Por Regina Pérez
En Guatemala se encuentra en Tribunales uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de América Latina, el caso Diario Militar. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, familiares y querellantes de este proceso nos cuentan qué significa para ellos conmemorar este día, con la ausencia de sus familiares desaparecidos que aparecen en el documento.
El pasado 27 de mayo de 2021, once militares y policías retirados fueron detenidos 37 años después de los hechos que se recogen en el documento, también conocido como Dossier de la Muerte, que salió a la luz en 1999.
Manuel Farfán, director de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA) y Paulo Estrada son querellantes en el proceso que se desarrolla en el Juzgado B de Mayor Riesgo. Para Farfán, no puede haber reconciliación si no saben donde están los desaparecidos, en tanto Estrada señaló que este caso es importante porque se identificó a las personas que estuvieron detrás de las desapariciones.
El tío de Farfán, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984. El padre de Paulo Estrada, Otto René Estrada Illescas y su tío Julio Alberto Estrada Illescas fueron detenidos desaparecidos el 15 de mayo de 1984 y el 14 de junio de 1986 respectivamente. Ellos figuran entre las 183 víctimas que aparecen en el Diario Militar, muy pocas lograron sobrevivir y de la mayoría se desconoce su paradero hasta la fecha.
“Sabemos muy bien que no vamos a encontrarlos vivos”
El director de Famdegua señala que el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada es un día importante porque conmemoran la vida de sus familiares, quienes eran personas honestas, trabajadoras y con un deseo de cambiar a Guatemala, para que sea un país que ofrezca mejores oportunidades. “Este día conmemoramos el hecho de que ellos fueron capturados porque querían tener una Guatemala diferente y estaban trabajando y luchando por esa Guatemala”, señaló.
Según Farfán, cada una de las fotografías que tienen en Famdegua ha sido una vida que ha sido truncada y las familias siempre han mantenido ese deseo de búsqueda de la verdad, de hacer justicia “no venganza”.
Para Paulo Estrada, este es un día que les hace recordar a las personas que ya no están, porque les fueron arrebatadas, por lo tanto sienten su ausencia. Este día trata de dar una dignificación, sin embargo esta ausencia es perenne, hasta que no aparezcan, indicó.
La ausencia de los desaparecidos no solo afecta a sus familias, sino también a la sociedad, dijo Estrada. Esto, porque son personas que podrían haber cambiado al país y por lo tanto se arrebató la posibilidad de poder ser un país mejor para todos.
Muchos de los familiares de las y los desaparecidos los han buscado por décadas y el no poder encontrar sus restos y enterrarlos afecta a las familias. Existe un cansancio muy grande, por las mamás, por los papás, por los abuelos y abuelas que han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que no han tenido una respuesta positiva para encontrarlos, dijo Farfán.
Sabemos muy bien que no vamos a encontrarlos vivos, posiblemente en cementerios clandestinos como XX y eso es lo más doloroso para nuestras familias, pero mantenemos esa esperanza de poderlos encontrar, expresó.
“Se le dio rostro a los represores”
A decir de Estrada, en el caso Diario Militar que se ventila en Tribunales, sí es posible alcanzar justicia y ya se dio un primer paso que permitió señalar, decir quiénes fueron y darle cara a los represores, a los que andaban en la panel blanca, un vehículo que era utilizado por las fuerzas de seguridad para detener y desaparecer a personas que eran consideradas opositores políticos.
Pueden pasar años para lograr una sentencia y mucho esfuerzo por parte de las víctimas, que buscan justicia desde hace 37 años, dijo el entrevistado y añadió que esto no va a ser fácil porque los sindicados ostentan una cuota de poder que les ha permitido 37 años de impunidad. “Creo que ya pudimos dar un primer paso y demostrar que no son intocables”, dijo.
En cuanto a la justicia transicional, manifestó su esperanza de que logre el objetivo de transformar el sistema guatemalteco de justicia. Yo esperaría que más allá de la justicia jurídica también se creen los mecanismos para que esto nunca vuelva a suceder, expresó.
Estrada resaltó que tuvieron que pasar 37 años para capturar a los responsables de las desapariciones del Diario Militar. Esperaría que la justicia fuera más pronta, pero sobre todo que fuera dirigido a garantizar que no se repita, insistió.
La búsqueda de las y los desaparecidos ha sido una lucha de las familias por décadas. Muchos familiares que iniciaron este trabajo sufren de enfermedades, son de edad avanzada o han fallecido con la esperanza de tener información. Según Farfán, no se puede hablar de reconciliación si no saben donde están los desaparecidos.
Estas personas en su último momento siempre se preguntan por qué no han llegado (sus familiares desaparecidos). Creo que es lo mas doloroso que podemos sufrir como hijos, el tener a nuestras madres y padres en ese momento de trascender y que no trascienden con esa paz y esa tranquilidad, por eso no podemos hablar de reconciliación y de paz porque no tenemos eso, dijo el director de Famdegua.
Por otro lado, los autores de estos hechos ya están falleciendo también por su avanzada edad, en tanto el Estado de Guatemala se ensaña en obstaculizar todos estos procesos de búsqueda de justicia.
Estrada señaló que la desaparición forzada afecta a la sociedad en su conjunto. Tanto padres como hermanos, hijas e hijos, esposos, esposas, sufrieron la desaparición y siguen sufriendo por los daños colaterales, mencionó.
Estrada indicó que incluso este tipo de delitos afectan a una tercera y hasta cuarta generación. Hay nietos que reivindican el pasado de sus abuelos y buscan respuestas de quiénes eran ellos, son crímenes de lesa humanidad que afectan a toda la sociedad, dijo.
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Se retoman audiencias; se teme que se entorpezca el proceso
Esta semana, según información de los querellantes, se retomarán las audiencias de primera declaración de dos personas que están recluidas en el Centro Médico Militar que aducen sufrir problemas de salud. El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B fue recusado por la defensa de los sindicados, lo cual él no aceptó.
Farfán señala que como familiares y querellantes han agotado todas las acciones para garantizarles a estas personas las condiciones para que puedan escuchar la acusación en su contra, esto porque los detenidos y abogados están buscando medidas dilatorias para buscar la forma de detener el proceso.
Nosotros ahorita estamos trabajando tanto con los familiares, testigos y peritos, para avanzar en el proceso de la fase intermedia que iniciaría a mediados de este mes de septiembre, indicó.
Con las recientes actuaciones de la Fiscal General, Consuelo Porras, como jefe del Ministerio Público (MP), Estrada manifestó que es un riesgo inminente que se entorpezca este proceso. Si la Fiscal General bloqueó el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y sigue entorpeciendo a las demás fiscalías, creo que es muy probable y estamos ante un riesgo inminente que va a entorpecer las investigaciones de este tipo, dijo.
Por otro lado, como el caso ya está judicializado, esto lo hace un poco más complejo para que Porras lo entorpezca, “pero si lo ha obstaculizado”, dijo Estrada.
Ellos creen que la judicialización de este caso hizo tomar a Porras una postura muy radical hacia las fiscalías que no podía controlar o que tenían independencia.
Además, indicó que ella llegó a ese puesto “con el apoyo de partidos políticos que han fundado la misma Asociación de Veteranos Militares que hoy en día están siendo juzgados en el caso Diario Militar”, por lo tanto es muy notorio que ella va a interferir y hacer lo posible para que estos casos no avancen, indicó Estrada.
En este caso están acusados 12 militares y policías retirados, señalados de delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Los militares capturados y ligados a proceso hasta ahora son: el general retirado Marco Antonio González Taracena, identificado por el MP como el jefe del “Archivo”, que elaboró el Diario Militar; Juan Francisco Cifuentes Cano, exjefe de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional y Eliseo Barrios Soto, quien fue sargento mayor especialista del Estado Mayor Presidencial, como “programador” del Archivo.
También José Daniel Monterroso, sargento especialista del Estado Mayor de la Defensa; Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP); el coronel Esdras Jacobo Salán Sánchez, parte del Estado Mayor de la Defensa; Edgar Virginio de León Sigüenza, Sargento Mayor del Estado Mayor de la Defensa; Rone René Lara, sargento mayor especialista del Estado Mayor Presidencial: Edgar Corado Samayoa, también sargento mayor especialista del EMP.
En el caso de Mavilio Castañeda Bethancourt, exespecialista del Estado Mayor, el juez resolvió suspender la persecución penal en su contra debido a que padece de una enfermedad degenerativa.
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