Por Prensa Comunitaria
Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), al menos 18 mil 821 niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años, resultaron embarazadas entre enero y marzo de 2021. De ese número, 487 embarazos fueron consecuencia de violencia sexual, en niñas menores de 14 años.
Convertirse en madre en Guatemala, bajo estas condiciones, significa riesgos en la salud física y emocional, pero también implica para las niñas y adolescentes la negación de una etapa de la vida, el abandono de su educación y, en un gran porcentaje, la condena de vivir bajo condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad a las distintas formas de violencia de la sociedad patriarcal en la que se vive.
Según las estadísticas presentadas por el OSAR, tres son los departamentos que concentran las cifras más altas: Alta Verapaz, 2 mil 466; Huehuetenango, 2 mil 257; y Guatemala, 2 mil 010.
Le sigue en el área occidental del país, Quiché, 1 mil 794; San Marcos, 1 mil 503; y al norte, Petén, con 943 casos de niñas y adolescentes embarazadas.
Según información proporcionada por el OSAR, el embarazo en menores de 15 años se puede explicar por varios factores culturales arraigados en la forma de entender el mundo extendida en la sociedad. Bajo esta lógica, las mujeres están destinadas a la maternidad y a la reproducción de la especie, la práctica del matrimonio arreglado entre mujeres adolescentes de 13 a 14 años y, el embarazo producto de una violación sexual.
Asimismo, el OSAR plantea que una niña o adolescente menor de 18 años enfrenta cinco veces más la probabilidad de morir en el parto que las mujeres adultas; en el caso del bebé, el riesgo de que muera durante el primer año de vida aumenta en un 60 por ciento y, si sobrevive, se incrementan las posibilidades de sufrir desnutrición y desarrollo físico y cognitivo tardío, según un informe de OSAR.
En 2019, el OSAR registro 4 mil 814 en mujeres entre 10 y 14 años; y 100 mil 023 entre 10 y 19 años.
Para profundizar sobre el tema, conversamos con la doctora Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), acá sus respuestas:
PC: ¿Qué razones explican que en Guatemala la violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes reporten cifras tan altas?
MM: El embarazo en menores de 15 años ha sido un tema cotidiano en Guatemala. A partir del 2012, cuando se unen la ley VET, decreto 9-2009, y las estadísticas. En 2012 habían 3 mil 100 niñas embarazadas entre 10 y 14 años. Desde esa fecha empieza el país a avanzar en la ruta de contar con protocolos y hablar más del tema. Los servicios de salud reciben a una niña menor de 14 años y la aplicación de los protocolos es inmediata. Dan atención y al mismo tiempo ponen la denuncia en el Ministerio Público y avisan a la PGN.
El tema de los embarazos tiene muchas fuentes de información. Y eso hace difícil decir cuál es la fuente más confiable.
Por un lado, se tienen embarazos en niñas y adolescentes, cuya fuente de información es el SIGSA, del Ministerio de Salud. El ministerio no tiene una ficha por niña, no le pone un nombre. Su registro se basa en producción de servicios. Si una niña de 13 años asiste a tres entidades del Ministerio de Salud, en el SIGSA aparece como tres niñas embarazadas, aunque sea la misma persona.
El otro dato se encuentra en el Registro Nacional de las Personas (RENAP), cuando la niña llega a registrar a su bebé. Hasta el 2019, su registro era de los más confiables. Porque cada bebé correspondía a una niña. Pero con la pandemia de 2020, ha presentado entre un 30 y 35 por ciento de subregistro, porque las sedes están cerradas, porque cerraron las oficinas de hospitales, porque las niñas ya no llegan a los hospitales a tener los bebés, o porque no hay dinero para movilzarse de la comunidad a la oficina del RENAP de la cabecera municipal.
Por ejemplo, si se comparan las estadísticas del Renap de 2019 con las de 2020, parece que los nacimientos hubieran disminuido, pero lo que ocurrió fue un retraso por las condiciones de la pandemia en el registro de los bebés. Los indicadores se mantienen. Se ha incrementado la violencia sexual por el confinamiento.
En la actualidad, lo que podemos observar en las niñas y adolescentes además de violencia sexual y embarazos, son casos de suicidio. Entre enero y febrero hay cuatro intoxicaciones por plaguicida, dos niñas de 14 años y una adolescente de 18m y una de 20, embarazadas. Creemos que la relación entre violencia sexual, embarazo y suicidio empezará a crecer en las estadísticas
PC: ¿En qué contexto se produce esta problemática y cuáles son sus causas principales?
MM: Hablemos de causas. No hay mucha diferencia entre un embarazo de una niña de 14 y una de 15. Fisiológicamente es muy parecido. La diferencia está acentuada por los marcos legales que rigen en Guatemala. La Ley Vet modifica el Código Penal. Entonces una relación sexual con una menor de 14 años es delito de violencia sexual, y cuando se da un embarazo es un delito con agravación de la pena. Eso debería ser igual a una sentencia entre 12 y 20 años de cárcel.
Es difícil tener datos de menores de 14 años, porque ni siquiera se puede levantar encuestas con ellas, se tendría que tener la autorización de la persona tutora. Las encuestas de salud miden de 15 años en adelante. Es todo lo que se registra en encuestas demográficas.
Sobre las causas. La primera es la violencia sexual, relacionada con el pensamiento patriarcal. Por ejemplo, es mi hija, es su cuerpo, y yo puedo hacer con su cuerpo lo que yo quiera. El sistema patriarcal que hace pensar que la niña es propiedad de, es una de las principales causas de la violencia sexual: el machismo.
En segundo lugar, la pobreza. Poco acceso a la escuela. Anteriormente se creía que si una niña llegaba a cursar el sexto grado de primaria, era una barrera protectora que podía evitar los embarazos tempranos. Ahora se sabe que tiene que sacar tercero básico para tener esa protección mínima que reduzca la posibilidad de tener un embarazo en la adolescencia.
Las prácticas culturales. En algunos municipios a los 12 o 13 años las hijas son prometidas a otras familias, basadas en creencias que dicen “si no se la doy me puede caer una maldición”. Esta el caso de una niña en Petén que la familia quería casarla a los 13 años. Ella puso una denuncia con el apoyo de Fundaeco y la ganó. Se fue a vivir con los abuelos y ahora estudia el segundo año de ingeniería forestal. Pero son casos raros.
Hay matrimonios de niñas de 12 a 14 años, casadas con parejas de 22 a 24 años. Antes había matrimonios entre adolescentes de 15 años con hombres de 50 años. La lógica era “la va a hacer a su modo, le va hacer su casa, le va a comprar su piedra de moler. Tiene que ver con un sistema patriarcal, pero también con la pobreza. Porque las niñas no tienen acceso a la escuela, a otros modelos de familia.
El otro tema es el sistema de justicia. Hay muchos casos en los que la familia pone la denuncia y los agresores se pasan riendo frente a la casa de la familia. Pasan los años y al agresor no le sucede nada. En Alta Verapaz, por ejemplo, hay un caso donde el dueño de un molino abuso a tres niñas y quedaron embarazadas. Hay denuncias pero no detenciones. Entonces, el sistema de justicia no ayuda a proteger a las niñas.
También el tema de la educación sexual, incluido en la legislación, que dice que hay que impartir educación sexual acorde a la edad del niño o la niña, además hay material para prevenir la violencia sexual. Sin embargo, aunque la legislación dice que le corresponde al Ministerio de Educación, no la da. Eso incrementa la vulnerabilidad ante el tema de la violencia sexual.
PC: ¿Cuál es el efecto psicosocial de un embarazo en una niña o adolescente y en su vida futura?
MM: En nuestra experiencia hemos visto que a las niñas logran recuperar algo de su niñez y algo de su vida normal cuando tienen una familia que les apoya, cuando tienen apoyo psicológico y nutricional. Hemos visto que hay relación entre embarazos, violencia sexual y desnutrición, niños de bajo peso al nacer y mortalidad infantil. Por eso pensamos que la ruta tiene que tener apoyo integral.
Los programas de protección social del MIDES y un ministerio de Educación en el que las niñas puedan volver a la escuela, para encontrar alternativas para que las niñas puedan retomar su vida y sus derechos. Porque encima se idealiza tanto la maternidad que no importa que la niña tenga diez años. Pero ser madre a esa edad implica que su relación con el bebé le recuerde la presencia del agresor. La falta de apetito, rechazo al bebé y la depresión es algo que se puede dar, alienación parenteral, así se llama ese signo psicológico. Ese es un hecho que muchas veces lástima a las niñas y no las deja superar el trauma o el duelo. Puede llegar al suicidio.
PC: ¿Existe compromiso del Estado en el tema?
MM: En papeles todos los compromisos. Pero no se traduce en la práctica. Son pocos los casos donde se puede ver la integración de las instituciones y el apoyo que les puedan dar a las niñas. El programa “Vida” del Mides, si mucho llega a 42 niñas que están dentro de ese programa. Pero el proceso que se lleva para aplicar al programa tiene muchos requisitos y es muy largo. El ministerio de Salud esta tan ocupado con el tema de la vacunación y atendiendo el COVID, que ya no hay controles prenatales para las niñas y adolescentes.
PC: ¿Qué medidas urgentes se pueden adoptar para frenar y combatir la violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes?
MM: Para el OSAR, primero hay que disponer de información para tomar decisiones. Tratar de cumplir con los protocolos. El caso de una niña víctima de violencia sexual debería ser una emergencia médica. Debería de tener una buena atención en un servicio de salud y protección social del Ministerio de Desarrollo; y que el sistema de justicia llevé a la cárcel al culpable.
Se necesita trabajar el tema de prevención a nivel comunitario y en las familias, así se podrá detener un poco la violencia sexual.
