Créditos: AEU
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Por Lourdes Álvarez

Ayer, el Congreso aprobó una enmienda a la iniciativa 5977 Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19, en la que se estableció que el pago para los estudiante de medicina que realizan el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), será de Q3 mil quetzales, el equivalente a un salario mínimo y no de Q1 mil 200, como estaba establecido en el decreto 175-2015.

Estudiantes de la facultad de medicina exigieron este lunes frente al Congreso, el pago de una beca proporcionada por el ministerio de Salud.

Sebastián Duarte Ávalos, estudiante del quinto año de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), informó que realizaron la protesta porque pese al acelerado incremento de casos de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud les informaron que no les realizarán el pago correspondiente, que consta en el decreto 175-2015, lo que repercutirá en menos graduaciones y menos personal para atender la emergencia.

En una publicación desde su cuenta de Twitter el diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, expresó: “¡Se aprobó la beca para estudiantes de primera línea, que están salvando vidas y echándose el país al hombro!”.

Pamela Samayoa, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la USAC, dijo ayer que el ministerio de Salud estaba utilizando de excusa para no otorgar la beca un vacío de unos meses que se generó a partir de la pandemia, porque anteriormente se hacían 12 meses de práctica de EPS pero ahora solo 9 por la pandemia.

Además, se tuvo que arreglar las promociones para que no ocurriera un desfase por el confinamiento y otros retrasos en los procesos administrativos.

En esas condiciones, las autoridades del ministerio de Salud informaron que al no cumplir con los 12 meses que se establecen en el decreto, no les darían la beca.

Agregó que se les exige a los estudiantes que estén en los hospitales, pero el ministerio se niega a otorgar las becas, incluso a algunos que pensaban llegar a la protesta de este lunes, no los dejaron salir de los hospitales por la situación, pese a contar con el permiso de sus facultades.

“Nosotros estamos en primera línea, necesitamos transporte, comer, gastos mínimos. Tenemos apoyo por parte de la facultad, pero nos encontramos con tope en el ministerio”, agregó Duarte.

Cuestionan gastos de bicentenario

Samayoa cuestionó la falta de pago a los epesistas que están en primera línea, pero sí se mantienen los gastos por el bicentenario, algo que aseguró “no tiene nada para celebrar”.

El 30 de agosto, el ministerio de Cultura y Deportes informó que fueron canceladas todas las actividades previstas para la conmemoración del bicentenario por recomendación del ministerio de Salud ante el elevado número de casos de COVID-19.

En ese momento, Eddy Coronado, de comunicación social del ministerio de Cultura, dijo que las actividades se realizarían de manera virtual, pero que la inversión que estaba prevista para proyectos especiales como los “Parques Bicentenario”, sí se realizarían, porque ya estaban programadas, solo se decidió nombrarlos así por motivo de la celebración, pero que son espacios para promover áreas recreativas y de prevención de la violencia.

Este lunes también se expresaron en contra de los gastos por el bicentenario diversas organizaciones sociales, de pueblos indígenas y el diputado independiente Aldo Dávila, según una nota publicada por Prensa Comunitaria.

A pesar de que las celebraciones por el bicentenario se suspendieron, una gran cantidad de gastos ya se habían ejecutado, como la construcción de más de 20 parques, que son recursos que en este momento se debieron destinar a la compra de más recursos de salud y dignificar la labor de médicos, enfermeras, personal de limpieza y de cocina, en los hospitales, expresó Dávila.

Lea la nota completa aquí:

Autoridades indígenas convocan a jornadas de rechazo al bicentenario

Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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