“Un embarazo en una niña, además de la violencia, interrumpe su proyecto de vida, le impide tomar decisiones y cambia por completo lo que tenían planificado para su futuro”. Ana Sáenz de Tejada.
Por Lourdes Álvarez
Mirna Montenegro del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) dijo que de enero a julio de 2021, se han reportado cinco casos de suicidio en niñas embarazadas, en las que se sabe, han tomado una pastilla plaguicida que sirve para evitar la plaga de gorgojo en el maíz, de nombre comercial phostoxín.
Según información del estudio Vidas Silenciadas. Una tragedia de la que no se habla, donde se aborda la problemática como un problema de salud pública y de derechos humanos, “el suicidio como causa de muerte materna ha sido estudiado recientemente. Y en la región Latinoamericana, la mortalidad materna en el grupo de mujeres entre 15 a 19 años se ubica como una de las causas más importantes de muerte”.
El estudio, además de identificar la deficiente atención que se ha brindado al tema, enumera los diversos tipos de riesgo que, al ser adolescente y estar embarazada, podrían potenciar el riesgo de suicidio, como “violencia de género, contextos de pobreza, falta de educación integral en sexualidad y atención en salud, la complejidad del riesgo
físico, psicológico y social aumenta considerablemente”.
El porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes se incrementó debido al confinamiento, porque las niñas conviven con sus agresores todo el día, además las familias enfrentan más presiones económicas y se genera mayor violencia. “Ellas no salen a la escuela, no tienen los medios para denuncias, como teléfono o internet, estamos viendo suicidios en adolescentes embarazadas”, agregó Montenegro.
El observatorio registra 3 mil 203 embarazos en niñas de 10 a 14 años ,de enero a julio de este año. Entre los grupos de 15 a 19 años, el reporte es de 62 mil 170 embarazos.
Montenegro indicó que en promedio, el embarazo adolescente sigue representando el 20% de todos los embarazos en Guatemala, según Montenegro, se calculan 380 mil embarazos anuales en total.
De enero a marzo se contabilizaban número alarmantes donde en total, unas 18 mil 821 niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, resultaron embarazadas. Al menos unos 46 mil 552 embarazos se incrementaron en solo cuatro meses, de marzo a julio durante este año.
Violencias que se repiten
Para Ana Sáenz de Tejada, activista nacional de género para ONU Mujeres, para reducir esta problemática el Estado debe implementar algún tipo de estrategia que, de hecho, ya existen en políticas públicas, como la política en contra de la violencia sexual que habla sobre fortalecer la respuesta institucional hacia la violencia sexual.
“Hablo de violencia sexual porque todos los embarazos en niñas menores de 14 años son resultado de violaciones, en muchos casos de personas que son cercanas o familiares, por eso es importante que se fortalezca la respuesta y especialmente la prevención; hacer que sea más sencillo denunciar, porque estas violencias no suceden sola una vez”, agregó Sáenz de Tejada.
Por otro lado, considera que es importante generar consciencia a nivel general sobre la problemática. Se tienen que denunciar y prevenir. Además, que es vital que el Estado siga implementando diversos programas de educación sexual, que se concentre donde hay más casos de embarazos en niñas y adolescentes, para que tengan acceso a educación integral en sexualidad y sobre sus derechos reproductivos.
“Una vez que las niñas y adolescentes conocen sus derechos sexuales y reproductivos, ellas mismas se organizan para informar a otras niñas y otras adolescentes y va corriendo la bola, para que otras también los conozcan”, agregó.
En ese mismo sentido opinó Montenegro y lamentó que la educación integral en sexualidad que es un pilar para la prevención del embarazo en adolescentes, no se encuentra dentro del pensum virtual que actualmente imparte el ministerio de Educación.
“El acceso a servicios de salud para adolescentes se encuentra cerrado, como la clínica del adolescente de Petén, hospital General San Juan de Dios, hospital de Quetzaltenango. Las instituciones responsables de justicia, si antes no iniciaban el proceso, ahora menos con el coronavirus. Las denuncias se colocan pero la investigación no avanza, cuando avanza no se captura al violador, siempre se entera y se fuga. También inciden en la desprotección. Ahora son más vulnerables sin protección social, sin acceso a tener un parto en el hospital, a recibir atención psicológica”, expresó Montenegro.
Perfil de agresores
El perfil de los agresores es variado, pero en un 96% son hombres, siempre mayores que las niñas. Según Montenegro, en diversas publicaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, se identificó que el 90% de los violadores son familiares, vecinos o cercanos a las niñas y un 30% es el padre de la niña.
En los casos que OSAR acompaña han encontrado padrastros, hermanos, abuelos, tíos y vecinos. “No existe un patrón determinado, por eso la importancia de estar en alerta y con canales de comunicación y confianza abiertos con las niñas y adolescentes. El silencio, miedo, tabú o temor, como parte de una falsa prevención, ya no es opción en las familias o a nivel de política pública. ¿Como dejamos en las manos del violador la educación integral en sexualidad?”, expresó la entrevistada.
En 2018 la Procuraduría General de la Nación indicó sobre 244 casos, que se evidenciaron agresiones 50% familiares, 26% conocidos y 17% personas extrañas. “Un área importante para la prevención es el perfil del agresor, pero no es información que pueda proporcionar el Ministerio Público”, indicó Montenegro.
Seguimiento para evitar estadísticas
Para el OSAR, la violencia sexual debe ser reconocida como una emergencia médica, debe buscarse la clínica de atención especializada que se encuentra en cada hospital, para prevenir enfermedades y el embarazo. “Pero la mayoría de las niñas víctimas de violencia sexual, llega al servicio de salud cuando el embarazo esta avanzado, algunas llegan en trabajo de parto”, expresó Montenegro.
Agregó que en políticas públicas, existe todo un marco legal para el tema de violencia sexual, por ejemplo el Decreto 9-2009, el plan de prevención de embarazos en adolescentes (PLANEA 2018-2022); la ruta de atención integral en niñas embarazadas menores de 14 años, que incluye atención médica, atención educativa, para que regrese a la escuela, atención social con el bono vida a las niñas y el seguimiento del proceso legal, con investigación, juicio y castigo, pero en la vida diaria de las niñas y sus bebés nada de esto se cumple.
“La información debe servir para tomar decisiones, de atender y de prevenir, el COVID-19 vuelve más vulnerables a las niñas. En 8 años de trabajo en el tema, con estadísticas, casos, situaciones inhumanas que atraviesan las niñas, como colocarlas bajo la tutela de sus agresores, los suicidios o las muertes de los bebés, no encontramos respuesta a sus necesidades o programas que les permitan mejorar su vida”, concluyó Montenegro.
Para Sáenz de Tejada, ante esta realidad, la respuesta de la sociedad debería ser inmediata. Un embarazo en una niña, además de la violencia, interrumpe su proyecto de vida, le impide tomar decisiones y cambia por completo lo que tenían planificado para su futuro. “Es difícil para ellas poder superarse, acceder a educación, al trabajo, mantener una calidad de vida estable, porque tendrán que dedicarse a ser madres y eso no es algo que tengan que hacer las niñas y adolescentes”.
Según datos del OSAR, entre enero y marzo de 2021, 18 mil 821 niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, resultaron embarazadas. De ese número, 487 embarazos fueron consecuencia de violencia sexual, en niñas menores de 14 años.
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