movimiento Pro Justicia, el MP ya no es lo que fue. Nosotros insistimos en que ella debe renunciar, porque debe limpiarse el MP y que llegue una persona que no siga esa línea de protección a los verdaderos delincuentes y mafiosos, mencionó.
Si uno pone lo que ella dice y lo que afirma el exfiscal Sandoval, le creemos a él, porque demostró su trabajo con valentía y dignidad, enfatizó.
Se consultó a Gaitán si pedir la renuncia de un funcionario electo podría ser constitutivo de un “ilícito penal” como dijo Porras, a lo que respondió: “la Constitución Política es clara cuando establece que existe libertad de opinión y de expresión y, los funcionarios públicos están sujetos a la fiscalización y crítica del pueblo, intentar algo contrario sería propio de Estados autoritarios que pretenden acallar la crítica a través del proceso penal”, indicó.
Pendiente una resolución de la Corte IDH sobre destitución de Sandoval
Consuelo Porras anunció la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI el 23 de julio. Desde entonces, miles de ciudadanos han exigido su renuncia y la del presidente Giammattei.
Varios medios de comunicación han publicado investigaciones que muestran indicios de que empresarios rusos visitaron a Giammattei y que le dejaron una alfombra de dinero frente a su residencia, esto por su interés en intervenir en el puerto Santo Tomás de Castilla.
Actualmente, Sandoval está en espera de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para ser restituido en el cargo del que fue destituido.
La semana pasada, Sandoval y representantes de las víctimas de ejecución extrajudicial y torturas, Tirso Román Valenzuela y Hubo Humberto Fuentes Ruiz, solicitaron a la Corte IDH las medidas provisionales, porque según Rodríguez, en este caso la Corte ordenó garantizar la estabilidad de los fiscales en el ejercicio de su cargo para evitar interferencias o situaciones que podrían comprometer la objetividad de las investigaciones.
El asesor del ICCPG, quien es representante de las víctimas, dijo que en su momento se advirtió de ataques sistemáticos para tratar de remover a los fiscales, los que continúan y, que por eso, la Corte ordenó una supervisión reforzada del caso, para identificar cómo se estaba protegiendo a Sandoval y otros fiscales de la FECI que tienen a su cargo esta investigación.
La destitución de Sandoval es una desobediencia al mandato de la Corte, sobre todo en la forma en que se dio, ilegal, subrayó Rodríguez.
En la Corte IDH solicitan restitución de Sandoval en la FECI
